Colaboración Tributaria Territorial

La autonomía de los municipios para regular el ICIO no alcanza a establecer gravámenes diferenciados atendiendo a los distintos tipos de suelo

Thu, 10 Aug 2023 07:46:14 GMT

La autonomía de los municipios para regular el ICIO no alcanza a establecer gravámenes diferenciados atendiendo a los distintos tipos de suelo

El principio de reserva de ley impide a los Ayuntamiento regular por Ordenanza fiscal distintos tipos de gravamen atendiendo a la clasificación del suelo. Por tanto, los Ayuntamientos podrán fijar el tipo de gravamen del ICIO, pero sin que este pueda exceder del cuatro por cien y sin que se puedan establecer distintos tipos de gravamen para diferentes tipos de construcciones, instalaciones u obras, ni para distintos tipos de suelo.

Consulta Vinculante V1691-23 de la SG de Tributos Locales, de 13 de junio de 2023.

La cuestión planteada es si las ordenanzas fiscales pueden aprobar diferentes tipos de gravamen para distintos tipos de suelo. Es decir, si se puede fijar un tipo para suelo urbano y otro distinto para suelo rústico.

La SGTL contesta que el Ayuntamiento no ostenta de la habilitación legal necesaria para regular por Ordenanza fiscal distintos tipos de gravamen atendiendo a la clasificación del suelo objeto de la construcción, en aplicación del principio de reserva de ley.

La autonomía de los municipios para regular el tipo de gravamen del ICIO ha sido reconocida en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, pudiendo citar entre otras la sentencia STC 233/1999, de 16 de diciembre de 1999 (BOE de 20 de enero de 2000), disponiendo en el fundamento jurídico 22 lo siguiente:

“(…) Pues bien, es evidente que el art. 60 L.H.L. garantiza la autonomía local respetando al mismo tiempo las exigencias que derivan de la reserva de ley estatal. La L.H.L., efectivamente, amén de establecer impuestos de carácter potestativo (el I.C.I.O y el I.I.V.T.N.U), esto es, tributos cuyo establecimiento y exigencia depende exclusivamente de la voluntad de los Entes locales, otorga a los Ayuntamientos un suficiente margen de decisión en la fijación de la cuantía de todos los tributos propios (preceptivos y potestativos) al autorizarles, dentro de los límites establecidos en la propia norma, bien a incrementar las cuotas (arts. 88, 89 y 96 de la L.H.L.) o los tipos de gravamen (arts. 73 y 103 L.H.L.) legalmente establecidos, bien a fijar la escala de gravamen (art. 109 L.H.L.). Y este ámbito de libre decisión es suficiente para respetar la autonomía local que, como dijimos en la citada STC 221/1992, «en su proyección en el terreno tributario, no exige que esa intervención, que debe reconocerse a las entidades locales, se extienda a todos y cada uno de los elementos integrantes del tributo» (fundamento jurídico 8º). (…).”.

La sentencia transcrita se encuentra en línea con el principio de reserva de ley recogido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la cual establece en la letra a) del artículo 8 que se regularán en todo caso por ley la delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario.

De acuerdo con lo anterior, la citada autonomía local no puede ir más allá de los márgenes fijados en la ley, de tal forma que los Ayuntamientos podrán fijar el tipo de gravamen del ICIO, pero sin que este pueda exceder del cuatro por cien y sin que se puedan establecer distintos tipos de gravamen para diferentes tipos de construcciones, instalaciones u obras, ni para distintos tipos de suelo.

Energías Renovables y Tributos Municipales

Thu, 22 Jun 2023 07:16:37 GMT

Energías renovables y Tributos Municipales

Es sabido por todos que en los últimos años se está produciendo un incremento exponencial en el desarrollo de grandes proyectos de instalaciones de energías renovables, y que además dicho incremento sigue al alza y seguirá así durante los próximos 7 años.

También es sabido por todos que la mayoría de dichos proyectos se suelen situar en suelos rústicos o no urbanizables y principalmente en municipios pequeños en cuanto a población, aunque no en cuanto a extensión de territorio rústico o no urbanizable. Normalmente los Ayuntamientos de estos municipios carecen de los suficientes medios técnicos y personales para hacer frente a las implicaciones tributarias que estos proyectos tienen o pueden tener para sus arcas, máxime cuando la mayoría de estos proyectos están impulsados por grandes empresas o grandes fondos de inversión que cuentan con importantes despachos de abogados y economistas.

Las figuras tributarias que se ven afectadas por estos proyectos en el ámbito municipal son varias, y son principalmente las siguientes:

-Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

-Tasa por expedición de Licencias urbanísticas o de obras

-Tasas por el uso privativo o anormal del dominio público local

-Tasas por licencia de primera ocupación o puesta en funcionamiento de actividad

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales (BICE)

-Impuesto sobre Actividades Económicas

-Canon urbanístico por aprovechamiento especial de suelo rústico o no urbanizable (no es un tributo propiamente dicho, pero si una prestación patrimonial de carácter público y que se recoge en determinadas Comunidades Autónomas)

Dicho lo anterior, para un Ayuntamiento que sabe que se está gestando un proyecto de estas características en su municipio, es prioritario tener perfectamente adecuadas las distintas Ordenanzas fiscales de los tributos afectados antes de que la empresa les solicite la correspondiente licencia de obras. Y con ello nos referimos a tener correctamente adecuado los distintos tipos impositivos, bonificaciones, sistemas de gestión de cada tributo, informes técnico-económicos de cada Tasa, etc.

Por otra parte, es importante contar con técnicos cualificados para las diversas vicisitudes, reuniones, intentos de acuerdos, intentos de convenios, etc..., que se producirán a lo largo de la tramitación del proyecto por parte de la empresa propietaria del mismo y que el Ayuntamiento tendrá que atender y tratar en cada caso.

Y por último, pero no menos importante, será prioritario contar con técnicos cualificados para que, una vez finalizada la instalación del proyecto y puesto en funcionamiento el mismo, se compruebe el coste real y efectivo que ha tenido el mismo así como la verdadera inversión total que a supuesto la instalación, con el fin de determinar las correspondientes liquidaciones definitivas del ICIO, Tasa por Licencia de Obras, y Canon urbanístico en su caso.

Para todo ello, puede contar con nuestros servicios, pues somos especialistas en esta materia, habiendo colaborado con todas estas funciones en diversos Ayuntamientos y siempre en relación con grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas, dando lugar a una importante seguridad jurídica a dichas Ayuntamientos, así como a importantes ingresos para sus arcas municipales.

Aplicación de la reducción de la cuota del IAE por paralización de industrias a los supuestos de suspensión de la actividad por la declaración del estado de alarma

Thu, 22 Jun 2023 06:56:56 GMT

Aplicación de la reducción de la cuota del I.A.E. por paralización de industrias en los supuestos de suspensión de la actividad por la declaración del estado de alarma

El Tribunal Supremo, siguiendo el criterio del TEAC, ha interpretado que resulta de aplicación el régimen de paralización de industrias recogido en la Regla 14ª.4º del RDL 1175/1990 y, por tanto, tendrán derecho a la reducción de la cuota del IAE, por el tiempo transcurrido por la paralización de la actividad, todas aquellas industrias, comercios o actividades que tuvieron que dejar de funcionar (paralización total) por exigencia del artículo 10 del RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, sin que el contribuyente deba comunicar o probar la paralización efectiva durante dicho periodo.

Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2023, (Recursos nº 2323/2022 y 1602/2022). Ponente: Francisco Jose Navarro Sanchis.

En el supuesto de hecho valorado en dicha Sentencia, la mercantil recurrente ejercía las actividades de hostelería y hospedaje para lo que se encontraba, en el ejercicio 2020, de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el epígrafe 942.2 (balnearios y baños) epígrafe 672.1 (servicios en cafeterías de tres terrazas), epígrafe 989.2 (servicios de organización de congresos, asambleas y similares), epígrafe 681 (servicio de hospedaje en hoteles y moteles), epígrafe 972.2 (salones e institutos de belleza y gabinetes de estética) y epígrafe 671.1 (servicios en restaurantes de cinco tenedores).

Las actividades relacionadas con la hostelería (excepto las entregas a domicilio) quedaron suspendidas en aplicación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de sus correspondientes prórrogas, por lo que la actividad permaneció suspendida desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. De esta forma se debe de reducir la cuota del IAE de dichas actividades por el periodo que las mismas permanecieron totalmente paralizadas, dando lugar a la posibilidad de solicitar la correspondiente devolución a la Administración.

Quedará por saber si, estas devoluciones que supondrán una merma en los ingresos municipales, serán compensadas o no de alguna forma por el Ministerio de Hacienda a los Ayuntamientos.

Ampliación de facultades en la Comprobación Limitada

183:921976451 (Santiago Cuenca Santamaría) — Thu, 22 Jun 2023 06:50:57 GMT

Ampliación de facultades en la Comprobación Limitada

La Ley 13/2023 modifica la Ley General Tributaria en varios apartados. En el caso que nos ocupa, dicha norma viene a ampliar las facultades existentes en el seno del procedimiento tributario de comprobación limitada. Como es sabido, en dicho procedimiento la Administración tiene más delimitadas sus facultades con respecto a otros procedimientos, como el de Inspección Tributaria. Entre dichas delimitaciones se encontraba la imposibilidad de solicitar y comprobar la contabilidad mercantil de una obligado tributario.

Pues bien, la ley 13/2023, de 24 de mayo, por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias, ha introducido una modificación en dicho apartado a los efectos de mejorar la efectividad de este procedimiento. De esta forma, se reconoce la facultad de la Administración tributaria de comprobar la contabilidad mercantil, a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que figure en la misma y la información que obre en poder de la Administración.

Esta reforma opera desde el 26 de mayo de 2023.

Compatibilidad de la Tasa del 1,5% con la Tasa "general"

183:921976451 (Santiago Cuenca Santamaría) — Tue, 16 May 2023 07:21:47 GMT

Compatibilidad de la Tasa del 1,5% con la Tasa "general"

Las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, a las que se cuantifica su tasa en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el municipio, han de ser excluidas de otras tasas derivadas de la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no así de otras modalidades de ocupación, como es el caso, de la ocupación del dominio público local.

Así lo ha dictaminado recientemente la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2023, recurso nº 4024/2021. Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde

La cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consistió en:"[...] Reafirmar, reforzar o preservar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la tasa

general y la tasa especial prevista en los artículos 24.1.a) y 24.1.c) TRLHL."

El TS refirma su jurisprudencia sobre la compatibilidad de la tasa -mal llamada- general y la tasa "especial", previstas en los artículos 24.1.a) y 24.1.c) TRLHL, en el sentido de que “el régimen de compatibilidad entre ellas es el que resulta del propio artículo 24.1.c), según el cual, las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, a las que se cuantifica su tasa en el mencionado 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el municipio, han de ser excluidas de otras tasas derivadas de la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no así de otras modalidades de ocupación, como es el caso, del dominio público local.”

En CTT contamos con los mejores profesionales para colaborar con su Ayuntamiento en la comprobación e inspección de la Tasa del 1,5% regulada en el artículo 24.1.c) del TRLHL y que deben de pagar todas las empresas distribuidoras y/o comercializadoras de servicios de interés general (eléctricas, gasísticas, telefonía fija e internet, empresa del agua, etc...) Puede consultarnos sin compromiso

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9445f09385e31870a0a8778d75e36f0d/20230502

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 249/2023 DE 4 DE ABRIL

183:921976451 (Santiago Cuenca Santamaría) — Wed, 03 May 2023 12:14:33 GMT

Modificaciones en materia de Inspección Tributaria introducidas por el Real Decreto 249/2023 de 4 de abril

Con fecha 25 de abril ha entrado en vigor el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, por el que se modifican el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre; el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

En materia de Inspección Tributaria, este Real Decreto ha introducido modificaciones en el apartado 4 del artículo 125 del RD 1065/2007 en relación a la liquidación de intereses de demora a favor de los obligados tributarios en el caso de las devoluciones tributarias acordadas en el procedimiento de inspección, aclarándose que en el cómputo del período de devengo no se tendrán en cuenta los supuestos de extensión del plazo que concurran en dichos procedimientos (artículo 150.4 y 5 de la LGT)

Por otra parte, esta norma modifica los apartados 2 y 3 del artículo 188 del Real Decreto 1065/2007, en lo que a la tramitación de las actas de disconformidad se refiere. Dicha modificación opera flexibilizando la formalización del informe ampliatorio en el caso de las actas por disconformidad, de forma que este podrá emitirse cuando sea necesario para completar la información de dichas actas, sin que por lo tanto sea obligatoria su emisión en todo caso.

Nulidad de la ordenanza municipal reguladora del IBI por aplicar un tipo diferenciado no ajustado al art.72.4 TRLRHL

Thu, 20 Apr 2023 08:04:39 GMT

Nulidad de la ordenanza municipal reguladora del IBI por aplicar un tipo diferenciado no ajustado al art.72.4 TRLRHL (STS 412/2023 de 31/01/2023)

Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que anuló la liquidación de IBI girada por el ayuntamiento y declaró nula la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en cuanto dispone como uso susceptible de aplicar el tipo diferenciado el uso "almacén-estacionamiento.

La cuestión estriba en determinar los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones a los que puede aplicarse el tipo de gravamen diferenciado del IBI.

Por tanto, se trata de aclarar si a los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso residencial, así como los edificios destinados exclusivamente a garajes y estacionamientos, que tengan asignado en el catastro el uso de almacén estacionamiento, les resulta aplicable el tipo de gravamen diferenciado del IBI.

El TS señala que los arts. 72.4 y la disposición transitoria 15 TRLRHL deben ser interpretados en el sentido de que los usos de los bienes inmuebles que habilitan la imposición de un tipo de gravamen agravado o cualificado, en las condiciones y con los límites de la primera de las normas citadas, son los que indica la disposición transitoria, por la remisión expresa que efectúa al cuadro de coeficientes del valor de las construcciones, sin que por tanto sea admisible respecto de usos combinados o de segundo y sucesivos grados distintos de los que figuran en la columna denominada usos en el referido cuadro.

De este modo, el Alto Tribunal mantiene la nulidad decretada por la sentencia recurrida del art. 8.3 de la ordenanza municipal reguladora del IBI por disponer como uso susceptible de aplicar el tipo diferenciado el uso "almacén-estacionamiento", no ajustado a los criterios y parámetros establecidos por el art. 72.4 TRLRHL.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2d517e348894949ca0a8778d75e36f0d/20230224

Afectación de un elemento tributario a la actividad gravada en el IAE

Thu, 13 Apr 2023 10:49:46 GMT

Afectación de un elemento tributario a la actividad gravada en el IAE

Una reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 22 de marzo de 2023, ha reiterado su propia doctrina de 25 de junio de 2019, y en la misma línea que la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos de 3 de junio de 2015, y que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de junio de 2013, en relación con la afectación de un elemento tributario a la actividad económica en el seno del Impuesto sobre Actividades Económicas.

En síntesis, la doctrina expuesta viene a decir que la afectación de un elemento tributario en el Impuesto sobre Actividades Económicas no depende del uso o no de dicho elemento, sino de la disponibilidad del mismo, computándose todo el número de elementos tributarios de que disponga el que realiza la actividad, al margen de las condiciones o circunstancias en que la misma se desarrolle.

Establece el TEAC que no puede quedar la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas (en este caso, número de mesas), indeterminada por voluntad del interesado, que es de quién depende la utilización o no de las mismas.

Además, establece la propia Resolución que la obligación o no de declarar las variaciones en el IAE en función de que dichas variaciones sean superiores o inferiores al 20% de los elementos, se refiere al 20% de los elementos afectos a la actividad, es decir disponibles, y no al 20% de los elementos que venía declarando el sujeto pasivo que en este caso eran los utilizados y por lo tanto inferiores a los disponibles.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03126/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

Compensación exención IBI rústico

Mon, 10 Apr 2023 11:46:43 GMT

Compensación por el Estado de la exención en el IBI rústico de explotaciones ganaderas y agrícolas

Como es sabido, el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, regula una exención en las cuotas del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) de naturaleza rústica correspondiente al ejercicio de 2022 a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones, siempre que los titulares de dichas explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior al de aplicación de esta exención, determinadas pérdidas de ingresos en las mismas.

Pues bien, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, «las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan»

En este sentido la Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de

naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, establece el procedimiento para que los Ayuntamientos puedan solicitar dicha compensación al Ministerio de Hacienda.

Para ello, hay que realizar una solicitud a través del Registro Electrónico del Ministerio, adjuntando hasta un total de 6 anexos, además de enviar uno de ellos en formato Hoja de Cálculo a través de una determinada dirección de correo electrónico.

Si su Ayuntamiento ha concedido esta exención durante el ejercicio 2022 a algún contribuyente de su municipio, nuestro equipo técnico puede ayudarle a solicitar la compensación de la misma al Ministerio de Hacienda. Para ello puede contactar con nosotros, por E-mail, Teléfono, o Whatsapp. Le informaremos sobre este asunto sin compromiso alguno.

Fin de la exención en el ICIO para la Iglesia Católica

Mon, 03 Apr 2023 07:05:11 GMT

Fin de la exención en el I.C.I.O. para la Iglesia Católica

El Gobierno de España y la Santa Sede han alcanzado un acuerdo por el cual esta última renuncia a las exenciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. De esta forma, se procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del ICIO en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. Este acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. Dentro de este acuerdo también se incluye el fin de la exención en el pago de las contribuciones especiales.

Canon urbanístico planta fotovoltaica en Extremadura - Nueva jurisprudencia

183:921976451 (Santiago Cuenca Santamaría) — Wed, 29 Mar 2023 08:49:14 GMT

Sentencia TSJ Extremadura - Canon urbanístico fotovoltaica ¿1 o 2 por ciento?

El 20 de septiembre de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó Sentencia en relación con el canon urbanístico aplicable a una planta fotovoltaica en el marco de la nueva regulación establecida en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

Esta norma establece un canon general del 2% de la inversión total, y un canon reducido del 1% de la inversión total para proyectos de economía verde y circular. Hasta la fecha se ha estado aplicando el canon reducido considerando que una planta fotovoltaica podía ser considerada una instalación o actividad de economía verde y circular. Sin embargo, el Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra consideró que se trata de una actividad de economía verde pero no circular y que consecuentemente el canon aplicable era el del 2% y no el reducido.

Esto llegó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz en primera instancia, quien consideró que sería de aplicación el canon reducido por entender que una planta fotovoltaica es una actividad o proyecto de economía verde y circular. El Ayuntamiento recurrió en apelación al TSJ de Extremadura, el cual dictó sentencia el pasado 22 de septiembre revocando la Sentencia de primera instancia y fallando que es de aplicación el canon del 2% por tratarse de un proyecto de economía verde pero no de economía circular, indicando que ambos conceptos son individuales.

Destaca el TSJ que la Sentencia de primera instancia es claramente contraria al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. La Sala no comparte el criterio de la sentencia de instancia porque considera que los principios de la transición a una nueva economía verde y circular extremeña que se incorporan a la LOTUS son los contenidos en el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular, y no para la economía verde y circular, que el Juzgado “a quo” unifica. En definitiva, los principios que inspiran la transición a un nuevo modelo económico son, exclusivamente, los contenidos en un documento referido a la economía circular. Tampoco comparte la interpretación que la sentencia de instancia hace del artículo 67 apartado 4.d) de la LOTUS, cuando entiende que el término “economía verde y circular” se menciona como algo indisoluble, vinculado a la producción de energías renovables. A juicio de la Sala, una instalación fotovoltaica puede formar parte de la economía verde, pero puede no serlo de la economía circular. A la misma conclusión llega en el análisis del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, cuando al señalar sus objetivos medioambientales diferencia, en cuanto ahora interesa, entre la mitigación del cambio climático y la transición a una economía circular.

En definitiva, “una actividad será verde y circular, a los efectos que nos ocupan, cuando estemos ante una actividad de energía renovable (verde) que se lleve a cabo conforme establece el artículo 13 del Reglamento (circular), lo que no ocurre en nuestro caso”. Asimismo, en la estrategia de Extremadura 2030 sobre economía verde y circular, también hay numerosos ejemplos en los que se distinguen ambos conceptos.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/daea56e0c17a9fc1a0a8778d75e36f0d/20220923

INSPECCIÓN: Extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector, por motivos tasados

Thu, 09 Mar 2023 07:46:37 GMT

Si se dan las circunstancias del artículo 150.5 de la LGT, la extensión del plazo de duración del procedimiento de inspección es automática, independientemente del motivo que impidió al contribuyente aportar la documentación.

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 04154/2019, de 19 de diciembre de 2022.

El criterio reiterado del TEAC es el siguiente:

"Conforme a lo dispuesto en el artículo 150.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), la concurrencia de las circunstancias que "determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector por un período de tres meses" es totalmente ajena a cuáles hayan sido los motivos por los que el inspeccionado haya aportado tardíamente una documentación que tendría que haber aportado mucho antes; el plazo se extenderá por esos tres meses, tanto si nada puede reprochársele al respecto, como si lo hizo dolosamente buscando entorpecer las actuaciones que con él se siguen. Tampoco exige que la Inspección tenga que acreditar que la concurrencia de esas circunstancias que contempla le haya causado a ella un determinado retraso a la hora de resolver. Ese retraso, la ley lo da por supuesto, y con carácter automático, y ello con independencia del porqué el inspeccionado aportó tardíamente tal documentación y también de lo poco o muy diligente que la Inspección hubiera sido hasta entonces, y del mayor o menor retraso que le haya ocasionado el contar tardíamente con tal documentación". (Criterio reiterado en Resolución TEAC de 19 de diciembre de 2022 (RG 4837-2019).

TASA 1,5. Determinación de la base imponible

Thu, 09 Mar 2023 07:42:47 GMT

Exclusión del concepto de ingresos brutos de lo facturado por servicios de "valor añadido" que no tengan una vinculación directa o no sean necesarios para la prestación de los servicios de suministros.

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2023, recurso nº 3042/2021. Ponente: Rafael Toledano Cantero.

La cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistió en: “Determinar si, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1.c) TRLRHL, deben integrar la base imponible de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, todos los ingresos brutos facturados por el sujeto pasivo en el municipio o, por el contrario, han de excluirse de este parámetro los servicios adicionales que se presten en el mismo y que no tengan una vinculación directa o no sean necesarios para la prestación de los suministros.”

El TS, en contestación a la cuestión planteada, fija la siguiente la doctrina jurisprudencial: “a efectos del sistema de fijación de cuota tributaria de los suministros comprendidos en el art. 24.1.c) TRLRHL, han de excluirse del parámetro de ingresos brutos procedentes de la facturación a que hace referencia dicho precepto, el importe de facturación por los servicios adicionales o de valor añadido como los de venta e instalación de equipos ajenos a los de recepción o medición del suministro, tales como calderas, termos, equipos de aire acondicionado, climatización etc, así como su revisión, inspección, mantenimiento y reparación; servicios de gestión integral de estos equipos instalados en el domicilio o instalaciones del usuario del suministro; venta e instalación de placas fotovoltaicas; estudios de eficiencia energética; intermediación de contratos de seguros de riesgo de impagos.”

Nuevas tasas municipales en cumplimiento del principio de “quien contamina, paga”

Thu, 09 Mar 2023 07:33:22 GMT

Los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de 3 años (hasta el 11/04/2025) para incorporar nuevas tasas municipales o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario para sufragar los costes de gestión de los distintos residuos de competencia municipal. Además, tendrán la posibilidad de otorgar un beneficio fiscal en favor de empresas de distribución alimentaria o restauración que adopten sistemas de gestión para reducir la generación de residuos alimentarios.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece lo siguiente:

1. NUEVAS TASAS SOBRE EL PRINCIPIO DE "QUIEN CONTAMINA PAGA"

Una de las novedades de la norma es la incorporación de nuevas tasas municipales en cumplimiento del principio administrativo de “quien contamina paga”, de forma que se adecuarán estas nuevas tasas a los costes de gestión de los distintos residuos de competencia municipal. (artículo 11.3 y ss de la norma).

3. En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía.

2. COMPENTENCIAS MUNICIPALES

En el artículo 12.5 de la norma se delimitan las competencias municipales como la asunción de servicios obligatorios, la aprobación de programas de gestión de residuos, la potestad sancionadora, la elaboración de estrategias de economía circular, la determinación de la forma de depositar los residuos (artículo 20), entre otras.

3. BENEFICIOS FISCALES HASTA EL 95% EN FAVOR DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Las entidades locales también podrán establecer medidas para favorecer la reducción de los residuos alimentarios, en colaboración con los establecimientos de restauración y distribución de alimentos, en el marco de los programas estatal y autonómico, de modo que se ha incluido un nuevo apartado 6 al artículo 24 del TRLRHL la posibilidad de otorgar una bonificación de hasta el 95% de la cuota en favor de empresas de distribución alimentaria y de restauración:

«6. Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local. Las ordenanzas especificarán los aspectos sustantivos y formales de la bonificación regulada en este apartado.»

4. APROBACION DE ORDENANZAS FISCALES Y APLICACIÓN SUBSIDIARIA DE LA NORMATIVA CCAAA

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la Disposición final octava señala que "las entidades locales aprobarán las ordenanzas previstas en el artículo 12.5 de esta ley a partir de la entrada en vigor de la misma, de manera que se garantice el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos de su competencia en los plazos fijados. En ausencia de las mismas, se aplicarán las normas que aprueben las comunidades autónomas".

Las Ordenanzas fiscales constituyen legislación especial exenta del trámite de consulta pública del artículo 133 LPAC

Wed, 08 Mar 2023 07:51:51 GMT

El Supremo clarifica el alcance del art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales locales, y declara que en la medida en que constituye legislación especial por razón de la materia, no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en el art. 133.1 LPAC, como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales.

Aunque el art. 133, en su primer inciso, establece la obligatoriedad de una consulta pública ("Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública") es un precepto básico y, como tal, aplicable también a las Administraciones Locales, por lo que a priori la consulta pública resultaría obligatoria pero el matiz radica en que los demás aspectos de la realización de la consulta no son normas básicas y, por tanto, no son aplicables directamente más que a los reglamentos estatales, no así a los reglamentos autonómicos y tampoco a los reglamentos en el ámbito de la Administración local.

Se está entonces ante una ley especial por razón de la materia, frente a la regulación general de la potestad reglamentaria local, contenida en la legislación de régimen local. Y es precisamente esta condición de procedimiento establecido por una ley especial por razón de la materia, al amparo de la Disposición Adicional Primera, 1ª LPAC, lo que determina que sean de aplicación las normas específicas del procedimiento de elaboración de ordenanzas fiscales, y la no exigencia de consulta pública previa del art. 133.1 LPAC, como tampoco de otros tramites adicionales o distintos que se prevén en el TRLHL.

Añade el Supremo un argumento más y es que la potestad tributaria local no es una potestad originaria, sino derivada que requiere del previo ejercicio por el Estado de la potestad originaria para crear y establecer tributos locales, que pueden ser obligatorios o potestativos, pero que, en todo caso, son creados y regulados -con mayor o menor exhaustividad dependiendo de su carácter facultativo u obligatorio- mediante el ejercicio de una potestad normativa que habilita los elementos esenciales de tributo, sin perjuicio del limitado ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria que en este ámbito tributario corresponde a las Entidades Locales, para de esta configuración llegar a la conclusión de que el sentido y alcance de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de norma reglamentaria, que es lo singular y propio de la consulta pública previa del art. 133.1 LPAC no se acomoda en puridad a las características de la participación pública en el procedimiento de elaboración de la ordenanza fiscal en el ámbito local, pues esta iniciativa de ordenanza fiscal debe partir, en todo caso, de un conjunto de elementos normativos que resultan previamente impuestos, bien que con extensión variable, por la ley estatal.

Bonificación del ICIO para obras de especial interés o utilidad pública

Thu, 26 Jan 2023 16:01:00 GMT

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo indirecto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra en el ámbito municipal para la que se exija licencia, presentación de declaración responsable o comunicación previa. La normativa también contempla la posibilidad de otorgar una bonificación del ICIO para obras de especial interés o utilidad pública.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales considera que son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas, personas jurídicas o entidades que soporten los gastos o el coste de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

La normativa establece que están exentas del pago del impuesto la construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Estas actuaciones deben ser destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos.

La base imponible de esta figura impositiva está constituida por el coste de ejecución material de la actuación, dejando al margen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas y precios públicos.

La cuota que se ha de satisfacer se establece aplicando un tipo de gravamen a la base imponible. Este tipo es fijado por cada ayuntamiento y no puede exceder del 4%.

Bonificación para obras de especial interés o utilidad pública

Sobre la cuota del impuesto, la normativa permite a los ayuntamientos regular diversas bonificaciones que deben quedar reflejadas en la ordenanza fiscal correspondiente.

Una de estas bonificaciones alcanza a las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Corresponde al pleno municipal, aprobar dicha declaración siempre y cuando concurran “circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo”. En este caso, la bonificación puede llegar hasta el 95%.

A partir de esta disposición de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , cada ayuntamiento desarrolla sus propias bonificaciones. En Toledo , por ejemplo, la bonificación va desde el 10% para las construcciones sujetas a licencia de obra mayor para uso residencial en el casco histórico al 75% de las obras en edificios y elementos protegidos por el Plan Especial del Casto Histórico con protección “M”.

En Cuenca , pueden alcanzar el 95% determinadas obras realizadas a través de las ayudas para rehabilitación de viviendas en el casco antiguo o las que generen más de 100 puestos de trabajo.

Murcia establece la bonificación del 95% a las actuaciones promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro destinadas a centros socio-asistenciales.

Y un ejemplo más: Zaragoza bonifica con el 90% las actuaciones de mejora de la escena urbana y adecuación de recorridos históricos en el marco del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y Planes integrales, áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRU) y áreas de Rehabilitación Preferentes.

En resumen, cada ayuntamiento tiene potestad para establecer el porcentaje de bonificación del ICIO para obras de especial interés o utilidad pública, siempre que no supere el 95%.

La tasa de residuos en España no cubre los costes de su gestión

Fri, 23 Dec 2022 12:21:00 GMT

A partir de 2025, las tasas municipales relacionadas con la recogida de residuos deberán sufragar el coste del servicio. Esta es una de las obligaciones que recoge la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular . En la actualidad, la cobertura media de la tasa de residuos es del 71,8% del coste.

Según el estudio Las tasas de residuos en España 2022 , elaborado por la Fundación ENT, la mayor parte de los municipios españoles (97,6%) cuenta con una figura impositiva vinculada con la recogida de residuos. Sin embargo, un 46,8% de los 125 ayuntamientos analizados cuenta con un modelo de cuotas fijas. Este porcentaje es especialmente relevante en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

En la práctica, esto supone que todos los inmuebles, sea cual sea su volumen de basura generada, pagan lo mismo. Según los autores del estudio, “los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos”.

También se ha comprobado que en el 98,4% de las figuras impositivas relacionadas con los residuos se contemplan diferencias entre comercios y domicilios a la hora de establecer las cuotas.

92 euros de media por domicilio

El informe realizado por Irene Castells y Pablo Pellicer, con la revisión del doctor Ignasi Puig, indica que el valor medio de la tasa de residuos de los hogares es de 92,1 euros anuales. Esta cifra supone un 2,1% de incremento entre enero de 2021 y enero de 2022. En este mismo periodo, el IPC ascendió un 6,1%.

El trabajo también pone de relieve que las ordenanzas que contemplan tasas variables no tienen en cuenta “criterios ambientales”. Por lo general, se valoran aspectos como la localización de la vivienda (29,5%), el valor catastral (4,9%), el consumo de agua (4,1%) o la superficie (2,5%), todos ellos independientes de la generación de residuos.

En el caso de los comercios , una buena parte de estas figuras impositivas se relacionan con la actividad (tipo de actividad, superficie del local, localización o el número de trabajadores) y no con la generación efectiva.

De media, las clínicas son las que más dinero dedican a pagar estas cuotas: 903,6 euros al año. Por detrás, se sitúan supermercados (782,5 €), hoteles (649,4 €), restaurantes (526,4 €), bancos (473 €), bares (349,5 €) y tiendas de alimentación (335,1 €).

Beneficios fiscales

En el 53,8% de los municipios analizados en el estudio se han encontrado beneficios fiscales para los domicilios. Estas ventajas solo alcanzan a los comercios en una cuarta parte de los ayuntamientos (26,2%).

Las deducciones personales llegan a las rentas bajas (36,9% de los), los pensionistas (20,5%), las personas en riesgo de exclusión social (17,2%) o las familias numerosas (14,8%).

En el ámbito comercial, las reducciones están relacionadas con la contratación de un gestor de residuos privado (8,2% de los municipios), la localización (5,7%) o los locales sin actividad (8,2%).

Solo en una de cada diez tasas de residuos domiciliados se incluyen beneficios fiscales ambientales (uso de compostaje y puntos limpios, reparación de residuos, etc.). Estos incentivos están aún menos presentes para los comercios (7,3% de los municipios). Por ello, los autores del estudio consideran que “existe un gran recorrido en la provisión de incentivos para las buenas prácticas ambientales”.

Aprovechamiento especial del dominio público: el caso de las ventanillas de las farmacias

Tue, 22 Nov 2022 09:21:00 GMT

Cada vez más ayuntamientos tienen regulada la utilización con fines privativos o el aprovechamiento especial del espacio público. A través de estas ordenanzas, perciben ingresos por apertura de zanjas, la ocupación con mercancías o materiales de construcción, la entrada de vehículos, las marquesinas, las sillas y mesas con finalidad lucrativa, las vitrinas, los anuncios o los cajeros de las entidades financieras . Un caso especial es el aprovechamiento que se hace por las ventanillas de las farmacias de guardia.

Es habitual que estos establecimientos atiendan al público a través de estos elementos en horario nocturno cuando se encuentran de guardia. La pregunta surge de inmediato: ¿deben abonar la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público?

La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado respuesta a esta cuestión en una sentencia fechada el 27 de octubre de 2022.

El caso que se dilucidaba partía de un recurso de casación contra un dictamen que consideraba que las ventanillas por las que se expiden los medicamentos debían recibir un trato similar a los cajeros automáticos a la hora de aplicar la ordenanza municipal que establecía que el hecho imponible de la tasa es la instalación de expendedores automáticos y manuales.

La sentencia consideraba que “el uso de las ventanillas o torno abiertos en las fachadas de los inmuebles al servicio de las farmacias en la dispensación de sus medicamentos” supone la formación de “colas o aglomeraciones de personas” que “aprovechan de una manera más intensiva y continuamente los espacios de dominio público reservados a las calles, vías y plazas”.

Frente a esta interpretación, los recurrentes entienden que la instalación de estos expendedores en línea de fachada es obligatoria para prestar el servicio fuera del horario comercial y, por tanto, sino que “es una decisión basada en criterios de explotación de la oficina de farmacia por su titular, y las que las características de estos sistemas de expendedores manuales vienen impuestas por normas estatales de seguridad” . Sobre este aspecto aluden al Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/94) que desarrolla la orden INT/317/2011 sobre medidas de seguridad privada.

Pues bien, el Tribunal Supremo razona que la dispensación a través de estas ventanillas o tornos es de “carácter imperativo y garantía del bien superior de la continuidad asistencial de un servicio público sanitario” . Por tanto, no responde “a una elección del prestador del servicio en aras de la rentabilidad”, sino en el “cumplimiento de una obligación legal”.

Por otro lado, entiende que no se da una “especial intensidad” del uso del dominio público puesto que el servicio se presta en horarios de guardia y festivos.

Como consecuencia, la doctrina del alto tribunal fija que “no puede considerarse un aprovechamiento especial del dominio público local la eventual ocupación e la vía pública por quienes adquieren medicamentos u otros productos farmacéuticos a través de dispositivos de atención situados en las farmacias en línea de fachada y acceso desde el exterior”.

Además, reitera que “las características del servicio de farmacia son sustancialmente diferentes a la instalación de cajeros bancarios”.

¿Debo pagar el ICO por la instalación de una casa prefabricada?

Fri, 04 Nov 2022 07:44:00 GMT

De un tiempo a esta parte, ha proliferado la instalación de casas prefabricadas o modulares. Aunque en España este tipo de construcción apenas representa el 1% del global , el confinamiento por la COVID-19 ha impulsado el interés por estas viviendas. Esta semana hablamos sobre el pago del ICIO por la instalación de una casa prefabricada.

El precio o el tiempo que se tarda en disponer de ella (sensiblemente inferior al de una casa de ladrillo) son razones suficientes para que un creciente número de personas se interesen por estas construcciones.

Como primer paso, y en contra de una extendida creencia popular, es preciso disponer de suelo urbano para poder asentar una casa prefabricada. Esta condición, además, permite el acceso a servicios de abastecimiento y recogida de residuos. Pueden existir algunas excepciones a este requerimiento en determinadas zonas.

Asimismo, es necesario adaptarse a los requisitos que incluya el Plan General de Ordenación Urbana y otra normativa sobre los requisitos que debe cumplir, que suelen ser similares a los de cualquier otra vivienda en relación, por ejemplo, con la superficie o la altura.

Además, es preciso hacer frente al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), una figura impositiva que viene regulada en la Ley Reguladora de Hacienda Locales .

El ICIO tiene como hecho imponible “la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística”. En este sentido, la instalación de una casa prefabricada precisa de una licencia urbanística.

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. A este respecto, si la casa llega construida, no computaría el valor de la vivienda prefabricada, pero s í el coste que conlleve su instalación.

La cuota de este impuesto municipal será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que no podrá suponer más de un 4%.

Ordenanzas municipales

Numerosas ordenanzas municipales recogen en el apartado dedicado al hecho imponible del ICIO una referencia clara a este tipo de construcciones.

Por ejemplo, la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el punto 13 del artículo 3, incluye “la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones de carácter similar, provisionales o permanentes” como un supuesto de hechos imponible.

Casos similares encontramos en Badajoz, Alicante, Novelda, Valencia o Guadalajara. En algunos de estos municipios, la ordenanza del impuesto hace referencia a la obligación de devengar el ICIO en aquellas situaciones en las que se deba contar con licencia de obra y es a la hora de enumerar esos escenarios cuando se realiza la referencia a las casas prefabricadas.

Como conclusión, de forma general, la instalación de una casa prefabricada está sujeta al pago del ICIO.

Actualización de los coeficientes para el cálculo de la plusvalía

Fri, 14 Oct 2022 10:49:00 GMT

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluye una novedad relacionada con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida como plusvalía . Se trata de la actualización de los coeficientes máximos que se aplican para el cálculo de esta figura impositiva.

Tras ser declarado inconstitucional el método de cálculo que se utilizaba, el Gobierno aprobó un Real Decreto en 2021 para adaptar esta figura impositiva a la sentencia del Tribunal Constitucional. La norma establece que los coeficientes máximos utilizados para la liquidación del impuesto “serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado».

La modificación incluida en las cuentas públicas para 2023 afecta en distinta media en función del tiempo transcurrido entre la compra y la venta el inmueble; esto es, el periodo de generación del incremento del valor.

Así, para los bienes comprados hace menos de un año, el coeficiente pasa del 0,14 al 0,15. Para los que superan el año, el aumento es del 0,13 al 0,15.

También hay reducciones. Por ejemplo, en el caso de las ventas tras dos años, se reduce del 0,15 al 0,14. Y si el inmueble se compró hace tres años, se establece en el 0,15 (antes estaba al 0,16).

Según han manifestado fuentes del Ministerio de Hacienda en varios medios de comunicación, esta actualización tiene en cuenta la situación del mercado en cada año para adaptarlos a la realidad económica.

La tabla que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado 2023 (página 167) es la siguiente:

La tabla refleja los coeficientes máximos que se pueden aplicar para la liquidación del impuesto. Los ayuntamientos pueden optar por una disminución limitada en sus ordenanzas fiscales.

La base imponible de la plusvalía se calcula multiplicando el incremento del valor de los terrenos experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años por el coeficiente correspondiente al periodo de generación.

Exenciones del impuesto de circulación para personas con minusvalía

Tue, 27 Sep 2022 19:39:00 GMT

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es una de las figuras impositivas gestionadas directamente por los ayuntamientos. Se trata de un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza aptos para circular por las vías públicas. La normativa recoge exenciones del impuesto de circulación para personas con minusvalía.

El artículo 93 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece la exención para los “vehículos cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física”.

Además, están exentos aquellos vehículos matriculados a nombre de personas con minusvalía igual o superior al 33% , siempre y cuando sean destinados para su uso exclusivo. Esta exención se alcanzar tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Ahora bien, esta exención solo es aplicable a un vehículo.

Para acceder a este beneficio, Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos, los interesados deberán solicitarlo al ayuntamiento indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Además, se deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

Una vez declarada la exención por el ayuntamiento, la ley establece que se expedirá un documento que acredite su concesión.

¿Pueden reconocerse la exención retroactivamente?

Esta consulta llegó a la Dirección General de Tributos. Se planteaba si una persona con un grado de minusvalía superior al 33 por ciento reconocida desde el 17 de octubre de 2003, y obligada tributaria por la titularidad de un vehículo de tracción mecánica, tiene derecho a que se le reconozca retroactivamente para el período impositivo de 2004 la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , habida cuenta que el 1 de enero de 2004 el vehículo ya era para su uso exclusivo.

Tras un recorrido por la legislación aplicable, la respuesta vinculante del órgano de Hacienda fue clara: tiene derecho a que se le reconozca con efectos retroactivos la exención prevista “respecto al período impositivo no prescrito siempre y cuando lo solicite expresamente y aporte al órgano de gestión competente prueba suficiente del cumplimiento de los requisitos mencionados”.

Ayudas fiscales para zonas afectadas por incendios forestales

Fri, 26 Aug 2022 07:47:00 GMT

El Gobierno ha anunciado que las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano recibirán una especial atención, incluyendo ayudas fiscales.

En concreto, el Consejo de Ministros del 23 de agosto acordó declarar como “zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil” a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia. Estas comunidades han sufrido 119 incendios forestales durante este verano que han requerido activar los planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2.

Esta declaración conlleva la puesta en marcha de una serie de medidas destinadas a recuperar las zonas afectadas y a paliar las consecuencias que estos incendios tienen en la población. En este último grupo, se incluyen una serie de beneficios fiscales que el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe concretar.

Así, se prevé la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas . Por otro lado, estarán exentas del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Ayudas directas

Al margen de estas exenciones y reducciones fiscales, se prevén las siguientes ayudas directas como medidas de recuperación:

– Ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros.

– Ayudas por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros.

– Ayudas por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50% de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros.

– Ayudas por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50% de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros.

– Ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros.

– Ayudas por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50% de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros.

– Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.

– Ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.

– También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Por otro lado, las entidades locales contarán con apoyo económico para desarrollar los proyectos que ejecuten con el objetivo de reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. En este caso, alcanzarán hasta el 50% del coste de la actuación.

A estas ayudas directas se unen los beneficios fiscales reseñados para zonas afectadas por incendios forestales.

¿Debe reintegrarse el saldo negativo en la liquidación de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado?

Tue, 09 Aug 2022 10:13:00 GMT

A finales del pasado mes de julio, el Gobierno dio cuenta de la liquidación definitiva de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado correspondiente al año 2020. Este procedimiento atañe a los ayuntamientos de población igual o superior a 75.000 habitantes o que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma en los tributos del Estado.

Las figuras impositivas afectadas por esta liquidación son:

– Impuesto sobre el Valor Añadido.

– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

– Impuesto sobre la Cerveza.

– Impuesto sobre Productos Intermedios.

– Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas.

– Impuesto sobre Hidrocarburos.

– Impuesto sobre Labores de Tabaco.

En total, el Estado gestionó 168.828.228.020,13 euros, de los que 99.280.429.326,56 euros se cedieron a las comunidades autónomas, quedando 69.547.798.693,57 euros.

La cesión de impuestos a los municipios alcanzó los 967.222.100,29 euros. La mayor parte, proviene del IRPF (596.166.694,20 €), seguido del IVA (304.437.947,31). Lejos quedan las transferencias por otras figuras como las relacionadas con las labores del tabaco (33.059.340,52 €), los hidrocarburos (29.261.933,72 €), el alcohol y las bebidas derivadas (2.581.201,63 €), la cerveza (1.582.931,10 €) y la producción de productos intermedios (132.051,81 €).

Saldo negativo

Las cifras globales que corresponden a las entidades locales no alcanzan las entregas realizadas a cuenta, por lo que el saldo de la liquidación es negativo. Esta situación obliga a los ayuntamientos a reintegrar las cantidades percibidas de más.

Los saldos negativos se deben devolver siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 76 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 . La norma indica que los saldos deudores “serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta (…) en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación”.

Ahora bien, dada la excepcionalidad de esta situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé una dotación adicional por el importe al que ascienda el saldo global de la liquidación a favor del Estado con motivo de estos saldos globales negativos.

Estas cantidades se transferirá en el mes de diciembre de 2022, haciendo así que el resultado de la liquidación definitiva de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado resulte financieramente neutral para todas aquellas entidades locales que han tenido una liquidación negativa.

Tasa turística. Cuánto y dónde se paga

Tue, 19 Jul 2022 09:58:00 GMT

La tasa turística -también denominada ecotasa – es un impuesto que se aplica a las estancias en los alojamientos turísticos. Por tanto, son los viajeros quien la deben pagar cuando pernoctan en un hotel, hostal, apartamento turístico, camping y otros espacios destinados al turismo. Normalmente, se abona en el momento de la entrada en el establecimiento.

Los ingresos que se recaudan por la tasa turística se destinan a la promoción y conservación del patrimonio y a la sostenibilidad.

En España, la competencia sobre este tipo de tasas es autonómica, pero también existen casos en los que se fijan recargos de gestión municipal.

En Cataluña , por ejemplo, la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente , permite que el Ayuntamiento de Barcelona pueda aprobar un recargo sobre las tarifas del impuesto a través de una ordenanza municipal. Desde su puesta en funcionamiento en junio de 2021, el incremento del tramo municipal irá aumentando desde los 0,75 euros por persona y noche en 2021 a los 3,25 euros en el año 2024.

Estas cifras se suman a las tasas establecidas por la comunidad que varían en función del tipo de establecimiento: hoteles (entre 0,9€ y 2,25€ según su categoría), apartamento turístico (0,9€) y resto de establecimientos (0,45€).

Baleares es la otra comunidad autónoma española que cuenta con una tasa turística. En este caso, se paga entre 1 y 4 euros por persona y noche, también dependiendo del tipo de establecimiento y su categoría.

Según Newtral , Cataluña recaudó por este concepto 65,6 millones de euros en 2019, mientras que Baleares alcanzó los 131,6 millones.

En la Comunidad Valenciana, estos días se debate sobre la implantación de la tasa turística. Las Cortes aprobaron recientemente una proposición de ley que permitirá cobran entre 0,5€ y 2€ las pernoctaciones de turistas a partir de 2024. Corresponderá a los ayuntamientos decidir si la implantan en sus municipios. Algunos consistorios ya han manifestado su posición.

También Sevilla se plantea el cobro por pernoctación , lo que supondría 7 millones de ingresos. Y en Málaga, el ayuntamiento ha pedido las competencias para poder implementarla .

La tasa turística, en Europa

Una veintena de países europeos cuentan con una tasa turística . Según la Comisión Europea , las tarifas van desde un mínimo de 0,10 euros (Bulgaria) hasta un máximo de 7,50 euros (Bélgica) por persona y noche. La media oscila entre 0,40 y 2,50 euros.

Las islas Azores comenzarán a cobrar una tasa turística de un euro por noche a partir de enero de 2023. Esta figura impositiva afectará a los visitantes mayores de 14 años. Además, se cobrarán dos euros por desembarcar en los puertos.

Cada vez son más los destinos que se van sumando la tasa turística a sus figuras impositivas. Es una fuente de ingresos que ayuda a impulsar proyectos de mantenimiento y mejora de los recursos turísticos. Sin embargo, ante un panorama de incertidumbre económica, no son pocas las voces que consideran que no es el momento adecuado de incrementar el coste al que tienen que hacer frente los turistas. El debate está servido y, a buen seguro, que se extenderá a otras regiones y municipios.

¿Quién debe liquidar la plusvalía en el caso de una comunidad de propietarios?

Mon, 04 Jul 2022 19:52:00 GMT

Imagine que su comunidad de propietarios ha enajenado la vivienda anexa a la portería. Entre los vecinos surge una duda: ¿quién debe liquidar la plusvalía? ¿Es la propia comunidad o cada uno de los propietarios de forma individual?

Ante una situación de estas características, la Dirección General de Tributos recuerda que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la plusvalía – está regulada en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) . En concreto, en los artículos del 104 a 110.

La normativa establece que “el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”.

Para que exista el hecho imponible es preciso que haya un incremento del valor de los terrenos como consecuencia de su enajenación. En este caso, el artículo 106.1 fija que el “sujeto pasivo a título de contribuyente” será la persona física o jurídica o una de las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria “que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate”.

Este último artículo citado hace mención expresa a “herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición”. Por tanto, se incluyen las comunidades de propietarios.

Dentro de este marco jurídico, la Dirección General de Tributos concluye que, en el supuesto que hemos planteado, será preciso tener en cuenta quién ostenta la titularidad del bien que se enajena en la escritura pública, el propietario que conste en el Registro de la Propiedad y quién aparece como transmitente en la declaración del impuesto municipal.

Así pues, si el titular es la comunidad de propietarios será a ella a la que corresponda la condición de contribuyente de la plusvalía . En este caso, los propietarios individuales serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria. Si, por el contrario, los transmitentes son cada uno de los copropietarios que conforman la comunidad en proporción a su participación, serán ellos quien ostenten la condición de contribuyentes de la plusvalía.

Las fuentes de financiación de los ayuntamientos

Mon, 20 Jun 2022 08:18:00 GMT

Dentro de la unidad del Estado que promulga el artículo 2 de la Constitución Española, las entidades locales disfrutan, con ciertos límites, de autonomía para gestionar sus asuntos. Para ello, precisan de los recursos económicos necesarios. Las fuentes de financiación de los ayuntamientos son, por tanto, un elemento de primer orden para asegurar la autonomía local.

La Carta Europea de la Autonomía Local de 1985, ratificada por España en 1988, sentó las bases de la capacidad de decisión de las instituciones más cercanas a los ciudadanos. En su artículo 9 se refiere a los recursos financieros de las entidades locales para el desempeño de sus tareas.

Tras atribuirles el derecho “a tener recursos propios suficientes” , proporcionales a las competencias que gestiones, indica que “una parte al menos de los recursos financieros” debe provenir de “ingresos patrimoniales y de tributos locales respecto de los que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo”. Además, “reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de financiación”.

Sobre estos cimientos, el artículo 2 de la Ley de Bases de las Haciendas Locales detalla los recursos de los que disponen las entidades locales:

– Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

– Tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

– Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

– Subvenciones.

– Precios públicos.

– Resultado de las operaciones de crédito.

– Multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

– Demás prestaciones de derecho público.

Según el informe Haciendas Locales en Cifras 2021, con datos referidos al cierre del ejercicio 2019, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), las transferencias corrientes de la Administración General del Estado y las tasas (prestación de servicios públicos, desarrollo de actividades de competencia local y utilización privativa o aprovechamiento del dominio público) son las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos.

El IBI representa el 25,41% de los ingresos totales, por delante de las transferencias corrientes que suponen el 20,06%. Las tasas, por su parte, general el 10,18% de los recursos.

Por detrás, se sitúan las transferencias de las comunidades autónomas (7,27%), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) (4,73%), el impuesto de vehículos de tracción mecánica (4,45%) y las aportaciones de las diputaciones provinciales (4,17%).

Entre el resto de las figuras impositivas destacan el Impuesto de Actividades Económica (IAE) (2,86%) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) (1,96%).

Los precios públicos aportan a las arcas municipales el 1,33% del total de las entradas, mientras que los ingresos financieros (capítulo 8 y 9) representan el 4,5%.

Esta estructura económica, con las fuentes de financiación de los ayuntamientos que se han mencionado, emana de un modelo de finales de la década de los años 80 del pasado siglo, modificado en algunos aspectos en fechas más recientes. Desde entonces, las competencias han cambiado y los ayuntamientos tienen cada vez más protagonismo en la vida de sus ciudadanos.

A la espera de la prometida adaptación del modelo de financiación local, a los ayuntamientos les queda hacer lo más eficiente posible la gestión de las figuras impositivas que le son propias directamente y de aquellas en las que tiene derechos adquiridos.

Los ayuntamientos reciben 22 millones por la compensación del IAE de las cooperativas

Fri, 27 May 2022 08:00:00 GMT

Los ayuntamientos han recibido a lo largo de este año más de 22 millones de euros del Estado por la compensación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de las cooperativas.

El artículo 33 de la Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de Cooperativas , establece una bonificación del 95% de la cuota de IAE para las cooperativas. Esta medida, junto a otros beneficios fiscales de los que disfrutan -entre otros en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Sociedades-, tiene como objetivo fomentar su desarrollo en atención a su función social, actividades y características.

Corresponde a los ayuntamientos comunicar “anualmente a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda la relación de cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de estas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado”. En base a esta información, que debe remitirse de forma telemática, los municipios recibirán las compensaciones que procedan.

En lo que va de año, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reconocido compensaciones por un importe de 22.290.027,22. Este montante económico pasará a formar parte de las arcas municipales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2022.

Esta medida beneficia todo tipo de ayuntamientos, desde grandes municipios como Almería o Écija, donde las cantidades reembolsadas alcanzan los 940.000 y 497.000 euros, respectivamente, a pequeñas entidades como Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), en el que la compensación supera los 146.000 euros.

Problemas para solicitar la compensación

El problema que encuentran muchos municipios para solicitar esta compensación al Estado es que no disponen de un registro actualizado de las cooperativas asentadas en su territorio. A esto se suma que tampoco tienen los medios necesarios para realizar esta tarea.

Empresas como CTT cuentan con servicios para ayudar a los consistorios a recuperar el dinero que les corresponde.

El procedimiento comienza con un estudio de la matrícula y del padrón municipal del IAE para identificar a las cooperativas existentes. La información obtenida en esta fase servirá para gestionar la solicitud de devolución de las cantidades que el ayuntamiento ha dejado de ingresar por la compensación.

Munigest Tributos se encarga del proceso completo, desde el estudio inicial a la reclamación a través del sistema electrónico del Ministerio de Hacienda de las cantidades no prescritas.

En todos ellos, es un dinero que corresponde a los ciudadanos de cada municipio como compensación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de las cooperativas.

Exención de la plusvalía en los casos de violencia de género

Fri, 06 May 2022 08:26:00 GMT

Más de 300 menores han quedado huérfanos en la última década como consecuencia de crímenes de violencia de género. A la situación de vulnerabilidad en la que quedan se une la necesidad de hacer frente a los trámites administrativos sucesorios.

La recién aprobada Ley Orgánica 2/2022 trata de mejorar la protección de las personas huérfanas víctimas. Entre otras cuestiones, introduce un nuevo supuesto de no sujeción en el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En la práctica, esto supone la exención de la plusvalía en los casos de violencia de género.

Hasta ahora, el testo refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales establecía que “no se produciría sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes”.

Por otro lado, tampoco se tendría que hacer frente a la plusvalía en el caso de las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.

Ahora, la nueva ley incluye un nuevo supuesto: el de la transmisión de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica que surjan del fallecimiento de una mujer como consecuencia de violencia de género.

Otras medidas

Además de esta medida, la Ley Orgánica 2/2022 introduce un nuevo beneficio fiscal de naturaleza objetiva: exime del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Impuestos a las transmisiones de bienes o derechos efectuadas en pago de indemnizaciones, en la cuantía judicialmente reconocida, en beneficio de las hijas, hijos y menores o personas incapacitadas sujetas a tutela o guarda y custodia de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer.

Asimismo, reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para regular expresamente la legitimación de los herederos de la víctima fallecida para instar a la liquidación del régimen matrimonial.

Por último, atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia en los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial impulsados por los herederos en representación de su madre fallecida a causa de crímenes de violencia de género.

En definitiva, la Ley Orgánica 2/2022, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género , trata de mitigar algunos de los obstáculos administrativos a los que se enfrentan los huérfanos de la violencia de género en una situación de especial vulnerabilidad.

Límites a la cesión de datos tributarios entre administraciones

Tue, 12 Apr 2022 09:02:00 GMT

En el ámbito de sus competencias, es habitual la cesión de datos tributarios entre administraciones con el objetivo de gestionar la correcta liquidación de impuestos.

En este ámbito, la Agencia Tributaria tiene convenios para la cesión o intercambio de información con otras instituciones para “la mejora en la gestión y control” de los procedimientos relacionados con los tributos.

Un ejemplo reciente es la rúbrica de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la agencia estatal para el “suministro de información de carácter tributario a las entidades locales” que se adhieran.

Ahora bien, este intercambio tiene unas limitaciones que surgen como consecuencia del carácter reservado de este tipo de datos.

Limites a la cesión de datos tributarios

El artículo 95.1 de la Ley General Tributaria establece que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado ”. La norma continúa fijando que “sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos” y “la imposición de las sanciones que procedan”.

Además, no permite que sean “cedidos o comunicados a terceros”, salvo en el caso de que se haga para colaborar “con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias”, entre otros casos.

A este respecto, el Tribunal Supremo (STS 1818/2021) ha incidido en que una administración, dentro de sus competencias, puede solicitar a la Agencia Tributaria la cesión de datos con fines tributarios. Eso sí, deja claro los límites: “si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado”.

En la sentencia del alto tribunal se resolvía un recurso de casación interpuesto por un particular contra una sentencia que daba por válido el uso de información solicitada a Hacienda al amparo del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria y que un ayuntamiento utilizó para aplicar la normativa reguladora del taxi.

Así pues, el intercambio de información tributaria entre administraciones está amparado por la ley , pero es preciso contar con la autorización previa de los obligados tributarios cuando los datos vayan a utilizarse para otros fines que no sean fiscales.

Compensación por la pérdida del IBI y el IAE de las cooperativas

Fri, 25 Mar 2022 09:09:00 GMT

Las cooperativas gozan de una serie de beneficios fiscales entre los cuales se encuentra la bonificación en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Estos beneficios alcanzan el 95% del IAE en las cooperativas protegidas y las Sociedades Agrarias de Transformación y otro tanto en lo referido a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

Para compensar la caída de ingresos por la pérdida del IBI y el IAE de las cooperativas , se estable una compensación a los ayuntamientos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a las instituciones locales solicitar dicha compensación.

El pasado 16 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se habilitaba el sistema para la solicitud electrónica de esta contrapartida.

El texto fija la necesidad de la tramitación electrónica a través de la aplicación informática COTRIL de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

Siguiendo el formulario que ofrece la aplicación, los ayuntamientos deberán dar cuenta de la información identificativa de la liquidación y de los sujetos pasivos . Asimismo, incluirán los datos económicos que han servido de base para cuantificar las cuotas que han disfrutado de la bonificación.

Por otro lado, se debe aportar un certificado de la entidad de la entidad local en el que se haga constancia de que la cooperativa cumple con los requisitos para disfrutar de la bonificación. También será preciso incluir los certificados catastrales digitales de los inmuebles bonificados.

La Ley de Presupuestos para el año 2022 dispone que las solicitudes de compensación sean comprobadas como paso previo a su abono. En el caso del IAE este procedimiento se realizará a través de la matrícula de dicho impuesto. Para el IBI se utilizará los datos del Catastro Inmobiliario.

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local comprobará las solicitudes de compensación del IAE mediante la intercomunicación informática con las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En caso de existir discrepancias, el ayuntamiento deberá contactar con la correspondiente delegación de Hacienda para solventar la incidencia.

Su hubiese desajustes en las compensaciones por el IBI, el ayuntamiento tendrá que solventarlos con la Gerencia de la Dirección General del Catastro.

Una vez realizadas las comprobaciones, se determinará la cuantía final de la compensación por la pérdida del IBI y el IAE de las cooperativas.

Propuestas de reforma para los tributos locales

Fri, 11 Mar 2022 09:36:00 GMT

El grupo de personas expertas creado por el Gobierno de España para estudiar el camino a seguir en la reforma del sistema tributario ha entregado sus conclusiones en un Libro Blanco. Entre sus 118 sugerencias se incluyen algunas que afectan directamente a los ayuntamientos. En este artículo abordaremos las propuestas del comité de expertos para los tributos locales.

En el documento entregado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, proponen reconfigurar el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) para penalizar a las tecnologías más contaminantes. Según sus estimaciones se producirían “aumentos significativos de la recaudación” tan solo haciendo “incrementos modestos de la cuota”. Ahora bien, advierten de la necesidad de acompasar esta modificación con subsidios para la renovación de la flota.

También en el ámbito de la movilidad, plantean crear un tributo municipal sobre la congestión en las ciudades, tal y como tienen Singapur, Londres, Milán o Estocolmo. Se trataría de una figura impositiva que varíe en función del transito en una localización y hora del día. Sería una especie de peaje urbano que buscaría reducir los problemas de congestión y contaminación al evitar viajes innecesarios.

Relacionado con el medioambiente, los expertos proponen la vinculación de los tributos municipal de residuos a la generación de estos. Esta iniciativa supone medir la basura generada por cada hogar y comercio y tributar por ella. Se busca, entre otras cosas, reducir los residuos y fomentar la recogida selectiva al gravar especialmente los restos mezclados.

Entre la lista de medidas también se incluye la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) al considerar que se trata de un “impuesto indiciario, con una estructura anacrónica y unos indicadores y módulos arcaicos”. Como alternativa para suplir estos recursos en las arcas municipales se propone explorar el “uso de figuras tributarias alternativas”.

Dentro del apartado de economía digital, en el informe se plantea explorar una tasa local por la ocupación del dominio público como consecuencia de la entrega a domicilio de paquetería, aunque advierte de varios inconvenientes. Entre ellos citan la necesidad de una definición clara del objetivo, su extensión al comercio tradicional o la reserva de espacios para el aparcamiento.

El Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario se creó el 12 de abril de 2021. Ha trabajado en un diagnóstico del sistema tributario centrándose en cinco cuestiones: la imposición medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la fiscalidad de las actividades económicas emergentes y la armonización de la tributación patrimonial. De este análisis han surgido 118 propuestas, algunas de las cuales, como hemos visto, afectan a los tributos locales.

El grupo está formado por un presidente, un secretario y 15 vocales, todos ellos personas de reconocido prestigio. Entre sus miembros se encuentran especialistas en derecho financiero y tributario, economía y hacienda pública. La Presidencia la ostenta Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Pago de impuestos con Bizum

Fri, 25 Feb 2022 08:55:00 GMT

El desarrollo tecnológico ha cambiado las formas de relacionarnos y de realizar muchas de las actividades cotidianas. Actividades que no hace mucho suponían un contacto directo o telefónico hoy se llevan a cabo mediante todo tipo de aparatos. Las administraciones públicas no son ajenas a estos cambios y tratan de adaptarse a los hábitos sociales de los ciudadanos. Un ejemplo son las facilidades para el pago de impuestos con Bizum.

El 22 de febrero, el pleno de la Diputación de Valencia aprobaba una moción del grupo Ciudadanos para impulsar la incorporación de medios telemáticos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. En concreto, se adoptó el acuerdo de incorporar el sistema de transferencias Bizum para las transacciones económicas entre la institución y los ciudadanos.

Bizum es un servicio impulsado por la banca española para facilitar los pagos inmediatos. Cuando surgió, en el año 2016, se centraba en las transacciones entre particulares. Tres años después, permitía los pagos en el comercio online. En la actualidad, cuenta con cerca de 19,5 millones de usuarios activos.

La forma de realizar los pagos mediante este sistema es muy sencilla. Una vez activado el servicio en la aplicación de la entidad bancaria con la que trabajamos, basta con buscar la opción “Enviar y Recibir dinero con Bizum”, introducir el número del teléfono móvil del destinatario y enviarlo.

Un sistema cada vez más extendido

La Diputación de Valencia no es la única institución en la que se ha debatido o se debatirá la implantación de este sistema. En el Ayuntamiento de León se ha presentado una moción para permitir el pago por Bizum de multas e impuestos.

La de Guipúzcoa lo aprobó en noviembre de 2021 . También las diputaciones de Alicante y Barcelona ofrecen este sistema a sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que facilitará el pago de tasas y sanciones a través de esta plataforma en 2023.

Habitualmente, el procedimiento del pago de impuestos es el siguiente: el usuario deberá disponer del documento de pago, entrar en la Sede Electrónica de la Diputación de Barcelona, indicar los datos relacionados con la deuda tributaria y, finalmente, realizar la transacción con Bizum.

El artículo 198 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que “las entidades locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrán realizarse en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan”.

Por tanto, las entidades locales tienen potestad para establecer las formas de pago que consideren convenientes en el ámbito de sus competencias. Entre ellas, puede estar el pago de impuestos con Bizum.

Los ayuntamientos recibirán 500 millones por la compensación del IVA de 2017

Fri, 11 Feb 2022 08:19:00 GMT

Los ayuntamientos españoles recibirán 500 millones por la compensación del IVA correspondiente a una mensualidad de 2017 que no percibieron.

Tal y como explica la orden publicada en el BOE , la implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA) supuso el desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.

En el caso de las entidades locales, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de su participación en tributos del Estado de 2017, que se realizó en 2019, lo que supuso la percepción de un importe menor.

La cuantía de cada compensación se ha determinado por la diferencia entre el resultado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 de cada entidad local y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII IVA.

Este importe se incrementa con los intereses legales devengados por la cuantía de la compensación, que se calcularán entre el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2022. Para su cálculo se ha considerado el tipo de interés legal del dinero del 3% , que ha estado vigente en todos los años de este marco temporal.

Los ayuntamientos que se encuentren con procedimientos judiciales pendientes relacionados con este asunto y que quieran recibir esta compensación tendrán que remitir a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local un certificado del acuerdo del Pleno de la corporación local renunciando el procedimiento iniciado y de su comunicación al órgano judicial correspondiente. El plazo para cumplir con este requerimiento finaliza el 1 de marzo.

Las cantidades por la compensación del IVA se transferirán a los ayuntamientos el 31 de marzo . La cuantía que le corresponde a cada corporación está publicada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

Adhesión a los convenios con la Agencia Tributaria

Wed, 24 Nov 2021 07:46:00 GMT

El pasado 3 de abril, el Boletín Oficial del Estado daba cuenta de los dos convenios con la Agencia Tributaria firmados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el intercambio de información y la colaboración en la gestión recaudatoria.

El primero de ellos tiene como objeto establecer un marco general de colaboración para el i ntercambio de información y la colaboración de la AEAT con las entidades locales en la gestión de la recaudación .

Entre los datos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) facilitará a los ayuntamientos se encuentran la información sobre su identificación (apellidos y nombre, razón social, NIF, domicilio fiscal), impuesto sobre Actividades Económicas, depósitos bancarios de deudores (entidad, sucursal y número de depósito), participaciones en fondos de inversión, declaración anual de consumo de energía con datos de las compañías comercializadoras o datos del IRPF.

Por su parte, los ayuntamientos pondrán a disposición de la AEAT información sobre el padrón municipal, liquidaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas, liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cambios en la clasificación del suelo o licencias concedidas para la realización de la actividad de alquiler de uso turístico.

El segundo convenio entre la AEAT y la FEMP se centra en el suministro de información de carácter tributario a las entidades locales . Su alcance es más limitado que el anterior, por lo que aquellas instituciones que se adhieran al primero, no tendrán que suscribir este.

Las Entidades Locales que firmaron los convenios de 2003 y que quieran mantener la colaboración deben tramitar la correspondiente adhesión a los nuevos convenios. Para ello, no es necesaria la aprobación del Pleno; basta con firma del alcalde o el presidente de la Entidad Local.

Desde la FEMP se ha comunicado a los ayuntamientos que “es necesario que, si no lo han hecho hasta este momento, las Entidades Locales que se encuentran adheridas a los Convenios de 2003 en materia de suministro de información o en materia de intercambio (a extinguir), se adhieran a los nuevos Convenios antes de 14 de enero. Transcurrida esa fecha límite, la AEAT procederá a la baja de los suministros de información tributaria a los que se encuentren autorizadas, sin perjuicio de que se mantengan las autorizaciones a aquellas EELL que justifiquen, antes de esta fecha, que han iniciado los trámites para la adhesión”.

Procedimiento de adhesión

Los ayuntamientos interesados en el Convenio de Suministro de Información deberán hacer llegar la solicitud a la Delegación de la Agencia Tributaria que ejerza sus competencias en el ámbito territorial al que pertenece la Entidad Local.

En el caso del Convenio de Intercambio, la adhesión la tienen que hacer llegar a la FEMP quien la enviará al Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT.

Una vez aceptada, las entidades locales podrán poner en marcha cada uno de los aspectos que recoge el Convenio siguiendo las indicaciones que recogen las siguientes guías:

LA FEMP cuenta con un documento con preguntas y respuestas sobre los nuevos convenios que puede consultarse aquí: Preguntas y respuestas sobre los nuevos convenios entre la AEAT y la FEMP

Aprobada la modificación de la plusvalía municipal

Fri, 12 Nov 2021 14:05:00 GMT

El Gobierno ha aprobado una serie de modificaciones en la normativa que regula el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida como plusvalía municipal, para garantizar la constitucionalidad de esta figura impositiva.

A través de la sentencia 182/2021, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la fórmula empleada para determinar la base imponible del impuesto , tal y como venía recogida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Con anterioridad, ya había determinado que no tenía cabida en la Constitución la tributación en situaciones en las que no se producía un aumento del valor (STC 59/2017) y aquellas en las que la cuota a pagar superaba el incremento patrimonial que se había obtenido en la realidad (STC 126/2019).

A penas 10 días después de la última sentencia, el Consejo de Ministros, a través del Real Decreto-ley 26/2021, ha adaptado el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la jurisprudencial del Tribunal Constitucional.

Cambios legislativos

El único artículo del Real Decreto-ley introduce un nuevo supuesto para los casos en los que se constate que no se ha producido un incremento de valor.

Además, mejora técnicamente la fórmula para determinar la base imponible, buscando que refleje la realidad del mercado inmobiliario. En esta línea, abre la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Esta merma, pensada para que cada municipio adapte el impuesto a su realidad, puede alcanzar hasta el 15%.

Asimismo, sustituye los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno empleados para determinar la base imponible del impuesto por unos coeficientes máximos. Estos factores se actualizarán anualmente y tendrán en cuenta, entre otras cosas, los años transcurridos desde la adquisición del terreno y la evolución de los precios. Estos coeficientes máximos varían desde el 0,14 para el periodo inferior a un año hasta el 0,45 para los iguales o superiores a 20 años.

Por otro lado, se incluye una regla de salvaguarda con el fin de evitar que la tributación resulte contraria al principio de capacidad económica. Así, se permite, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. Este sistema optativo tendrá en cuenta la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble, que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición.

Por último, serán gravadas las plusvalías en transmisiones que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año. El Gobierno argumenta esta decisión en que pueden tener un carácter más especulativo.

Desde la entrada en vigor de estas modificaciones (10 de noviembre de 2021), los ayuntamientos disponen de un plazo de seis meses para adecuar sus ordenanzas fiscales a la nueva reglamentación.

Anulación del impuesto de plusvalía. ¿Y ahora qué?

Fri, 29 Oct 2021 12:51:00 GMT

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos de la Ley de Haciendas Locales lo que, en la práctica, supone la anulación del impuesto de plusvalía.

En concreto, la sentencia afecta a los artículos 107.1, segundo párrafo; 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales .

A falta de conocer el contenido íntegro del dictamen -que se publicará en los próximos días-, el Constitucional ha justificado su decisión en que se “establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”. Por tanto, considera inconstitucional el método de cálculo.

Esta figura impositiva, que redunda en las arcas de los ayuntamientos, supone un 14% de los ingresos de los consistorios de las ciudades de más de 100.000 habitantes, un 12,9% en las que cuentan con entre 50.000 y 100.000 empadronados, un 4% en los de entre 1.000 y 5.000 habitantes y un 1,9% en las poblaciones con menos de 1.000 vecinos, según informa El Confidencial con datos del Ministerio de Hacienda.

Hasta ese momento, y con el método de cálculo anulado por el Tribunal Constitucional, la sentencia afecta a las operaciones de compraventa que se realicen a partir de ahora. También tendrá efectos en los casos que estén recurridos, pero no tiene carácter retroactivo para las actuaciones ya liquidadas y no recurridas. En todo caso, habrá que esperar a conocer el texto de la sentencia para determinar el verdadero alcance porque, entre otras cuestiones, está en el aire si cabría la posibilidad de reclamar las autoliquidaciones de los últimos cuatro años.

Nueva normativa

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha adelantado que revisará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y ya trabaja en “un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”.

En esta línea, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va a pedir al Gobierno la “aprobación urgente de una norma legal que reforme el impuesto” .

No es la primera vez que este impuesto es puesto en tela de juicio por la justicia. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos que lo regulaban y el Tribunal Supremo aclaró el alcance de esta sentencia. En aquel momento, determinó que Los ayuntamientos pueden liquidar la plusvalía municipal en los casos en los que no se acredite la pérdida de valor.

Diferencias entre el valor de referencia y el valor catastral

Fri, 15 Oct 2021 09:13:00 GMT

Estas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado los mapas que ayudarán a determinar los valores de referencia de los inmuebles en 2022. En estas informaciones, encontramos con asiduidad los términos “valor de referencia” y “valor catastral” que, aunque están relacionados, son diferentes.

El valor de referencia se determina anualmente en todos los municipios. Sirve de base imponible en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Es un dato público que puede conocerse en la Sede Electrónica del Catastro .

La publicación de los mapas que ha anunciado el Ministerio es el primer paso para determinar estos valores de referencia.

Para ello, se divide el territorio de cada municipio en zonas denominadas ámbitos territoriales homogéneos y, en cada una, se define el producto inmobiliario cuyas características constructivas y de superficie sean representativas del conjunto.

El siguiente paso es calcular un módulo de valor medio para cada producto inmobiliario, a partir de los precios de todas las compraventas de inmuebles que los fedatarios públicos han comunicado a la Dirección General del Catastro. Así, en el mapa se muestran las características de los inmuebles representativos y el valor medio.

En la sede electrónica del Catastro se pueden consultar los importes de los módulos, las características de los productos inmobiliarios representativos y la delimitación de los denominados ámbitos territoriales homogéneos de valoración.

Sobre esta base, la Dirección General del Catastro calculará el valor de referencia de un inmueble concreto comparando las desviaciones en criterios como la calidad, la antigüedad y el estado de conservación con los del inmueble medio de la zona.

La normativa establece que el valor de referencia no puede superar el valor del mercado, para lo que se aplica un coeficiente de minoración del 0,9 % como para inmuebles urbanos como rústicos, tal y como publica la orden ministerial HFP/1104/2021 .

Estos valores de referencia afectarán a quienes adquieran un inmueble a partir del 1 de enero de 2022 y tenga que tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y/o por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por su parte, el valor catastral es la valoración de un bien inmueble concreto basado en la aplicación de los criterios que recoge la ponencia de valores del municipio. Se trata de un dato protegido -no es público- al que solo tiene acceso el titular del bien.

Para su cálculo se tienen cuenta cuestiones como la localización del inmueble, el coste de la construcción, las circunstancias y valores del mercado del suelo. Su actualización se puede realizar mediante las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

También está regulado que no puede superar el valor del mercado, para lo que se aplica un coeficiente de minoración del 0,5%.

El valor catastral sirve de base imponible al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Como hemos visto, el valor de referencia y el valor catastral son conceptos relacionados con la estimación del precio de los inmuebles, pero muy diferentes.

Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales

Thu, 30 Sep 2021 06:29:00 GMT

Con la llegada del último trimestre del año, los ayuntamientos revisan las ordenanzas fiscales -las normas que regulan los tributos municipales- para actualizar tasas e impuestos. Es también el momento adecuado para incluir nuevas figuras impositivas. De esta forma, se aseguran de que tengan pleno efecto a partir del próximo 1 de enero , coincidiendo con el cambio de ejercicio contable.

Las ordenanzas fiscales son fuentes del ordenamiento tributario, tal y como establece el artículo 7 de la Ley General Tributaria . La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 15.3) distingue entre dos tipos de ordenanzas fiscales: las que regulan los distintos tributos locales y las que atañen a su gestión, liquidación, inspección y recaudación. En ambos casos, son normas que desarrollan o complementan lo establecido tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la Ley General Tributaria, respectivamente.

Tanto para la aprobación como la modificación de una ordenanza fiscal, el procedimiento viene recogido en el artículo 49 de Ley Reguladora de las Bases de Régimen Loca l (LRBRL).

1º) Aprobación inicial en el Pleno .

2º) Periodo de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. El término “interesados” hace referencia a los ciudadanos que “tuvieran un interés directo o resulten afectados” por los acuerdos o entidades legalmente constituidas que actúan en defensa de intereses profesionales, económico o vecinales (colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones…)

3º) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

La Ley de Haciendas Locales estipula que “en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario”.

Como paso final para su entrada en vigor, el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones se tiene que publicar “en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial”.

Recurso contra una ordenanza fiscal

Con la ordenanza publicada, solo cabe ya presentar un recurso contencioso-administrativo si no se está de acuerdo en sus términos.

En el caso de que el asunto llegue a los tribunales, la entidad local está obligada a anular o realizar las modificaciones que la resolución judicial estime. Además, tendrá que “adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada”. Sin embargo, y salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrían “los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza” antes de su anulación o modificación.

A lo largo de este trimestre que resta para finalizar el año, veremos que se suceden noticias en los medios de comunicación de nuestro entorno anunciando las decisiones que toman las instituciones locales sobre los cambios de tasas e impuestos para el próximo ejercicio a través de las modificaciones de las ordenanzas municipales correspondientes.

¿Quién paga el IBI de un inmueble con varios titulares?

Fri, 17 Sep 2021 05:53:00 GMT

Es muy corriente que, en virtud de una herencia, la propiedad de un inmueble se reparta entre distintas personas . Ante estos casos surge la pregunta: ¿quién paga el IBI de un inmueble con varios titulares? ¿Debe un ayuntamiento dividir el recibo entre ellos?

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido habitualmente como IBI, se rige por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales . En su artículo 61 fija lo siguiente:

El artículo 63 determina que los sujetos pasivos son “las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho (…)”.

Así pues, en el caso de que existan varios titulares, todos ellos tendrán la condición de sujetos pasivos y, por tanto, serán contribuyentes del IBI.

En este aspecto incide la Ley General Tributaria que, en su artículo 35.7, indica que “la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa”.

Ahora bien, también establece que, cuando la Administración solo conozca la identidad de un titular, practicará y notificará las liquidaciones a su nombre. Él será quien deba satisfacerlas si no solicita la división y aporta los datos del resto de cotitulares (nombre, domicilio, porcentaje de participación…).

Aunque se identifique a los titulares, no desaparece la solidaridad de los obligados tributarios. De esta forma, si alguno de los cotitulares no hace frente a la deuda tributaria, y con independencia de que dicha liquidación pueda ser exigida al deudor, la Administración también podrá exigir el importe de la liquidación impagada a cualquiera de los obligados tributarios, en virtud de la obligación solidaria establecida. Eso sí, si la deuda es satisfecha por otro obligado tributario, tendrá derecho de reembolso frente al incumplidor.

Así pues, a la pregunta inicial de ¿quién paga el IBI de un inmueble con varios titulares? , la respuesta debe ser que todos son obligados tributarios en el porcentaje de propiedad que ostenten, aunque todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria en caso de cumplimiento del pago de una parte.

Bonificaciones en el impuesto de circulación para coches híbridos

Fri, 03 Sep 2021 04:48:00 GMT

Las administraciones públicas están decididas a implicarse en la defensa del medio natural. El acuerdo de París del año 215 y la Agenda 2030 han fijado el camino a seguir para procurar un desarrollo sostenible que garantice los recursos a las generaciones venideras. En este marco se incluyen numerosas acciones encaminadas a reducir el impacto de las acciones humanas en la naturaleza. Un ejemplo son las bonificaciones en el impuesto de circulación para los coches híbridos y eléctricos.

El Título IV de la reciente Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética se centra en el ámbito de la movilidad sin emisiones de CO2 y fija el año 2050 como límite para alcanzar el objetivo de contar con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. La norma avanza una serie de medidas que irán implantándose en los próximos años: zonas de bajas emisiones en las ciudades, facilidades para los desplazamientos a pie o en bicicleta, fomento del transporte eléctrico, etc.

Como ya hemos avanzado, mientras que se desarrollan estas medidas, los vehículos menos contaminantes gozan de bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) para fomentar su uso.

De acuerdo con el artículo 95.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , los ayuntamientos tienen la potestad de bonificar la cuota del impuesto en función del impacto en el medio ambiente del vehículo y el carburante que utilice.

Por un lado, se pueden beneficiar de una bonificación de hasta el 75% “en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente”.

Por otro, los municipios pueden bonificar hasta el 75% en función de las “características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente”.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid fija en un 75% la bonificación para vehículos eléctricos, de pila, de emisiones directas nulas, híbridos enchufables, eléctricos de rango extendido y los impulsados por energía solar. Además, ofrece una bonificación del 60% durante los cinco primeros años desde su matriculación a los vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas), los que utilicen exclusivamente biogás, gas natural, gas líquido, metano, etanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.

En Zaragoza , tienen una bonificación del 65% durante seis años los vehículos híbridos y de un 75% sin límite temporal los eléctricos o de emisiones nulas. Los enchufables con etiqueta cero de la DGT disfrutan de una reducción del 75% durante 6 años.

Y un ejemplo más: en A Coruña, las bonificaciones son del 75% durante 6 años para híbridos. Además, la reducción es permanente para vehículos eléctricos y/o emisiones nulas y para los que utilicen como combustibles biogás, gas natural comprimido, metano, metanol, hidrógeno y GLP o mixtos GLP-gasolina.

La movilidad es uno de los ámbitos que mayor impacto provoca en el medio ambiente. Con estas medidas, los ayuntamientos buscan promover el uso de medios de transporte más eficientes con bonificaciones en el impuesto de circulación para coches híbridos y eléctricos.

Cambios en la Ley General Tributaria y en la Ley del Catastro

Thu, 12 Aug 2021 08:35:00 GMT

El pasado 10 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 11/2021 , de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Entre otras cuestiones, esta normativa introduce cambios en la Ley General Tributaria que pueden influir en la gestión de algunos tributos locales.

Así, se prohíbe establecer cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Esta medida pretende evitar los privilegios extraordinarios y garantizar un sistema tributario justo basado en los criterios constitucionales de capacidad económica, igualdad y progresividad. En este contexto, la deuda tributaria incluye todos los conceptos, incluidos los intereses de demora y los recargos.

El nuevo texto también aclara el régimen de devengo de intereses de demora en el caso de obtención de una devolución improcedente. El nuevo redactado indica que “el recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso”.

El cálculo de dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas, dejando al margen para su determinación las posibles sanciones y los intereses de demora.

En el caso de que la autoliquidación o declaración se hiciese a partir de 12 meses después del plazo establecido, el recargo será del 15%.

Además, se adapta la regulación de los intereses de demora para reconocer de forma expresa que no se devengarán durante determinados periodos, como “las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración”. En las devoluciones en los procedimientos de inspección, no se computarán los días solicitados en virtud del apartado 4 del articulo 150 (solicitud de periodos sin acciones de la inspección) ni los periodos de extensión del apartado 5 (aportación de documentación).

Cambios en la Ley del Catastro

Las modificaciones de la Ley 11/2021 también alcanzan a la Ley del Catastro Inmobiliario y, por tanto, influyen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En primer lugar, se amplían los supuestos de incorporación de nuevas construcciones y alteraciones mediante comunicación de las administraciones locales sin necesidad de que estén obligados por ordenanza fiscal. Esto afecta a los actos sujetos a licencia o autorización administrativa.

En segundo término, se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al momento en el que la Administración Tributaria tiene constancia de la discrepancia entre la descripción catastral y realidad. Igualmente, la eficacia a los actos dictados en los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, inspección y regularización catastral tendrá eficacia desde la fecha de los hechos, actos o negocios que los originen.

Finalmente, se ha adaptado la regulación del valor de referencia que utiliza la Dirección General del Catastro buscando un “mayor rigor, precisión y seguridad jurídica en su determinación”.

Impuesto sobre Actividades Económicas

Las modificaciones alcanzan a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concreto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Así, se actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de sociedades y se aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá aplicar con independencia de la obligación de consolidación contable.

Además, se establece que la exención en el impuesto para las personas físicas se aplica tanto a los residentes como a los no residentes que operen en España a través de un establecimiento permanente y tengan un importe neto de cifra de negocios inferior al millón de euros.

¿Puede un ayuntamiento reclamar todos los recibos del impuesto de circulación impagados ante la transmisión de un vehículo?

Fri, 30 Jul 2021 07:13:00 GMT

Imagine la situación que se describe a continuación. Tiene intención de comprar un coche de segunda mano. El propietario le indica que están pendientes de pago los últimos seis años del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Le dice que abonará el del último ejercicio con el fin de que puede llevarse a cabo [...]

Las comercializadoras de electricidad deben encuadrase en el epígrafe 151.5 del IAE

Sat, 26 Jun 2021 06:32:00 GMT

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha acabado con el debate sobre el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que corresponde a las empresas que vencen la luz a los usuarios finales: las comercializadoras de electricidad deben encuadrase en el epígrafe 151.5 del IAE.

Esta sentencia, fechada el 12 de mayo de 2021, indica que, en contra de lo que se venía haciendo basándose en el criterio de Hacienda, a las empresas desplegadas en todo el país que venden la electricidad a los usuarios finales no le corresponde el epígrafe 659.9. Esta interpretación acaba con la posibilidad de que los ayuntamientos puedan reclamar una cuota municipal que sí se contempla para este epígrafe, pero no para el 151.5, que tiene cuota provincial y nacional.

El origen de esta situación se remonta más de dos décadas atrás. A finales de los años 90 del pasado sigo, se inició la liberación del sector eléctrico en España. Se pasó de una explotación unificada a un modelo de libre mercado en el que se independizaron actividades como la generación, el transporte, la distribución y la comercialización.

Sin embargo, la normativa que regula el Impuesto de Actividades Económicas (el texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales ) hace referencia a una regulación del sector anterior a los citados cambios. Por tanto, no se contempla una actividad separada de comercialización.

Así pues, tal y como señala la sentencia, “el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990 , dentro de la Agrupación 15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, en el grupo 151, sobre Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, sólo se prevé la producción, transporte y distribución, en estas últimas con cuotas municipales, provinciales y nacional, acorde con el anterior régimen de oligopolio”.

Desde la Dirección General de Tributos se ha venido manteniendo que “al no disponer en las Tarifas del Impuesto de una rúbrica específica que clasifique la actividad desarrollada por las comercializadoras de energía eléctrica, en aplicación de la regla 8ª, hubo de clasificarse, para el comercio al por mayor, en el epígrafe 619.9, Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p. , y, para el comercio al por menor, en el epígrafe 659.9, Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los de que deben clasificarse en el epígrafe 653.9 , ambos de la sección primera de las Tarifas, con una cuota de ámbito municipal”.

Esto significaba que las empresas debían “darse de alta por el epígrafe 659 . 9 de la sección primera en todos aquellos municipios en los que utilice la red de distribución de energía eléctrica para el desarrollo de su actividad comercial” y abonar una cuota a los ayuntamientos.

Sin embargo, la Ley de Presupuesto de 2021 abría la puerta al cambio al incorporaba dentro del grupo 151 la actividad de comercialización de la energía eléctrica. Ahora, el tribunal Supremo zanja la cuestión: las comercializadoras de electricidad debieron encuadrase en el epígrafe 151.5 del IAE y no tendrían que hacer frente a una cuota municipal.

Si no se ejecuta una obra, ¿hasta cuándo puede solicitarse la devolución del ICIO?

Fri, 18 Jun 2021 06:07:00 GMT

No es extraño encontrar una circunstancia en la que, tras solicitar licencia y pagar el correspondiente impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) , el proyecto no llegue a ejecutarse por desistimiento del interesado. En estos casos, ¿es posible solicitar la devolución del ICIO. ¿Hasta cuándo puede solicitarse la devolución del ICIO?

Recordemos que el ICIO es un impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra en un término municipal para la que se exija licencia. Su base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción; es decir, el coste de ejecución material.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen y se devenga en el momento de iniciarse la construcción. Una vez finalizada la actuación, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible.

Pues bien, si una obra no llega a realizarse, cabría una devolución del ingreso realizado puesto que la liquidación provisional no corresponde con el coste real. Para ello, la ley fija un plazo de cuatro años. ¿Desde cuándo computa dicho plazo?

En una sentencia de noviembre de 2020 (STS 3720/2020), el Tribunal Supremo aclara este extremo.

La Sala comienza argumentando que cuando hay un acto expreso de desistimiento del interesado a la ejecución de la obra, o cuando el ayuntamiento acuerda formalmente la declaración de la caducidad de la licencia de obras, implica que la obra no va a realizarse, por lo que el pago del tributo realizado en concepto de liquidación provisional, que inicialmente era un ingreso debido, se convierte en indebido al no poder realizarse el hecho imponible. Así pues, se inicia en esa fecha el cómputo del plazo de cuatro para reclamar el ingreso indebido.

También recuerda que la caducidad de las licencias de obras requiere “no solo que en su concesión se hayan establecido unos plazos para el comienzo y terminación de aquellas, sino que se efectúe una expresa decisión en tal sentido, tras la instrucción de un expediente seguido con intervención del interesado, emisión de informes y acreditamiento y ponderación de todas las circunstancias concurrentes”.

Por último, considera que en tanto que la declaración formal de caducidad no exista, el solicitante de la licencia de obras sigue teniendo la titularidad del derecho a edificar, y la existencia de tal derecho hace posible que pueda realizarse el hecho imponible del impuesto, por lo que no empieza a computar el plazo prescriptivo.

En definitiva, para los casos en que las obras nos se ejecuten por desistimiento del solicitante, la Sala considera que la fecha de comienzo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos del ICIO debe ser aquel en que haya constancia expresa de la voluntad del solicitante de renunciar a la ejecución de la obra. En el caso de que sea el Ayuntamiento quien haya acordado formalmente la caducidad de la licencia, sería en la fecha del acuerdo cuando comenzase a computar el plazo de cuatro años para solicitar la devolución.

Aplicación de las medidas fiscales para paliar los daños causados por la borrasca Filomena

Mon, 07 Jun 2021 05:10:00 GMT

El Real Decreto-ley 10/2021 , de 18 de mayo, recogía una serie de medidas fiscales urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena. Entre ellos, se reconocía la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

El primero de estos beneficios alcanza a los siniestros de 2020 y 2021 que hayan afectado a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, siempre que se acredite que tanto las personas como los bienes hayan tenido que ser realojados.

Por otro lado, se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 a las actividades afectadas por los siniestros que hayan tenido que realojarse o cerrarse temporalmente. Esta reducción será proporcional al tiempo del cese de la actividad.

Aquellos contribuyentes que, teniendo derecho a estos beneficios, hubieran abonado los recibos podrán solicitar la devolución.

Aplicación de los beneficios fiscales y compensación

El procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales se inicia a instancias de los afectados. A partir de ese momento, los ayuntamientos deberán comprobar que las solicitudes cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 10/2021 .

La disminución de ingresos en los tributos locales como consecuencia de estas exenciones y reducciones han de ser compensadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

Para ello, las entidades locales deberán presentar un escrito de solicitud de compensación ante la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. En este documento se incluirá el importe de la compensación solicitada.

Además, se debe adjuntar el decreto o resolución de reconocimiento de los beneficios fiscales previstos, una relación de recibos o liquidaciones objeto de los beneficios, un informe del secretario/interventor que refleje los procedimientos utilizados, un certificado de bajas en contabilidad, un certificado de devolución y un compromiso de afectación si las cuotas ya hubiesen sido abonadas por los afectados.

La Subdirección General de Gestión de la Financiación Local requerirá, si es preciso, la subsanación de las solicitudes y dictará la resolución que acuerde o deniegue el pago de las compensaciones solicitadas.

El Ministerio de Hacienda ha publicado una Nota Informativa que recoge estas cuestiones procedimentales para aplicar el Real Decreto-ley 10/2021 que incluye medidas fiscales urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena

Un comité de expertos para la reforma del sistema tributario

Fri, 21 May 2021 06:46:00 GMT

El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un comité de expertos para que elaboren propuestas para la reforma del sistema tributario español. El grupo está formado por catedráticos y profesores de Economía y Derecho Financiero y Tributario bajo la presidencia de Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Según el ministerio, el objetivo de este grupo de trabajo es analizar el actual sistema tributario desde “el punto de vista de la eficiencia económica ” y la “ equidad interpersonal, territorial y de género ”. Este análisis incluirá la imposición directa, la indirecta y el resto de ingresos públicos.

De forma especial, será objeto de atención la fiscalidad medioambiental y de las actividades emergentes , la imposición societaria , la tributación de la economía digitalizada y la armonización de la tributación patrimonial . En todo caso, se tendrá en cuenta la actual situación económica provocada por la situación de la COVID-19.

Por otro lado, y según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las propuestas del grupo de trabajo deben estar conectadas con la financiación local.

Miembros del comité de expertos

Bajo la presidencia del catedrático Ruiz-Huerta, el comité de expertos está formado por 15 vocales.

Ejercerá las funciones de secretario Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales.

Todos los integrantes cuentan con un reconocido prestigio y gran experiencia, además de una sólida formación académica en los ámbitos del derecho financiero y tributario, la economía y la hacienda Pública.

Este equipo de trabajo tendrá de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 para entregar sus propuestas de reforma del sistema tributario.

Plazos para ejecutar una sentencia que anula una liquidación de impuestos

Fri, 07 May 2021 06:14:00 GMT

Hoy traemos a colación un aspecto de interés tanto para ayuntamientos como para los ciudadanos: ¿qué plazo tiene la administración local para ejecutar una sentencia que anula una liquidación de impuestos?

Para ayudarnos a arrojar luz en este caso vamos a analizar una reciente sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (STS 1145/2021). El alto tribunal responde en este asunto a un recurso de casación relacionado con una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

Se trata de precisar “si en los casos en que una sentencia judicial firme anule una liquidación obtenida tras un procedimiento de comprobación de valores y ordene una retroacción de actuaciones para que se reinicie la tramitación de la tasación pericial contradictoria, la Administración está sometida a algún plazo para dar cumplimiento a la ejecución de esa sentencia”.

¿Deben tenerse en cuenta los 6 meses que marca el artículo 104.1 de la Ley General Tributaria? ¿Una sentencia que declara la retroacción y anula las liquidaciones lleva el procedimiento al comienzo? ¿Deben sumarse los dos meses que marca el artículo 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) ?

Interpretación del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo comienza considerando que el fin de la retroacción de actuaciones es subsanar los defectos de forma del acto impugnado para evitar la indefensión que se hubiera podido causar a la parte demandante. Por tanto, identifica “el momento preciso del procedimiento irregular en que sucedió la falta y que supone el punto de partida de lo que ha de repetirse”.

Por otro lado, recuerda que “el plazo para ejecutar una sentencia judicial no está previsto en la Ley de nuestra jurisdicción de un modo taxativo”. La retroacción ordenada es un mandato judicial que ha de ejecutarse en los términos y condiciones de la sentencia firme.

Sin embargo, el cumplimiento del mandato “no se desarrolla en el seno de un procedimiento administrativo». No existe en principio la caducidad como figura jurídica en el ámbito de la ejecución de la sentencia, porque este efecto es propio de los procedimientos administrativos. A este respecto, la sentencia del Supremo indica que corresponde al tribunal que dictó la sentencia firme que se ha de ejecutar establecer si la Administración ha cumplido lo ordenado.

Ahora bien, apunta que “el mero inicio de un procedimiento de comprobación de valores -o de gestión o de inspección- no cumple lo mandado con la retroacción, que no ordena solo iniciar, sino repetir el procedimiento a partir del inicio para subsanar los defectos apreciados”. En este sentido recuerda que el ciudadano no solo tiene derecho a la tramitación, “sino a una respuesta a su pretensión material o de fondo”. En otras palabras, el inicio del trámite no equivale a ejecutar la sentencia.

Asimismo, incide en que las actuaciones emprendidas para ejecutar una sentencia firme “no dan lugar a un procedimiento administrativo” al enmarcarse en el ámbito de un mandato judicial. Así, no puede interpretarse que al plazo de dos meses que marca el artículo 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) se le sume al previsto en el artículo 104 de la Ley General Tributaria o el que resulte procedente. En resumen, “no cabe añadir a los plazos administrativos una especie de dispensa, suspensión o gracia de dos meses interpretando de ese modo el artículo 104 LJCA” .

7 claves sobre el impuesto de circulación

Fri, 30 Apr 2021 08:50:00 GMT

Nos encontramos en el periodo de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como Impuesto de circulación. Desde el pasado 1 de abril, y hasta el 30 de junio, los titulares de vehículos matriculados deben hacer frente al pago de esta figura impositiva.

En esta entrada vamos a profundizar en algunas cuestiones sobre este impuesto.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas. Tienen esta consideración los matriculados mientras no haya causado baja. También deben pagarlo los propietarios de vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Sí. Por ejemplo, están exentos los vehículos oficiales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana, las ambulancias y aquellos que pertenezcan a representaciones diplomáticas. Asimismo, hay exenciones previstas para los propietarios con minusvalía (igual o superior al 30%), los autobuses urbanos y los tractores y maquinaria con Cartilla de Inspección Agrícola.

Existe una cuota para todo el territorio nacional basada en la potencia y la clase de vehículo. A cada una de ellas, los ayuntamientos pueden aplicarle un coeficiente. El cuadro de tarifas es el siguiente.

Los ayuntamientos, a través de las ordenanzas fiscales, pueden regular las siguientes bonificaciones:

– Hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, teniendo en cuenta la incidencia en el medio ambiente.

– Hasta el 75% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

– Hasta el 100% para vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años.

La normativa establece que el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, que coincide con el año natural. Por tanto, corresponde el pago al titular del vehículo el 1 de enero.

Si se trata de un vehículo nuevo, el importe de la cuota de prorrateará por trimestre naturales, considerando que el periodo impositivo comienza el día de la adquisición.

El impuesto de circulación es una de las tres figuras impositivas (IBI, IAE e IVTM) que la ley establece que deben exigir los ayuntamientos. Por tanto, corresponde a ellos la gestión de los vehículos que incluyan su municipio como domicilio en el permiso de circulación. Lo habitual, es que los propietarios reciban una carta de pago para que abonen el impuesto en una entidad bancarias, en oficinas del propio ayuntamiento o, incluso, a través de métodos online. También es posible domiciliar el recibo para que anualmente se gire el correspondiente recibo.

Entra en vigor el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Fri, 09 Apr 2021 10:21:00 GMT

Desde el pasado 2 de abril, las administraciones públicas cuentan con una regulación única tanto para sus relaciones con los ciudadanos como con otras administraciones a través de medios online: el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

El Real Decreto (203/2021) que da publicidad a este marco normativo unifica los dos leyes que hasta hora abordaban este asunto: la del Procedimiento común de las administraciones públicas (Ley 39/2015) y la del Régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015). Asimismo, pretende impulsar la digitalización de todos los niveles de la Administración.

En este camino, y a lo largo de sus 65 artículos distribuidos en cuatro títulos, diez disposiciones adicionales y un anexo de definiciones, el reglamento promueve el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. En esta línea, se obliga a la relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 . Además, se instaura la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual las distintas instituciones públicas.

En esta línea, todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos salvo que los receptores sean personas físicas que no estén obligadas a ser notificadas electrónicamente. Igualmente, dispondrán de un archivo electrónico con los expedientes de procedimientos finalizados . Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los documentos en soporte no electrónico de los que se haya obtenido una copia electrónica auténtica podrán ser eliminados en las mismas condiciones que establece este real decreto.

La nueva normativa propone eliminar el papel para la mayor parte de los procesos, lo que ayudaría a una eliminación progresiva de la impresión y su consiguiente beneficio ambiental.

Sedes electrónicas y Carpeta Ciudadana

En aras de una mayor interoperatividad entre las distintas administraciones, se establecen las características que han de tener las sedes electrónicas , los sistemas de firma de sello o código seguro de verificación y los sistemas propios de firma electrónica.

Con el fin de promover la transparencia y la participación ciudadana, se regula el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) , la Carpeta Ciudadana y los registros electrónicos.

Además de las gestiones ciudadanas, este texto aborda el funcionamiento interno de las administraciones y las relaciones con otros estamentos de la administración pública mediante los medios digitales.

Estas últimas iniciativas están encaminadas a que lo ciudadanos no tengan que aportar en nuevos procesos información de la que ya disponga la Administración o que puedan consultar las notificaciones en un espacio digital único.

Con todo, el Gobierno afirma que pretende “contar con una Administración Pública digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales”. Para ello, el nuevo reglamento busca mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.

Compensación por la exención del IBI de los colegios concertados

Fri, 19 Mar 2021 12:23:00 GMT

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo directo gestionado por los ayuntamientos que grava el valor de los bienes inmuebles (rústicos, urbanos y de categoría especial) en los términos que establece la normativa vigente. El hecho imponible es la titularidad del bien. Sin embargo, hay casos particulares, como la exención del IBI de los colegios concertados .

Las exenciones de este impuesto también llegan a las propiedades del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, los bienes comunales y los montes vecinales en mano común, los de la iglesia católica en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede o los de la Cruz Roja Española, entre otros.

Volviendo al caso de los colegios concertados, el artículo 62.2.a de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) establece la exención para “los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo , en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada”.

Esta exención tiene carácter rogado y, por tanto, se concederá, si así procede, a instancia de la parte interesada.

Además, la citada norma determina que dicha exención “deberá ser compensada por la Administración competente”.

Compensación a los ayuntamientos

Como ocurre con en el caso de las bonificaciones del 95% del Impuesto de Actividades Económicas de las cooperativas , los ayuntamientos pueden iniciar el procedimiento de la devolución ante la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local. El alcance de la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles a los centros educativos concertados y el procedimiento para la compensación a los ayuntamientos se encuentra recogido en el Real Decreto 2187/1995 .

Entre la documentación que debe acompañar a la solicitud se encuentran diversos informes de la Gerencia de Catastro y de la administración educativa competente.

El plazo para que el organismo encargado resuelva el asunto es de tres meses.

En CTT podemos ayudarle a gestionar todos los trámites relacionados con estas compensaciones y contribuir así a aumentar los ingresos sostenibles para el ayuntamiento.

Legitimación de un tercero para recurrir una liquidación

Fri, 05 Mar 2021 16:02:00 GMT

Hoy abordamos un caso concreto que trató el Tribunal Supremo (STS 2863/2020) relacionado con la legitimación de un tercero para recurrir una liquidación de un impuesto en el que no es el sujeto pasivo.

El origen del conflicto que llega al alto tribunal se inicia cuando una empresa adquiere a otra una finca. La normativa estipula que corresponde a la parte vendedora el pago del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Sin embargo, en la escritura de compraventa se acordó que la parte compradora se haría cargo del tributo. Además, le otorgó poderes para comparecer en cualquier proceso ante cualquier administración.

En virtud del citado acuerdo, la parte compradora abono la plusvalía y, posteriormente, interpuso un recurso de reposición ante el ayuntamiento en nombre de la vendedora. A partir de ese momento, el consistorio y las empresas iniciaron un proceso judicial en busca de una aclaración sobre la legitimación de un tercero para recurrir una liquidación de un impuesto en el que no es el sujeto pasivo.

Interpretación del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo recuerda que la norma que regulan la legitimación para impugnar actos en la gestión de los tributos locales son la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Asimismo, han de tenerse en cuenta las cuestiones específicas que abordan la relación jurídico-tributaria en el ámbito de los tributos locales.

El artículo 19.1a de la LJCA otorga legitimidad antes el orden jurisdiccional contencioso-administrativo a las personas físicas o jurídicas que tengan un derecho o interés legítimo.

Se podría alegar que el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria hace referencia a que “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares , que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”. Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales legitima a “cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectado por el acto administrativo de gestión” a interponer recurso de reposición.

Tras abundar en la doctrina sobre la legitimación procesal, el Supremo fija su doctrina en los siguientes términos:

Las cuotas con destinos específicos deben excluirse en la tasa del 1,5% a las empresas suministradoras

Fri, 19 Feb 2021 17:27:00 GMT

Con cierta asiduidad hemos abordado la cuestión de las tasas derivadas de la utilización privativa o del aprovechamiento del suelo, el subsuelo o el vuelo en las vías públicas de un municipio. Un ámbito particular de este tributo afecta a las empresas suministradoras (electricidad, agua, gas…), que deben abonar una tasa del 1,5% de sus ingresos brutos de la facturación obtenida en el término municipal por aprovechar estas zonas comunes. Hoy traemos un caso especial sobre el que se ha manifestado recientemente el Tribunal Supremo: la exclusión de las cuotas con destinos específicos en el cálculo de los ingresos brutos de las compañías eléctricas.

La legislación vigente considera que tienen la consideración de cuotas con destinos específicos las siguientes partidas:

a) Los derechos de compensación por paralización de las centrales nucleares en moratoria referidos en la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico .

b) Las cantidades destinadas a la financiación del segundo ciclo del combustible nuclear referidas en la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997 .

c) Los costes del «stock» estratégico del combustible nuclear a que se refiere la disposición adicional decimotercera de la Ley del Sector Eléctrico .

d) Los costes reconocidos al operador del sistema.

e) Los costes reconocidos al operador del mercado.

f) Los costes de funcionamiento de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

g) Costes para las compensaciones específicas establecidas en el artículo 4, párrafo i), del presente Real Decreto 2017/1997 .

Estas cantidades se facturan al cliente final, pero se recaudan para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia , que es la encargada de dar a cada partida la aplicación que corresponda. Por tanto, no son ingresos para las compañías eléctricas.

La doctrina predominante antes del cambio legislativo producido el 1 de febrero de 2013 no excluía de los ingresos de la compañía las partidas percibidas por cuenta de terceros. Por tanto, las mencionadas cuotas con destinos específicos se consideraban ingresos a tener en cuenta para la liquidación de la tasa municipal del 1,5%. Sin embargo, desde ese momento, y de forma general, el criterio se ha ido modificando a tenor de la nueva normativa.

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , fija en el artículo 24 que “no se incluirán entre los ingresos brutos (…) los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa”.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el Tribunal Supremo (STS 4370/2020) ha dictaminado que “las cuotas o costes con destinos específicos del Sistema Eléctrico Nacional deben ser excluidas en los ingresos brutos sobre los que aplicar el porcentaje del 1,5% , a efectos del cálculo de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros”.

Límites a la imposición de tasas municipales

Fri, 05 Feb 2021 12:28:00 GMT

Los ayuntamientos tienen la potestad de establecer tributos. Sin embargo, esta libertad está sujeta a unos límites que establece la normativa vigente. Estas limitaciones alcanzan a las tasas municipales.

Antes de entrar en materia, conviene recordar que cuando nos referimos a los tributos locales se incluyen tres modalidades: impuestos, tasas y contribuciones especiales .

Según el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria (LGT) , los impuestos son “los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”.

Nos referimos a una tasa cuando el hecho imponible sea la “utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.”

Por último, una contribución especial es un tributo “cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos”.

Todas estas figuras tributarias deben están sujetas al principio de legalidad; esto es, deben tener el respaldo legislativo correspondiente, según regula el artículo 8 de la LGT.

Además, en el caso de las tasas locales la reglamentación ha de llegar a través de una ordenanza municipal. En este artículo del blog ya abordamos el Procedimiento para elaborar y aprobar ordenanzas municipales .

Ahora bien, los gobiernos locales deben tener en cuenta el contenido del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). El artículo 20.1 de esta norma les otorga la potestad de establecer tasas y hace un recorrido por algunas de ellas, culminando con este sintagma: “o cualesquiera otras”.

Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 2248/2020), esta expresión (“cualesquiera otras”) debe entenderse dentro del principio de legalidad, por lo que no es “un apoderamiento del ente local para regular discrecionalmente por simple vía reglamentaria nuevas actividades o servicios locales”. Así, el alto tribunal entiende que la capacidad de crear nuevas figuras impositivas debe circunscribirse a acciones o servicios con “una sustancial semejanza jurídica” con los descritos en el apartado 4 del artículo 20 del TRLRHL.

Por tanto, los ayuntamientos tienen la potestad de establecer las tasas municipales que consideren, pero siempre dentro de sus competencias y cumpliendo el principio de legalidad.

El Supremo declara nula la plusvalía si absorbe todo el beneficio

Fri, 08 Jan 2021 16:51:00 GMT

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia (STS 4182/2020) en la que anulaba una liquidación de la plusvalía por considerar confiscatoria una cuota del impuesto que absorbía el beneficio gravable.

El caso concreto sobre el que dictamina el alto tribunal se refiere a un incremento del valor de un terreno de naturaleza urbana de 17.473,71 euros. En base a la Ley de Haciendas Locales y las ordenanzas fiscales del municipio, el ayuntamiento giró una plusvalía de 76.847,76 euros. La aplicación literal de la sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de octubre de 2019 llevaría a reducir esta cantidad a los 17.473,71 euros.

Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo considera que esta circunstancia “resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el artículo 31.1 de la Constitución”.

En ese apartado, la Constitución establece que “todos lo ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

En base a ello, entiende que equiparar el incremento entre el precio de compra y el de enagenación “ha de reputarse”, además de ser “escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere el propio precepto constitucional”. El Tribunal considera “fuera de toda duda” que la “aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter confiscatorio” al suponer “una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente”.

Según el Supremo, esta situación lleva a manifestarse sobre “una liquidación tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional en la medida en que grava un incremento de valor constatado, establece una cuota confiscatoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable”.

Alcance de la sentencia

El tribunal reconoce que no le corresponde a él determinar “qué porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que no existiera la exageración, el exceso o la desproporción”. Es tarea del legislador, recuerda, «realizar la adaptación del régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto» por el Constitucional.

Por tanto, el alcance de la sentencia se limita a fijar la doctrina sobre el supuesto analizado. De esta forma establece que “resulta contraria a Derecho -por implicar un claro alcance confiscatorio- una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [ plusvalía ] que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable”.

Exenciones fiscales a entidades sin ánimo de lucro

Fri, 04 Dec 2020 08:07:00 GMT

Una de las fórmulas que las administraciones públicas emplean para incentivar los esfuerzos privados en actividades de interés general es la aplicación de exenciones fiscales a entidades sin ánimo de lucro. De forma general, estos incentivos vienen regulados por la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, pero su aplicación tiene algunas particularidades.

El alcance de la exención llega a los tributos locales. La norma dedica a ellos el capítulo III. El artículo 15.1 establece que “estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.

En el epígrafe siguiente, se fija que la exención también alcanzará el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Cómo acogerse a la exención

La aplicación de este régimen especial está condicionada a que las entidades sin ánimo de lucro comuniquen al ayuntamiento su voluntad de acogerse a esta situación. Así lo establece el artículo 15.4 de la Ley 49/2002.

El Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo incide en esta cuestión: “(…) la entidad deberá comunicar a la Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal”. Además, el artículo 2 se refiere explícitamente a los tributos locales y establece:

La norma también fija que “los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas”.

Pese a que, inicialmente, parece clara la aplicación de estas directrices, el Tribunal Supremo ha tenido que interpretar algunos aspectos relacionados con estas cuestiones. El alto tribunal resume su criterio en una sentencia fechada el 22 de junio de 2020:

En el caso del IAE , el Tribunal Supremo remite al Real Decreto 243/1995 , por el que se dictan normas para la gestión de este tributo. Su artículo 9.1 establece que “las bonificaciones o beneficios fiscales de carácter rogado deberán solicitarse al presentar la declaración de alta en la matrícula del impuesto” En el caso de IBI, no existe esta indicación, por lo que es suficiente con la comunicación de la opción por el régimen especial.

Modificación de impuestos y tasas para ayudar a la hostelería

Fri, 20 Nov 2020 10:47:00 GMT

Las restricciones a la movilidad y a las relaciones sociales para frenar el avance de la Covid-19 están provocando un serio perjuicio a numerosas actividades económicas. Entre ellos, se encuentran los bares y restaurantes. Los ayuntamientos están impulsando la modificación de impuestos y tasas para ayudar a la hostelería.

Cierres, limitación de horarios, reducción de aforos, espacios donde no es permitido servir a los clientes… Los hosteleros tienen que hacer frente a importantes restricciones a la hora de prestar sus servicios como consecuencia de la alerta sanitaria. El sector trata de adaptarse a las circunstancias, pero calcula que 90.000 bares y restaurantes puede estar abocados al cierre por la reducción de los ingresos, que cifran en 15.000 millones de euros en 2020.

Muchos ayuntamientos están buscando fórmulas para paliar, en la medida de sus posibilidades, la difícil situación por la que atraviesan las empresas relacionadas con la hostelería.

En la localidad conquense de Tarancón , por ejemplo, se ha derogado la ordenanza fiscal que regula la instalación de terrazas. De esta forma, además de eximir a las empresas del pago de la correspondiente tasa, se permite la instalación durante todo el año.

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Alcañiz ha permitido instalar cerramientos de veladores hasta el 31 de marzo de 2021 y Portugalete ha suspendido la tasa de terrazas durante 2020. En Ciudad Rodrigo, la exención de la tasa se extiende a 2020 y 2021 .

Los hosteleros de A Coruña tampoco tendrán que pagar la tasa de terrazas en 2021. También pueden solicitar la reducción en el recibo de basuras por el cierre de sus establecimientos.

Muchos consistorios están optando por la reducción de las tasas. Zaragoza ha puesto en marcha un Plan Urgente de Rescate Fiscal que incluye la bonificación del 30% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un 50% en las “tasas de veladores”. Este último porcentaje de descuento es el que se aplicará a la tasa de terrazas en Murcia durante el primer semestre de 2021. En Ponferrada , se ha anunciado una rebaja del 90%.

Sin salir de Aragón, el pleno del Ayuntamiento de Jaca acaba de aprobar para el próximo año una reducción del 65% en las tasas de terrazas y un 20% en la de basuras.

En Cádiz , se bonificará el 100% de la tasa de terrazas durante el primer semestre de 2012 y el 90% la tasa por licencia de apertura a lo largo de todo el año.

Esta modificación de impuestos y tasas para ayudar a la hostelería son solo algunos ejemplos del empleo que están haciendo los ayuntamientos de las medidas que tienen a su alcance. Además, se están impulsando líneas de ayudas directas y campañas de promoción, entre otras medidas, para contribuir a mantener la actividad y la recuperación de un sector fuertemente castigado por la Covid-19.

Preguntas y respuestas sobre la suspensión de las reglas fiscales

Fri, 13 Nov 2020 11:42:00 GMT

La Secretaría de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha hecho público un documento con preguntas y respuestas sobre la suspensión de las reglas fiscales durante los ejercicios 2020 y 2021.

El texto incluye 22 cuestiones divididas en tres grandes grupos: cuestiones comunes a comunidades autónomas y entidades locales, asuntos específicos de las comunidades autónomas y materias que incumben únicamente a las entidades locales.

En este último apartado se aborda el mantenimiento del régimen de endeudamiento, el destino del superávit y los informes de sostenibilidad financiera.

Así, se recuerda que “ se mantiene la aplicación en su totalidad del régimen de endeudamiento de las EELL establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en otras normas con rango de ley. De este modo, se mantiene y no se suspende el régimen de autorización de operaciones de crédito”.

Por otro lado, se aclara que no se exigirá el cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en relación con el superávit de 2019 y de 2020 y su destino en 2020 y 2021, respectivamente.

La suspensión de las reglas fiscales supone que no se apliquen las medidas correctivas y coercitivas incluidas en la legislación vigente. Por lo tanto, en 2020, no se aplicarán las medidas relacionadas con el “incumplimientos en 2019 de reglas fiscales constatados con las liquidaciones de presupuestos, o con los estados contables del cierre del ejercicio. En 2021 y 2022, tampoco se aplicarán en relación con los resultados de las liquidaciones de 2020 y 2021, respectivamente”.

De cara a los presupuestos de 2021 , las entidades locales podrán presentar “una situación de déficit de hasta el 0,1% del PIB, en términos de contabilidad nacional, aunque la de equilibrio presupuestario debería ser la situación deseable”.

Ahora bien, el Ministerio deja claro que “la suspensión de las reglas fiscales no implica otra correlativa de las obligaciones que tienen las administraciones públicas con terceros, y, concretamente, con los proveedores”. Por tanto, se han de mantener los periodos de pago . Tampoco afecta al cumplimientos de las obligaciones de transparencia y suministro de información.

El documento completo de preguntas y respuestas sobre la suspensión de las reglas fiscales puede consultarse aquí: Preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

La entrada Preguntas y respuestas sobre la suspensión de las reglas fiscales se publicó primero en Munigest Tributos .

Cálculo de la base imponible del ICIO en obras por licitación

Mon, 26 Oct 2020 19:16:00 GMT

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) es un tributo directo que grava “cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia”. Para calcular la base imponible del impuesto se tiene en cuenta el coste de ejecución material de la actuación que se va la llevar a cabo. Pero, ¿cómo debe realizarse el cálculo de la base imponible del ICIO en obras por licitación?

Supongamos que una empresa resulta adjudicataria de una actuación urbanística mediante un concurso público. En el proceso, el coste de la obra se cifró en 20.000 euros, pero la adjudicación se realizó, en base a la oferta de la empresa, por 16.800 euros. Este fue, finalmente, el pago que realizó la administración. En este supuesto, ¿cuál debe ser el importe utilizado para el cálculo del ICIO?

La solución la ofrece el Tribunal Supremo a través de una sentencia (STS 736/2020) fechada en junio 2020.

Considera que “la baja de licitación o adjudicación en cuanto no conforma el coste de ejecución material de las obras no puede formar parte de la base imponible en la liquidación definitiva”.

El tribunal recuerda que la liquidación provisional debe cuantificarse “en función del presupuesto presentado por los interesados”, mientras que “la vinculación definitiva a las partidas que integran dicho presupuesto no es sino la consecuencia de que la base imponible viene constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra”. Si esta es la misma que fue objeto de presupuesto y proyecto en su día, debe hacerse esta apreciación.

Sobre esta base, el artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales establece que la comprobación administrativa es “un trámite inexcusable” para determinar que la obra proyectada, en su desarrollo o ejecución, se ha ajustado o no al presupuesto presentado. Esta labor es necesaria para determinar la liquidación definitiva.

En este trámite, el Tribunal Supremo considera que un ayuntamiento “no puede introducir en la liquidación definitiva, partidas o conceptos que, figurando en el presupuesto aportado por el interesado, no se incluyeron, pudiendo haberse hecho, por tanto, en la liquidación provisional”. En particular, “no pueden rectificarse en perjuicio del sujeto pasivo los conceptos, partidas, equipos o instalaciones no incorporadas a la liquidación provisional cuanto tal rectificación empeora la situación jurídica del interesado”.

Por último, entiende que deben excluirse todos aquellos elementos que no forman parte del coste de ejecución material , y la baja de licitación o de adjudicación en cuanto valor que se deduce del propio presupuesto de ejecución material, y por ende resulta ajeno al coste real y efectivo de las obras, debe excluirse de la base imponible del ICIO en la liquidación definitiva”. En el caso de las obras públicas, debe coincidir con los pagado por la administración, con las exclusiones legalmente previstas.

Por tanto, debe excluirse la baja de licitación del coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra para cuantificar la base imponible del ICIO. En el caso que hemos puesto como ejemplo, la base imponible es serían 16.800 euros, importe que coincide con la oferta realizada y el coste real de la actuación y, por tanto, con lo que pagó la administración.

Acceso a la información impositiva local de 2020

Thu, 08 Oct 2020 13:36:00 GMT

El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la información impositiva local de 2020. En concreto, se facilitan los tipos impositivos, porcentajes y coeficientes de los impuestos locales de los municipios de régimen común (todos, menos los pertenecientes al País Vasco y Navarra).

Tal y como establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , los ayuntamientos deben exigir a sus ciudadanos tres impuestos: Bienes Inmuebles (IBI), Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Además, tienen potestad para establecer el Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Datos agregados

La información impositiva local de 2020 refleja que la media del tipo impositivo del IBI para los bienes urbanos se establece en un 0,58792%, mientras que para los rústicos se sitúa en el 0,61896%. El primero de ellos es ligeramente inferior al del pasado ejercicio (0,58900%). El segundo, supera al de 2019 (0,61858%).

En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas , el coeficiente máximo es del 1,3 – en 2019 fue de 1,29- y el mínimo del 1,12, similar al del ejercicio anterior.

Los coeficientes de incremento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son similares al de 2019 para turismos (1,22 de mínimo y 1,25 de máximo), camiones (1,23 y 1,24), tractores (1,22 y 1,23), remolques (1,22 y 1,23) y “otros” (1,24 y 1,28). En el caso de los autobuses hay un incremento en el coeficiente mínimo (pasa del 1,22 al 1,23) y se mantiene el máximo en el 1,23.

Dentro de los impuestos potestativos, el ICIO está establecido en 6.902 municipios. El tipo impositivo medio se sitúa en el 2,62%, porcentaje que no ha variado desde 2017.

En cuanto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), está regulado en 3.740 municipios. Los porcentajes medios anuales para determinar el incremento del valor son: 2,98% de 1 a 5 años. 2,74% hasta 10 años, 2,59% hasta 15 años y 2,51% hasta 20 años. Estas cifras no han variado desde 2015.

El tipo impositivo que se aplica a la base imponible del impuesto es del 22,79% para bienes de 1 a 5 años, del 22,48% hasta 10 años, 22,2% hasta 15 años y del 21,98% hasta 20 años.

Todos los datos están accesibles en una web habilitada para la consulta de la información impositiva municipal . Además, se pueden consultar datos clasificados por tamaño de municipio o hacer consultas individuales por ayuntamientos.

Metodología

La recogida de datos se ha realizado principalmente a través de internet. Aquellos municipios que no han podido acceder a través de este sistema han facilitado la información mediante documentación impresa.

También se han empleado como fuente informativa las ordenanzas fiscales publicadas en los boletines oficiales de las provincias. Con todo ello, el 1 de septiembre se disponía de información de los 7.608 ayuntamientos del territorio común

Bonificación en el impuesto de circulación para vehículos históricos

Mon, 21 Sep 2020 14:55:00 GMT

En España, los titulares de los vehículos de tracción mecánica deben hacer frente a un impuesto para circular por las vías públicas . En determinados casos, como en el impuesto de circulación para vehículos históricos, existen una serie de bonificaciones.

Los artículos 92 a 99 del texto refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) se encargan de fijar las directrices para la aplicación y gestión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Se trata de un impuesto directo que grava la titularidad de los vehículos considerados aptos para circular por las vías públicas; es decir, que dispongan de matrícula. La cuota que se debe satisfacer se calcula atendiendo a características como el número de plazas, la potencia o la carga útil.

Sobre estas cuotas, la TRLRHL ofrece la potestad a los ayuntamientos para aplicar una serie de bonificaciones. Entre ellas, el artículo 95.6 hace referencia a los “ vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años . Para ellos establece la posibilidad de aplicar una bonificación de hasta el 100% en el impuesto de circulación.

Vehículos históricos

La consideración de vehículo histórico viene regulada en el Real Decreto 1247/1995 . En su artículo 1 fija que la primera condición es que “tenga una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación”. En el supuesto de que no se conociese este dato, se tomará como referencia el día de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que ese modelo se dejó de fabricar.

También tendrán esta consideración los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico Español . Asimismo, se incluirán los declarados bienes de interés cultural y los que “revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica”.

Para acceder a esta condición, los vehículos deben pasar una inspección para ser catalogados como tal, cumplir con las directrices de la ITV y matricularse como histórico en Tráfico.

Ordenanzas municipales

Las bonificaciones incluidas en el texto refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales tienen carácter potestativo, por lo que deben ser los ayuntamientos quienes las regulen. El instrumento para ello es la ordenanza fiscal. En ella se establecerán los requisitos y la cuantía de la bonificación, atendiendo a los límites marcados en la TRLRHL.

Como norma general, los ayuntamientos suelen aprobar bonificaciones en el impuesto de circulación que llegan al 100% en el caso de los vehículos históricos o con más de 25 años.

El plazo para comunicar el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos durante 2016 finaliza el 31 de octubre

Fri, 04 Sep 2020 18:38:00 GMT

Las administraciones locales disponen de plazo hasta el próximo 31 de octubre para comunicar el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos correspondiente al año 2016. Esta información servirá de base para calcular la liquidación definitiva de su participación en los tributos del estado de 2018.

El Boletín Oficial del Estado del 27 de agosto publicó la resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local con la información a suministrar. Los consistorios deberán remitir lo siguiente:

– Certificado de las recaudaciones líquidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

– Base imponible del IBI de naturaleza urbana.

– Tipos de gravamen del IBI, tanto de naturaleza urbana como rústica.

– Cuota tributaria exigible por el IAE.

La documentación se puede presentar tanto en formato papel como de forma telemática. En el primer caso, se debe remitir a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia correspondiente antes del 31 de octubre de 2020. Si se opta por la tramitación electrónica, se realizará en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales antes de la misma fecha. En este último supuesto será preciso contar con firma electrónica.

Comprobación de la información

Las delegaciones de Economía y Hacienda comprobarán la información sobre el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos. Según la resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación:

– Datos de la recaudación líquida en el periodo voluntario de 2018.

– En el caso de que existan discrepancias respecto a los datos del certificado expedido por el órgano recaudador provincial o supramunicipal y las cifras aportadas por el ayuntamiento, prevalecerán las recogidas en el primero, salvo cuando haya habido actuaciones de recaudación municipal (altas en padrones tributarios, por ejemplo), en cuyo caso se dará cuenta por separado y se sumarán ambos importes.

– La recaudación del IAE no podrá exceder de la cuota tributaria total, deducida de la Tarifa. Se incrementará con el importe de la compensación que se hubiere reconocido a los ayuntamientos por bonificaciones en la cuota concedidas a las cooperativas .

– La recaudación del IBI de naturaleza urbana no podrá exceder la aplicación del tipo de gravamen acordado por el ayuntamiento sobre la base imponible. Esta recaudación se incrementará con el importe de la compensación reconocida a los ayuntamientos por bonificaciones concedidas a centros educativos concertados.

Además, las delegaciones de Economía y Hacienda prestarán especial atención a los siguientes aspectos:

– La base imponible del IBI de naturales urbana, en la que no se deben incluir los inmuebles de características especiales y se recogerán en el certificado de forma separada.

– Que los tipos de gravamen del IBI estén incluidos en los límites fijados en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

– Que la cuota tributaria total del Impuesto sobre Actividades Económicas no incluya cuotas provinciales o nacionales ni recargos provinciales.

En el supuesto de que se preciso ajustar las certificaciones, se comunicará a los ayuntamientos para que, en el plazo de quince días, presenten las alegaciones que estimen.

Las delegaciones de Economía y Hacienda deberán remitir a la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local la información del esfuerzo fiscal de los ayuntamientos antes del 29 de diciembre de 2020.

Las universidades están exentas del pago del IBI

Thu, 13 Aug 2020 15:20:00 GMT

Las propiedades inmobiliarias afectadas a los fines de las universidades están exentas del pago del IBI. Esta exención está recogida en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades .

El texto legal dice textualmente que “los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria”. La norma estable como condición que “los tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria”.

Con la entrada en vigor de la Ley 51/2002 que reformaba de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales (LRHL), surgió cierta controversia sobre si se mantenía la exención. La cuestión se centraba en la derogación de las exenciones de los tributos locales que incluía.

Interpretación del Tribunal Supremo

EL Tribunal Supremo puso fin a las diversas interpretaciones en una sentencia del mayo de 2020 (STS 986/2020): la exención del Impuesto sobre bienes inmuebles recogida en la Ley de Universidades “es de aplicación desde su entrada en vigor , sin que haya sido derogada por ninguna otra norma posterior”.

En los fundamentos de derecho, el Supremo recuerda que la Ley de Reforma Universitaria de 1983 ya incluía la exención tributaria. Posteriormente, la LRHL de 1998 eliminó este beneficio. Esto supuso que las universidades tuviesen que pagar el IBI hasta la entrada en vigor de la Ley de Universidades de 2001, donde se recuperaba la exención.

El artículo 80.4 remitía a la Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (Ley 30/1994). Según el alto tribunal, esta remisión hay que entenderla, hoy en día, a la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo .

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado en 2004, indica que se aplicarán las exenciones reconocidas en otras normas con rango de ley, como es el caso de las que nos ocupan.

Por otro lado, en su argumentación el Tribunal Supremo entiende que se trata de una exención ex lege y que “no existe base legal para entender que se trata de una exención rogada”.

Tras el análisis, interpreta que ninguna norma ha derogado la exención del impuesto de bienes inmuebles, por lo que tiene plena validez. Por tanto, las propiedades inmobiliarias afectadas a los fines de las universidades están exentas del pago del IBI.

Los ayuntamientos siguen aprobando medidas para mitigar los efectos de la COVID19

Fri, 31 Jul 2020 07:09:00 GMT

Desde que se inicio el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, los ayuntamientos españoles han buscado fórmulas para minimizar los efectos entre sus ciudadanos . Al margen de las iniciativas sanitarias, muchos municipios han tomado decisiones para reducir la carga fiscal. Una vez finalizado el estado de alarma, los gobiernos locales siguen aprobando medidas para mitigar los efectos de la COVID19.

Recientemente, el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado un procedimiento para subvencionar el 95% del impuesto de construccione s para obras de adaptación a la normativa sanitaria como consecuencia de la pandemia.

El ayuntamiento de Vigo ha anunciado distintas medidas : descuento de 99 días en la tasa de basuras y entrada de vehículos, reducciones en el recibo del agua o bonificaciones en las tasas por licencias de obras relacionadas con la COVID19, entre otras.

Apoyo a la hostelería

El apoyo municipal está llegando a uno de los sectores más castigados: la hostelería. En Torrejón de Ardoz, entre otras medidas, se ha suprimido la tasa de terrazas a bares y restaurantes durante este año. También, se exime del pago del IBI a las familias con todos los miembros en paro. También el pleno de Roquetas del Mar ha aprobado la exención de la tasa de terrazas , en su caso para los años 2020 y 2021. En Punta Umbría , se permite ampliarlas sin coste adicional . En Donostia se ha rebajado un 66% el recibo de terrazas.

Las modificaciones del consistorio de Santander se han centrado en la reducción del IAE, la bonificación de la tasa de basuras no domésticas y la exención a vendedores ambulantes y quioscos de la tasa por ocupación de la vía pública. Cuenca también ha reducido la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos para las actividades comerciales que quedaron suspendidas durante el estado de alarma.

De forma similar, Mazarrón ha puesto en marcha una tarifa reducida de basuras por bimestre para establecimientos y comercios cerrados por la pandemia.

En San Pedro del Pinatar , han convocado ayudas para la bonificación de la cuota del IBI de los inmuebles destinados a actividades económicas y el pago de la cuota trimestral fija por suministro de agua y alcantarillado y recogida de basuras.

En algunos casos, se está facilitando el pago de los impuestos. Es el caso del municipio de Burriana, que ha aprobado un nuevo periodo de pago del IBI y el AIE , retrasando en dos meses el cobro.

En Córdoba , miran ya al próximo año y se ha tomado la decisión de congelar los impuestos municipales en 2021 .

Los ejemplos reseñados son una muestra del relevante papel de los ayuntamientos para facilitar la vida de sus ciudadanos, especialmente en los momentos más difíciles.

La entrada Los ayuntamientos siguen aprobando medidas para mitigar los efectos de la COVID19 se publicó primero en Munigest Tributos .

Límites a la exposición pública de la matrícula del IAE

Thu, 16 Jul 2020 09:57:00 GMT

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se gestiona a partir de una matrícula que se confecciona anualmente. En ella se incluye a los sujetos pasivos que ejercen actividades económicas y que no están exentos del pago del impuesto. Esta información está a disposición del público en cada ayuntamiento, aunque hay límites a la exposición pública de la matrícula del IAE.

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) establece que corresponde a la Administración tributaria del Estado o a la entidad que haya asumido por delegación la gestión censal del tributo elaborar este listado (art. 2). Además, fija que se “pondrá a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos desde el 1 al 15 de abril”.

Asimismo, cuando se trate de cuotas provinciales, se pondrá a disposición del público en el Ayuntamiento de la capital de la provincia en cuyo ámbito tenga lugar la actividad. En el caso de cuotas nacionales, estarán accesible en el Ayuntamiento correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.

La normativa obliga a los ayuntamientos a publicar anuncios sobre el periodo de exposición en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Si la población del municipio supera los 10.000 habitantes, también debe anunciarse en un diario de los de mayor difusión de la provincia.

Datos reservados

Ahora bien, el artículo 85 de la Ley General Tributaria (LGT) considera que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado ”. De esta forma, “sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan”. Se autoriza la cesión a terceros en casos muy determinados, especialmente en los que tienen como objeto la colaboración entre instituciones.

A través de la respuesta a una consulta vinculante (número V1440-20), la Dirección General de Tributos sostiene que la exposición al público de la matrícula del IAE “no supone en absoluto que decaiga el carácter reservado de los datos” . Por tanto, “todo aquel que quiera saber si figura en la matrícula, o los datos que figuran en la misma, puede acudir al Ayuntamiento correspondiente en ejercicio de su derecho de acceso, de rectificación y, en su caso, cancelación de esos datos”.

A modo de conclusión, Hacienda considera que, durante los periodos de exposición de la matrícula, una persona o entidad solo puede consultar la información tributaria correspondiente a sus datos contenidos en esa matrícula, no pudiendo acceder a los datos correspondientes a otros obligados tributarios sin el consentimiento de estos”.

Por tanto, hay límites para la exposición pública de la matrícula del IAE .

Contraprestación por el uso de instalaciones deportivas: precio público y privado

Fri, 03 Jul 2020 07:57:00 GMT

La naturaleza jurídica del pago que los ciudadanos deben satisfacer para hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos es una cuestión que genera controversia. Como hemos comentado en artículos anteriores , la forma de gestión del servicio, suele ser determinante para considerar el pago como una tasa , un precio público o una tarifa de carácter público o privado. Un caso concreto de esta cuestión es la contraprestación por el uso de instalaciones deportivas.

El pasado 23 de junio, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo aclaraba algunas cuestiones a este respecto a través de la sentencia nº 856/2020 . Así, recuerda que, tradicionalmente, cuando el servicio de prestaba de forma directa por la administración el ingreso adoptaba normalmente la figura de tasa de naturaleza tributaria . Si esta prestación se realizaba de forma indirecta a través de una entidad privada, la contraprestación se hacía mediante un ingreso no tributario, generalmente bajo la denominación de “tarifa” . El Tribunal reconoce que el tiempo fue modificando este esquema generando “confusiones e inseguridades jurídicas”.

En el núcleo de este debate se encuentra determinar “la verdadera naturaleza jurídica de las prestaciones abonadas por parte de los usuarios que se percibe por el concesionario de los servicios públicos, en los supuestos de gestión indirecta de los servicios públicos, en tanto que dependiendo de dicha naturaleza jurídica cambia el régimen jurídico aplicable y las exigencias legalmente previstas”.

Contraprestación por el uso de instalaciones deportivas

La sentencia del alto tribunal se centra en analizar el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde existen instalaciones gestionadas directamente por el consistorio y otras de forma indirecta a través de un concesionario que percibe directamente la contraprestación del usuario.

Tras considerar que en el primer caso nos encontramos ante un precio público , entra de lleno en el análisis de la prestación de servicios por un concesionario. Comienza realizando un detallado recorrido histórico del marco jurídico que afecta a esta controversia y las diversas resoluciones judiciales que han abordado el asunto. Finalmente, concluye que, “ si el prestador del servicio no es el ente local, como en los precios públicos, sino el concesionario, y se presta en régimen de voluntariedad, la contraprestación recibida no puede ser más que un precio privado , surgido entre la relación de la entidad privada que lo gestiona y el interesado, que se desarrolla en el ámbito del Derecho privado, ajeno, por tanto, a la consideración de ingreso público”.

Ahora bien, este precio privado “para remunerar al prestador del servicio” puede estar referenciado a los precios públicos . Si la modificación estos precios incide en la relación contractual con el concesionario, este tiene derecho a “procurar el equilibrio económico financiero en el seno de la relación contractual” instando la revisión de precios que se ajuste al régimen establecido en el contrato.

El Supremo descarta devolución de la plusvalía abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho

Fri, 12 Jun 2020 17:16:00 GMT

El Tribunal Supremo sigue pronunciándose sobre el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que declaró inconstitucionales algunos preceptos reguladores del impuesto municipal sobre la plusvalía. Ahora, el alto tribunal considera que no puede solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme amparándose en la nulidad de pleno derecho.

Esta es la conclusión que se extrae de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera fechada el pasado 18 de mayo . En ella se aborda la petición de la devolución de ingresos derivados de una liquidación firme del impuesto municipal sobre la plusvalía de un ayuntamiento valenciano que tuvo lugar en 2016 como consecuencia de la venta de una vivienda.

Antes de entrar en materia, conviene recordar que el Tribunal Constitucional declaró en 2017 inconstitucionales los preceptos de la normativa que permitían la liquidación del impuesto en los casos en los que no se constatase un incremento del valor del terreno en la transmisión.

En base a esta declaración de inconstitucionalidad, la parte vendedora solicitó en enero de 2018 la devolución de la cantidad abonada justificando que no se había producido un incremento patrimonial en la enajenación. Por tanto, defendía que estaba afectada por la sentencia dictaminada con el Constitucional. Finalmente, el caso llegó al Supremo a través de un recurso en casación del ayuntamiento.

Sentencia del Tribunal Supremo

En su sentencia, el Tribunal Supremo da respuesta a algunas cuestiones jurídicas que se habían suscitado en el proceso. En esta línea, tiene especial relevancia la consideración de que la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria: la revisión de actos nulos, la revocación o el recurso extraordinario de revisión.

Además, entiende que la declaración de inconstitucionalidad no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los apartados a), d), e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria.

Por tanto, el Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de una plusvalía abonada por liquidación firme alegando la nulidad de pleno derecho.

Con anterioridad, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado en el sentido de que los Ayuntamientos pueden liquidar la plusvalía municipal en los casos en los que no se acredite la pérdida de valor .

Plazos y aplazamientos en las medidas tributarias extraordinarias COVID-19

Fri, 15 May 2020 11:30:00 GMT

Debido a la especial situación de alarma en España, las administraciones públicas han impulsado una serie de medidas tributarias extraordinarias COVID-19. Estas iniciativas se han centrado en la ampliación de plazos y el aplazamiento de deudas .

Como complemento a la normativa estatal, los ayuntamientos también promovieron algunas medidas concretas en sus ámbitos de actuación, pero siempre sujetas a las directrices generales.

La primera cuestión que conviene tener en cuenta es que el Real Decreto-Ley 7/2000 ampliaba una serie de plazos iniciados con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria hasta el 30 de abril. La situación actual he hecho necesario extender este límite temporal y fijarlo en el 30 de mayo ( Real Decreto-ley 17/2020 ). Como consecuencia, se extienden hasta esa fecha los plazos para:

– El pago de deuda tributaria en periodo voluntario de las liquidaciones realizadas por la Administración y aquellas en las que se ha iniciado el periodo ejecutivo tras la notificación de la providencia de apremio.

– Los vencimientos de los plazos y fraccionamientos previamente concedidos.

– Las subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación)

– Atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con transcendencia tributaria. También aquellos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

En todas estas situaciones se debe tener en cuenta que se refieren a asuntos cuyos plazos se abriesen con anterioridad al 18 de marzo y que no estuviesen concluidos en esa fecha.

Para acogerse a estas medidas no es necesario presentar ninguna solicitud; la ampliación se aplica por defecto.

Otros plazos afectados

Las medidas tributarias extraordinarias COVID-19 también afectan a los plazos administrativos de otras actividades de las administraciones públicas, como pueden ser los precios públicos o las sanciones.

En el caso de las subvenciones, los plazos de tramitación quedan suspendidos, sin que sea necesario realizar ninguna comunicación al respecto. Ahora bien, en casos debidamente motivados para la protección del interés general, se puede acordar la continuación del procedimiento.

Tampoco computarán hasta el 30 de mayo la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económicos administrativos. Asimismo, quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos incluidos en la normativa tributaria.

Ahora bien, según el Ministerio de Hacienda , los intereses de demora se devengarán como es habitual, tanto a favor de los obligados afectados como de las instituciones públicas. Ahora bien, “no se incrementa la cuantía de los mismos en relación con los vencimientos incluidos en acuerdos de concesión de aplazamiento o fraccionamiento que han sido trasladados al 30 de mayo”.

Las tasas de residuos no tienen en cuenta criterios ambientales

Fri, 08 May 2020 13:03:00 GMT

Las ordenanzas que regulan las tasas de residuos no tienen en cuenta criterios ambientales. Esta es una de las conclusiones del estudio Las tasas de Residuos en España realizado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos impulsado por la Fundación ENT .

Tras analizar la regulación en 125 municipios, el trabajo evidencia la heterogeneidad de las normativas como consecuencia de la flexibilidad del marco legal para establecerlas.

Lo que sí es una norma habitual es la ausencia de criterios relacionados con el medio ambiente . En los servicios domiciliarios predominan las tasas fijas con una escasa presencia de algún tipo de beneficio que fomente la defensa medioambiental.

En cuanto a las tasas comerciales , su articulación suele establecerse en función de la actividad y la superficie ocupada por el negocio, sin que tampoco sean relevantes los beneficios que potencien las buenas prácticas en materia ambiental.

Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos , las regulaciones no aprovechan el potencial que tiene la tasa de residuos para mejorar la gestión de los residuos. Solo e 5.7% de los municipios tiene tasas de residuos que tienen en consideración beneficios fiscales de carácter ambiental (uso de puntos limpios, compostaje casero, separación de residuos…).

Una tasa muy extendida

La tasa de residuos está presente en el 97,6% de los municipios. En el 93% de los ayuntamientos que han establecido esta figura impositiva, se diferencia entre los servicios a los hogares y servicios a los comercios.

El importe medio de las cuotas domésticas en 2019 alcanzó los 89,4€ anuales por hogar. En el 45% de los municipios, estas tasas tienen una cuota fija. En los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes esta opción es mayoritaria. En el caso de que existe una variación, suele estar relacionada con la localización de la vivienda, el valor catastral o el consumo de agua.

Las cuotas comerciales también discriminan en función de varios criterios, como la actividad económica , la superficie del local o el número de empleados. En este ámbito, las cuotas medias varían entre los 790,8 euros anuales de un supermercado a lo 183,1 euros anuales de una peluquería.

En general, suelen ofrecerse beneficios fiscales centrados en cuatro criterios: rentas bajas (33%), pensionistas (19%), personas en riesgo de exclusión social (17%) y familias numerosas (10%).

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las entidades locales

Tue, 14 Apr 2020 15:25:00 GMT

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España en la lucha contra el Covid-19 incluyen la s uspensión de plazos en el ámbito tributario de las entidades locales.

El Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció que desde el decreto del estado de alarma y hasta el 30 de abril, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas regidos por la Ley General Tributaria comenzase a contar desde esta última fecha. Esta media es de aplicación tanto en los supuestos en los que se hubiera iniciado el plazo de un mes para recurrir como en los que aún no se hubiese notificado el acto o resolución objeto del recurso o reclamación.

La ampliación de los plazos se extendía a los recursos de reposición y reclamación establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

En el primer caso -el que hace referencia a la Ley General Tributaria-, existían dudas sobre el alcance de la normativa en el ámbito de las entidades locales. Esta situación ha hecho necesaria una aclaración que llegó el pasado 31 de marzo. El artículo 53 del Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 precisaba la escenario:

Así pues, se corroboraba la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las entidades locales.

Modificaciones en los calendarios fiscales

Muchos ayuntamientos están tratando de paliar la situación a la que se enfrentan sus ciudadanos con motivo de la pandemia de Covid-19 flexibilizando en pago de los impuestos.

Entre las medidas que se están adoptando está la modificación de los calendarios fiscales para retrasar el abono de los tributos. Toledo , Cuenca , Loeches , Manises , Consuegra , Algete , Madridejos o Molina del Segura son algunas de las localidades que han adoptado esta decisión.

En este entrada hablábamos de otras medidas que los ayuntamientos están adoptando en materia tributaria por el Covid-19 que van más allá de la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las entidades locales.

Los ayuntamientos adoptan medidas extraordinarias en materia tributaria por el COVID-19

Wed, 25 Mar 2020 19:00:00 GMT

La situación a la que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la pandemia de COVID-19 está haciendo que las autoridades tomen decisiones para hacer frente al impacto en muchos ámbitos. Entre estas acciones, algunos ayuntamientos adoptan medidas extraordinarias en materia tributaria.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuenca ha emitido un decreto que incluye medidas como ampliar el vencimiento de aplazamientos, fraccionamientos, requerimientos y otras diligencias hasta el 30 de abril. Además, se extiende el plazo de pago de algunos impuestos que se encontraban en periodo de liquidación voluntaria, no se iniciarán procesos de embargos y se suspende la tasa por ocupación de la vía pública.

En Toledo, también se han suspendido plazos y se ha modificado el calendario tributario . Esta última medida también se ha tomado en Cieza, donde, además, se han aplazado tres meses las “liquidaciones de ingreso de derecho público” cuyos vencimientos sean efectivos en el periodo de estado de alarma

Por su parte, la concejalía de Actividad Económica y Hacienda de Madrid ha suspendido o interrumpido los plazos de determinados procedimientos tributarios municipales.

En Oviedo, se ha eliminado temporalmente el pago de la ordenanza reguladora del aparcamiento (también lo han hecho otras localidades como Murcia o Valladolid ) y en Barcelona no se cobrará la tasa de terrazas ni el precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales.

En Valencia , se suspende durante un tiempo el pago de algunos impuestos y se ha eliminado temporalmente la tasa de mesas y sillas. También en Alicante se ha aplazado el inicio del periodo voluntario del IB I y la tasa de basura.

El Ayuntamiento de Mérida ha acordado con la empresa Aqualia la posibilidad de devolver el recibo del agua sin coste alguno para aquellas personas o empresas que no puedan hacer frente. Además, aplaza el pago del IBI y el IAE.

Asimismo, el gobierno de Nerja ha decidido no emitir nuevas liquidaciones de tributos mientras dure esta situación

Son solo algunos ejemplos de Ayuntamientos que adoptan medidas extraordinarias en materia tributaria por el COVID-19 para limitar los efectos económicos del estado de alerta entre sus ciudadanos.

Un cambio en la Ley de Contratos permite la concesión de varios contratos menores a una misma empresa

Fri, 28 Feb 2020 09:15:00 GMT

El Gobierno ha modificado el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público para suavizar los requisitos exigibles en los contratos de obras y servicios de menor cuantía. A partir de ahora, se permite la concesión de varios contratos menores a una misma empresa.

El cambio ha llegado a través de un real decreto, publicado el pasado 5 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, que incluía una serie de medidas urgentes para incorporar al ordenamiento jurídico español diversas directivas europeas. En concreto, las modificaciones afectan a la contratación pública, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

La disposición final primera elimina el artículo 118.3 de la Ley de Contratos, que establecía que para la celebración de un contrato menor el contratista no debía haber “suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente” superen los 40.000 euros para las obras y los 15.000 euros para los suministros o servicios.

Problemas técnicos

El Ejecutivo justifica este cambio “urgente y necesario” por “razones de seguridad jurídica” que vengan a “solucionar los graves problemas técnicos” que ocasiona.

La idea con la que surgió esta limitación hace poco más de un año era evitar malas prácticas que desvirtuasen los objetos de contratación. Este tipo de contratos disfrutan de menos exigencias a la hora de la adjudicación, por ejemplo no están sujetos a la celebración de un concurso público.

En la práctica, la interpretación del punto 3 del artículo 118 planteaba algunas c uestiones contradictorias sobre su alcance, como, por ejemplo, el marco temporal de la limitación o la posibilidad de contratar a una misma empresa para la prestación de servicios u obras distintas. Ahora, se salvan estos “problemas técnicos” eliminando esta limitación ypermitiendo la concesión de varios contratos menores a una misma empresa.

Abierta la aplicación para informar de los tipos impositivos que aplica cada ayuntamiento

Fri, 07 Feb 2020 15:28:00 GMT

Desde el pasado 3 de febrero, y hasta el 30 de abril, los ayuntamientos tienen a su disposición la aplicación para informar de los tipos impositivos que aplican en distintos impuestos. Esta información se publica anualmente.

Los impuestos que se tienen en cuenta en este proceso son:

– Bienes Inmuebles (IBI)

– Actividades económicas (IAE)

– Vehículos de tracción mecánica (IVTM)

– Sobre construcción, instalaciones y obras (ICIO)

– Sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)

Los ayuntamientos en régimen común tienen la obligación de exigir los tres primeros, mientras que los dos últimos son potestativos. En todos ellos, la administración local tiene la posibilidad de modificar tipos, porcentajes y coeficientes -dentro de unos determinados límites- para adecuar la presión fiscal a sus necesidades.

La captura de la información se realiza a través de la plataforma digital accesible en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales . En el caso de que los municipios no tengan acceso a internet, las delegaciones de Economía y Hacienda son las encargadas de solicitar la información a los consistorios.

Cada una de estas delegaciones realiza una primera comprobación de los datos recibidos y cumplimenta los de aquellos municipios que no los faciliten en base a la información contenida en sus ordenanzas fiscales. En 2019, 7.607 ayuntamientos aportaron la información y tan solo uno no lo hizo.

Datos de 2019

La información sobre los tipos impositivos, porcentajes y coeficientes que aplicó cada ayuntamiento en el ejercicio 2019 puede consultarse en esta página: Consulta de información impositiva municipal.

Los datos se ofrecen por impuesto, tamaño de municipio, capitales de provincia y municipios no capitales mayores de 50.000 habitantes.

De media, el tipo impositivo del IBI se situó en el 0,58900 para los bienes urbanos, el 0,61858 para los de naturaleza rústica y el 0,85452 para los de categoría especial.

En el IAE , el coeficiente de situación se estableció de media entre el 1,29 y el 1,12.

En el Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica varía en función del tipo de vehículo del que se trate. Para turismos, el coeficiente de incremento se situó en una media entre el 1,22 y el 1,25; para los autobuses, entre el 1,22 y el 1,23; para camiones, entre 1,23 y 1,24; en el caso de tractores y remolques, del 1,22 al 1,23, mientras que para la categoría de otros el mínimo fue de 1,24 y el máximo de 1,28.

El tipo impositivo medio del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 2019 fue del 2,62 en los 6.880 municipios que lo tienes establecido.

Por último, el tipo impositivo del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , fijado en 3.746 términos municipales, se situó, por término medio, entre el 22,82% de 1 a 5 años y el 22,01% para los inmuebles de hasta 20 años.

Apoyo para solicitar la compensación de la bonificación del IAE a las cooperativas

Thu, 23 Jan 2020 16:02:00 GMT

La Ley Reguladora de Haciendas Locales permite la concesión de beneficios fiscales en los tributos locales. En determinados casos, estos pueden venir derivados de leyes de ámbitos superiores que establezcan las fórmulas de compensación para que las arcas municipales no vean mermados sus ingresos. Este es el caso de la bonificación del IAE a las cooperativas .

En este contexto, la Ley 20/1990 , de Régimen Fiscal de Cooperativas, en su artículo 33, estableció una bonificación del 95% de la cuota de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para estas entidades.

La norma estipula que los ayuntamientos “comunicarán anualmente a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda la relación de cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de estas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado”. Sobre estos datos, los municipios recibirán las compensaciones que procedan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Desde 2018, las administraciones locales deben realizar estas gestiones de forma telemática en la Oficina Virtual de Entidades Locales.

CTT colabora con los ayuntamientos

Para facilitar este trámite a los ayuntamientos y contribuir a que perciban lo que realmente les corresponde, CTT (Colaboración Tributaria Territorial), ha puesto en marcha un nuevo servicio.

Nuestros técnicos realizarán un estudio de la matrícula y del padrón municipal del IAE para identificar a las cooperativas existentes. Esta información será la base para gestionar la solicitud de devolución de cantidades pendientes de ingresar.

CTT se encarga de todo el proceso , desde el estudio inicial a la reclamación a través del sistema electrónico del Ministerio de Hacienda de las cantidades no prescritas. En estos trámites se incluyen las reclamaciones reglamentarias hasta la obtención de los ingresos a los que tenga derecho el ayuntamiento.

Solo cuando el consistorio disponga en su cuenta de los ingresos del Ministerio de Hacienda, CTT facturará sus servicios. El importe será un porcentaje de la cantidad recuperada previamente pactado.

CTT es una empresa con más de 20 años de experiencia dedicada a la asistencia técnica tributaria de pequeños y medianos ayuntamientos En este tiempo, ha colaborado con más de 150 ayuntamientos en distintas áreas de gestión municipal. que no disponen de personal específico para asumir las tareas administrativas, contables o jurídicas.

La entrada Apoyo para solicitar la compensación de la bonificación del IAE a las cooperativas se publicó primero en Munigest Tributos .

Los valores catastrales suben en 1.005 municipios

Fri, 10 Jan 2020 10:09:00 GMT

Coincidiendo con el comienzo del año, los valores catastrales suben en 1.005 municipios españoles y bajarán en otros 87 . Estas modificaciones tendrán una repercusión directa en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) pues sirve de base para su cálculo.

La Ley del Catastro Inmobiliario establece que los presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles de un municipio por aplicación de coeficientes en función de la entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores. Hasta el pasado 31 de julio los ayuntamientos tuvieron ocasión de solicitar la modificación siempre y cuando cumpliesen con dos requisitos:

– Que la entrada en vigor de la ponencia actual sea anterior a 2015.

– Que haya diferencias sustanciales entre los valores del mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

El pasado 8 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicaba la Orden HAC/1257/2019 que incluía la relación de municipios a los que el Ministerio de Hacienda autorizaba la actualización de los valores catastrales.

Ese mismo día, el Real-Decreto 18/2019 , fechado el 27 de diciembre, dada cuenta de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020. Se utilizaba un real decreto para que, dado que no se ha dado la aprobación de la Ley de Presupuesto del Estado para 2020, la medida tenga efectos desde el día 1 de enero, fecha en la que se devenga el IBI.

Los coeficientes de actualización quedan establecidos de la siguiente manera:

De la aplicación de estos coeficientes, se concluye que, desde el 1 de enero, los valores catastrales suben en 1.005 municipios, mientras que se reducen en 87. Según el Ministerio de Hacienda, “las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3% , respectivamente”. El incremento máximo no alcanza el 5%.

¿Cuándo es válido el recurso de un tercero en un impuesto local?

Fri, 20 Dec 2019 13:05:00 GMT

Imagínense que dos empresas llegan a un acuerdo para la compra-venta de un inmueble. En ese mismo acto, convienen que el adquiriente se haga cargo de la obligación de pagar el Impuesto sobre incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Si, posteriormente, esta empresa no está de acuerdo con la autoliquidación realizada por el vendedor -a quien corresponde presentarla-, ¿podría reclamar? De una forma más general: ¿cuándo es valido el recurso de un tercero en un impuesto local?

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dado solución a este asunto al determinar lo siguiente:

“(…) se debe reconocer legitimación para recurrir en la vía contencioso-administrativa por ostentar un interés legítimo a quienes, sin ser los sujetos pasivos, asuman en virtud de pacto o contrato la obligación tributaria principal de pago de un tributo local -como el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-, al estar legitimados para interponer el recurso de reposición tributario local en aquellos casos, como el presente, en que dicho recurso agota la vía administrativa local”.

En una sentencia fechada el 30 de octubre , el alto tribunal se refiere a un caso concreto como el que hemos propuesto al comienzo y que ha tenido lugar en el municipio de Leganés (Madrid).

Un consorcio urbanístico presentó la liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tras la venta de un inmueble. Con posterioridad, la empresa adquiriente -que había asumido mediante un contrato la obligación de pagar el tributo- solicitó la rectificación de la autoliquidación. Para ello alegó que no se había producido un incremento del valor y que, por lo tanto, no existía el hecho imponible. La solicitud fue desestimada dando lugar a un proceso judicial que acabó en el Tribunal Supremo.

En la base del conflicto subyace la consideración de la parte adquiriente como sujeto pasivo del impuesto. Es decir, “determinar si se debe reconocer o no legitimación para recurrir en la vía contencioso-administrativa por ostentar un interés legítimo a quienes sin ser los sujetos pasivos asuman en virtud de pacto o contrato la obligación tributaria principal de pago de un tributo local”.

La argumentación del Tribunal Supremo hace referencia a las normas que regulan la legitimación para la impugnación de actos de aplicación y gestión de los tributos locales. En este sentido, recuerda que se trata de la Ley de la Jurisdicción contencioso- administrativa y de aquellas que regulan la relación jurídico tributaria. En estas últimas destaca las disposiciones específicas en el ámbito de los tributos locales que establecen “alguna especialidad en cuanto a los requisitos para el agotamiento de la vía administrativa previa”.

En esta línea, recuerda que el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locale s establece que “cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión” podrán interponer recurso de reposición. Sobre esto, el Tribunal Supremo considera que, “desde esta perspectiva, el tercero que se compromete y paga una carga tributaria que no le corresponde legalmente, difícilmente se le puede negar que posea un interés directo, propio, cualificado y específico, en definitiva un interés legítimo”. Ese pues, en estos casos, es válido el recurso de un tercero en un impuesto local.

Rectificación de una autoliquidación durante la inspección tributaria

Thu, 05 Dec 2019 17:13:00 GMT

Los ciudadanos tienen derecho a la rectificación de una autoliquidación durante la inspección tributaria. Ahora bien, la administración correspondiente no está obligada a aceptar los nuevos valores. Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 3262/2019).

La cuestión surgió a raíz del recurso del Principado de Asturias contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que daba la razón a un particular en un contencioso relacionado con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, se anulaba la liquidación del impuesto realizada por la administración “por la sola razón de que la misma no atendió la petición del contribuyente encaminada a la rectificación de su autoliquidación”.

Así pues, la pregunta que se planteaba es si la administración tiene la obligación a atender la rectificación de una autoliquidación mientras se realiza un procedimiento de comprobación o investigación.

El alto tribunal recuerda que ya ha abordado este asunto con anterioridad. Estima que “la solicitud de rectificación de una autoliquidación solicitada por el contribuyente una vez iniciado un procedimiento inspector (del que tiene cumplida noticia y cuya incoación le fue notificada) debe ser tenida en cuenta por la Administración «. Esta deberá dar «respuesta motivada a la procedencia o no de la misma antes de adoptar la decisión correspondiente en el seno de tal procedimiento de comprobación e inspección”.

Ahora bien, matiza que esto no implica que “deba estar indefectiblemente a los datos ‘rectificados’ por el contribuyente, ni que, por tanto, deba descartar los valores que se tuvieron en cuenta al presentar la correspondiente autoliquidación y sustituirlos por los derivados de la solicitud de rectificación”. Además, subraya que “la actividad exigible a la Administración en este caso es responder a la procedencia de la rectificación a tenor de las alegaciones formuladas por el interesado”.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia del Tribunal Supremo alude al caso de que la rectificación se refiera al valor de los bienes afectados por el tributo . En ese supuesto, no resulta obligatorio que la Administración “inicie un específico procedimiento de comprobación de valores, aunque sí deberá analizar si era procedente o no, en cuanto al fondo, aquella rectificación, a cuyo efecto deberá razonar sobre la concurrencia o no de los presupuestos de la misma (esto es, sobre se ha constatado en el supuesto de hecho la existencia de un error de hecho o de derecho)”.

Sobre esta base, se concluye que los contribuyentes tienen derecho a rectificar los valores de una autoliquidación en el transcurso de un procedimiento de inspección tributaria, pero la Administración no está obligada a aceptar los nuevos valores sin analizar si procede o no.

Hacienda liquida la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado del año 2017

Thu, 21 Nov 2019 18:50:00 GMT

El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos de la liquidación definitiva de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado del año 2017. En concreto estas liquidaciones afectan a los municipios de más de 75.000 habitantes o que sean capital de provincia o de comunidad autónoma.

Los impuestos sobre los que se transfiere una parte de la recaudación son:

– Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Se ha repartido el 2,1336% de la cuota líquida estatal correspondiente a 2017 en cada municipio. Por este concepto, a los ayuntamientos les corresponden 521,6 millones de euros, de los que 477,23 ya se han realizado como entregas a cuenta.

– Impuesto sobre el valor añadido (IVA). El reparto se ha establecido en base al 2,3266% de lo recaudado por las operaciones liquidadas en el municipio. También se tienen en cuenta otros parámetros como el índice de consumo de la comunidad autónoma y la población de derecho del municipio y la comunidad autónoma. En este caso, les ceden 340,45 millones, cifra inferior a las entregas realizadas a cuenta (363,19 millones), por lo que la liquidación definitiva es negativa.

– Impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas. Finalmente, el Estado cede 4,76 millones de euros. Ya ha entregado 5,1 millones.

– Impuesto sobre la cerveza . Corresponden a los ayuntamientos 1,82 millones de euros. Un total de 1,75 ya están en sus arcas.

– Impuesto sobre productos intermedios. El Estado ha transferido a cuenta 132.125 euros, mientras que la liquidación definitiva cifra la cesión en 107.167 euros.

– Impuesto sobre hidrocarburos. En el reparto, a los ayuntamientos les corresponden 58,97 millones de euros. Las entregas a cuenta ascienden a 56,99 millones.

– Impuesto sobre las labores del tabaco. Las actividades incluidas en esta figura impositiva supondrán a los ayuntamientos unos ingresos de 30,74 millones de euros. Por adelantado han recibido una cantidad superior: 35,28 millones.

En el caso de los impuestos sobre el alcohol, la cerveza, los productos intermedios, los hidrocarburos y las labores del tabaco, el reparto se realiza aplicando un 2,922% a la recaudación líquida estatal del impuesto imputable a cada municipio teniendo también en cuenta el índice de consumo regional y la población.

En total, la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado correspondiente a 2017 arroja un montante de 958.448.675,97 euros. Teniendo en cuenta los pagos a cuenta, la liquidación a favor de los municipios es de 18.821.641,05 euros.

En el mismo documento , el Ministerio de Hacienda hace referencia a la liquidación del Fondo complementario de Financiación de los Municipios y a la compensación derivada de la reforma del impuesto sobre actividades económicas. En ese informe puede consultarse el resultado de estas liquidaciones que corresponde a cada ayuntamiento.

El papel de los tribunales económico-administrativos municipales

Fri, 08 Nov 2019 07:50:00 GMT

La Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local , estableció la necesidad de que los denominados “municipios de gran población” contasen con un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Surgen así los tribunales económico-administrativos municipales (TEAL).

Estos órganos son preceptivos en los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, en las capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes y en los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Igualmente, en los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes y que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

¿Qué son los tribunales económico-administrativos municipales ?

El artículo 137 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local fija que estos instrumentos para la resolución de reclamaciones económico-administrativas tengan las siguientes funciones:

– El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que se encuentren dentro de las competencias municipales.

– El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.

– La elaboración de estudios y propuestas en las materias de las que conoce.

Estos tribunales no son jurisdiccionales y estarán constituidos por, al menos, tres miembros. Siempre deben ser un número impar. Corresponde al Pleno la elección de sus integrantes. Para ello, será necesario que los candidatos cuenten con el apoyo de la mayoría absoluta.

Es requisito indispensable que los elegidos cuenten con una “reconocida competencia técnica”.

¿Cómo funcionan los tribunales económico-administrativos municipales?

El funcionamiento de los tribunales económico-administrativos de las entidades locales debe ajustarse a los criterios de “independencia técnica, celeridad y gratuidad”.

El Pleno del Ayuntamiento deberá establecer un reglamento que marque su composición, competencias, organización y funcionamiento. También hará constancia del procedimiento para las reclamaciones.

Las resoluciones que dicte el tribunal económico-administrativo municipal pondrán fin a la vía administrativa y contra ella solo cabra interponer un recurso contencioso-administrativo.

Al margen de estos órganos locales, existen otros dos tipos de tribunales económico-administrativos: el Central (TEAC), con sede en Madrid, y los regionales (TEAR), con sede en cada una de las capitales de las comunidades autónomas. En este caso, son los encargados de resolver las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito territorial e institucional de las competencias que les otorga la legislación vigente.

Contraprestación provisional por no disponer de tasa por uso privativo del dominio público

Thu, 31 Oct 2019 09:13:00 GMT

La aplicación de la normativa vigente vinculada con los impuestos y tasas municipales es tan variada que no es extraño encontrar diversas interpretaciones a la legislación que acaban dirimiéndose en los juzgados. Hoy traemos un ejemplo relacionado con la tasa por uso privativo del dominio público.

No es raro encontrar entre las sentencias del Tribunal Supremo hechos relacionados con la fiscalidad municipal . Más allá de la resolución de un determinado caso concreto, el alcance de estas resoluciones es global, pues sientan jurisprudencia para abordar en un futuro situaciones similares.

El pasado mes de julio, el alto tribunal dicto sentencia (STS 2740/2019) en un litigio que enfrentaba a una empresa privada y un ayuntamiento. Ambas partes suscribieron un acuerdo de colaboración por cinco años para instalar un parque eólico en 2005. Este documento se se prorrogó posteriormente hasta 2010. Gracias a ello, la mercantil podía utilizar terrenos de dominio público forestal para la ubicación de los aerogeneradores por un plazo de 30 años.

Dado que el ayuntamiento no disponía en ese momento de la “regulación de la tasa por concesión de uso privativo en el dominio público forestal” , se estableció una contraprestación anual “de carácter provisional” mientras se aprobaba dicha tasa.

Sin embargo, a la hora de hacer efectivo el pago, la empresa recurrió a los tribunales y le dieron la razón al considerar que la actuación no se ajustaba a derecho. En ese momento, se inició el periplo judicial que concluyó en el Tribunal Supremo.

Sentencia del Supremo

La sentencia concluye que “la modalidad de contraprestación económica que ha de abonarse por la ocupación de un bien de dominio público forestal responde a determinados fines públicos y es una alternativa a la tasa-tributo , por ser una prestación pública de carácter extrafiscal que quiere cubrir el impacto ambiental de los parques eólicos (en el paisaje, el medio rural y el hábitat en que se localiza).

El tribunal considera que esta circunstancia tiene cabida en la reserva de ley del artículo 31.3. Recuerda que “esta garantía remite a la norma con ese rango que establezca el estado o la Comunidad Autónoma”.

Tras la fundamentación jurídica, el Supremo entiende que no se ha exigido una tasa local, sino “la contraprestación que expresa y claramente fue establecida, en el título concesional del uso privativo demanial” del que se beneficia la referida mercantil, hasta que el Ayuntamiento aprobara la tasa local.

Además, se incide en que esa contraprestación fue aceptada y consentida por la empresa.

Por tanto, se ajusta a derecho el acordar una contraprestación económica provisional mientras el ayuntamiento no disponga de la tasa por uso privativo del dominio público.

Beneficios fiscales para damnificados por incendios y temporales

Thu, 17 Oct 2019 19:51:00 GMT

El pasado mes de septiembre, el Gobierno aprobó diversos beneficios fiscales para damnificados por incendios y temporales. Estas medidas se incluyen en el Real Decreto-ley 11/2019 junto a otras iniciativas para ayudar a los afectados y a las zonas más castigadas.

En lo relativo a los impuestos, se establecen beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuestos sobre Actividades Económicas.

Zonas afectadas y beneficios

La normativa considera como zonas afectadas Tarragona, Lleida, Toledo, Madrid, Baleares y Gran Canaria como consecuencia de los incendios forestales. A ellas se unen Navarra, Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla, Málaga, Murcia, Baleares, Albacete, Valencia, Almería y Granada por los temporales. Uno y otro grupo han sufrido los daños a lo largo de 2019.

Además, estas medidas se extenderán a las zonas que así lo considere el Gobierno para los siniestros que ocurran hasta el 31 de marzo de 2020.

Beneficios fiscales

En el Impuesto de Bienes Inmuebles se concede la exención de las cuotas correspondientes a 2019 y, en su caso, en 2020. Este beneficio afecta a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares dañados como consecuencia directa de los siniestros.

Es requisito indispensable que tanto las personas como los bienes que se ubicasen en ellos hayan tenido que ser realojados total o parcialmente en otros espacios hasta la reparación de los daños. El beneficio también llegará a las explotaciones agrarias y ganaderas con siniestros que no puedan ser cubiertos por el aseguramiento público o privado.

Por otro lado, pueden disfrutar de una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad damnificados. Para ello, también será imprescindible que hayan tenido que cerrar o ser realojados.

La reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad,

Aplicación de los beneficios fiscales

Los ayuntamientos serán los encargados de aplicar estos beneficios fiscales previa petición de los afectados y la verificación de los daños sufridos.

La disminución de los ingresos que sufran los ayuntamientos como consecuencia de estos beneficios fiscales para damnificados por incendios y temporales serán compensados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Para que estos sea posible, los ayuntamientos deberán solicitar la compensación aportando una serie de documentos entre los que se encuentran la aprobación de la aplicación de los beneficios fiscales, la relación de recibos de IBI objeto de la exención, un informe de la Delegación o Subdelegación del Gobierno sobre el hecho causante de la situación, un informe del secretario/interventor, el certificado de bajas en contabilidad, el certificado de devolución y el compromiso de afectación.

Publicados los datos sobre los impuestos locales en 2019

Fri, 04 Oct 2019 15:39:00 GMT

Desde el 30 de septiembre, están a disposición de los ciudadanos los datos sobre los impuestos locales en 2019 . Esta información incluye los tipos de gravamen, los índices y coeficientes que se están utilizando en cada uno de los municipios.

El acceso a esta información permite responder a preguntas del tipo: ¿Se pagan los mismos impuestos municipales en todos los municipios? ¿Dónde es más caro tener un coche: en un pequeño pueblo o en una ciudad? ¿Tiene un municipio capacidad de aumentar los tipos impositivos? ¿Cuál es la presión fiscal de un determinado ayuntamiento?

En concreto, el Ministerio de Hacienda ofrece referencias sobre el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre Actividades Económicas, el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Las consultas que se pueden realizar son las siguientes:

– Impuestos sobre Bienes Inmuebles: tipo aplicable a los inmuebles urbanos de uso residencial y rústicos de los distintos municipios y, a partir de 2004, el de los bienes inmuebles urbanos de características especiales.

– Impuesto sobre Actividades económicas: a partir de 2003, están accesible el nuevo coeficiente de situación a aplicar sobre el importe derivado de las tarifas del impuesto. Para los años anteriores, se ofrece el coeficiente de modificación y el antiguo índice de situación.

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: se puede consultar el cuadro de tarifas aplicable en función de la categoría del vehículo.

– Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana : la información que se pone a disposición comprende el porcentaje municipal empleado para determinar la base imponible, el porcentaje municipal de reducción aplicable a los nuevos valores catastrales resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general y el tipo impositivo que aprobado por el municipio).

– Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras : los datos que se ofrecen se limitan al tipo impositivo máximo aprobado por el municipio correspondiente.

El sistema permite la consulta web de los impuestos locales por municipio y año , desde 2000 a 2009. Además, se pueden descargar en formato Excel los datos referidos a los municipios de una provincia o a todos aquellos que hayan remitido la información.

Por otro lado, es posible una consulta general mediante la descarga de ficheros en formato PDF. En este caso, se ofrece un archivo con la información completa sobre el sistema impositivo local , las series temporales con datos agregados o la información de cada uno de los cinco impuestos teniendo en cuenta parámetros como el tamaño del municipio, las capitales de provincia o los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes.

Toda esta información sobre los impuestos locales está disponible en la web: Consulta Información Impositiva Local .

Incentivos fiscales medioambientales

Fri, 20 Sep 2019 07:40:00 GMT

La decidida apuesta de los entes locales por la conservación del medioambiente está propiciando la aparición de numerosas medidas que tienen como objetivo fomentar las prácticas respetuosa con el entorno. En esta línea están surgiendo numerosos incentivos fiscales medioambientales que premian con una reducción en las tasas e impuestos a los ciudadanos más concienciados con la defensa de la naturaleza.

Un ejemplo lo encontramos en el Ayuntamiento de Pamplona, cuya Junta de Gobierno Local acaba de aprobar un proyecto de modificación de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos . Entre los cambios propuestos se incluye una bonificación en el impuesto de circulación para vehículos ECO y “O emisiones”. Además, a estos últimos se les exime del pago en la zona azul.

El Ayuntamiento de Madrid también ofrece incentivos fiscales medioambientales para los vehículos menos contaminantes . Los vehículos eléctricos, de pila de combustible, de emisiones directas nulas, híbridos enchufables o “eléctricos de rango extendido” tienen una bonificación del 75% en la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , pueden estacionar gratuitamente y sin limitación de tiempo en plazas verdes y azules y acceder libremente a áreas de prioridad residencial.

Por otro lado, los vehículos impulsados por gas se benefician de una bonificación del 75% en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) y de un 50% en la tarifa base del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

En Córdoba , los vehículos que funcionen con energía y motores que “tengan en el ambiente una nula incidencia contaminante” disfrutan de una bonificación del 75% en el IVTM . Los que cuentan con motores híbridos eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas con catalizadores para la reducción de emisiones contaminantes pueden optar a una reducción del 50% de la cuota del impuesto durante los tres primeros años.

Los habitantes de Quart de Poblet que utilicen energías renovables también cuentan con beneficios fiscales . En el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha establecido una bonificación del 5% para los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas en las que se utilicen energías renovables. También existe una reducción del 10% durante tres años a quienes empleen en su vivienda energía solar. En el caso del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la bonificación puede llegar al 10% si en las obras y transporte de material se utilizan las fuentes renovables.

Y un ejemplo más: en las ordenanzas de Rincón de laVictoria se contempla una bonificación del 50 % en la cuota del IVTM a los vehículos con motores eléctricos y los que funcionen con energía solar y de otra de hasta el 50% en el Impuesto sobre Actividades Económica (ICIO) para los sujetos pasivos que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

Además de los reseñados, Sevilla, Málaga, Soria y una larga lista de municipios han puesto en marcha incentivos fiscales medioambientales para promover las prácticas que eviten el deterioro del entorno natural, una iniciativa que está en manos de todos los gobiernos locales y que redunda en beneficio de todos.

Tasa por la instalación de atracciones y puestos de venta en las fiestas

Thu, 22 Aug 2019 12:12:00 GMT

Durante los meses de verano, muchos pueblos y ciudades de tamaño medio aprovechan el buen tiempo y la presencia de un mayor número de habitantes para celebrar sus fiestas patronales. Atracciones y casetas de venta de los productos más variados ocupan calles y recintos para el uso y disfrute de los ciudadanos. Hasta llegar a ese momento, hay una serie de requisitos administrativos que deben cumplir, entre ellos el pago de la tasa correspondientes .

Nos encontramos ante otro supuesto de uso y aprovechamiento privativo de un bien de dominio público . De forma general, y ante la ausencia de otra normativa más específica, las tasas serán las establecidas en la ordenanza que regule estos aprovechamientos. Sin embargo, son cada vez los ayuntamientos que regulan de forma específica estas actividades. Vamos a ver algunos ejemplos.

En Cuenca, el Ayuntamiento dispone con una ordenanza municipal que regula la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico .

En la misma, se establecen distintas tarifas para fijar la base imponible y la cuota tributaria. Para el caso de las instalaciones en el recinto ferial, se indica el precio que deben pagar distintas actividades por metro cuadrado o fracción por día, discriminando entre los días de feria y el resto del año.

Los precios varían desde los 0,83 euros del metro cuadrado por día para los espectáculos de variedades, revistas, circos, teatros, norias, carruseles y otras instalaciones similares; a los 2,32 euros de bares y churrerías; los 1,83 euros de puestos de bebidas, tapas, pinchos y churrerías; los 1,27 de tómbolas y rifas o los 1,02 euros de pistas de coches eléctricos, aparatos voladores o casetas de tiro y similares. Fuera de los días de feria, los precios se reducen entre un 8% y un 40% dependiendo de la actividad.

El Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca) cuenta con una ordenanza que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas de venta, etc. donde, además de establecer las instrucciones para la instalación, se determinan los precios a pagar. Para la Feria, se fija un precio para las tasa por la instalación de atracciones en general en función a los metros cuadrados ocupados que oscilan entre los 26,22 euros por día para aquellas de entre 1 y 60 metros cuadrados y los 6,44 euros/día para las de más de 301 metros cuadrados.

Para las casetas de venta, las tasas son de 27,8 euros para tómbolas, bingos y similares; 13,5 euros para casetas de tito, cerámica, pesca de botellas o similares; 17,5 euros para bares, chocolaterías y hamburgueserías; 20,86 euros para puestos de helados, hamburguesas o fotografía hasta 6 metros cuadrados; 21,5 euros para puestos de algodón, palomitas, chucherías y berenjenas; 6,44 euros para circos y teatros y 13,51 euros para los de venta de collares, ropa, ferretería, etc.

La ordenanza avisa de que estos precios pueden variar entre un 10% y un 15% en función a la ubicación de la parcela ocupada o por las condiciones particulares de los pliegos de licitación o normas de adjudicación. Y es que la limitación del espacio hace que en algunas localidades sea necesario establecer un procedimiento de adjudicación.

Otros ejemplos de regulación de estas tasa por la instalación de atracciones los encontramos en Mota del Cuervo (Cuenca), Cieza (Murcia), Gallur (Zaragoza) o Lorquí (Murcia). En todos los casos, el objetivo es regular el uso, disfrute o aprovechamiento de un espacio público en beneficio particular.

Entregar una notificación a un tercero fuera del domicilio no es válido

Fri, 09 Aug 2019 16:43:00 GMT

Es frecuente que la recepción de las notificaciones vinculadas a un procedimiento de inspección tributaria las realice una persona distinta a la interesada que se encuentre en el domicilio fiscal de este. Sin embargo, entregar una notificación a un tercero fuera del domicilio no tiene validez.

Así lo ha estimado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en una sentencia del pasado mes de abril (STC 513/2019) en la que recuerda algunas cuestiones a tener en cuenta en este tipo de procedimientos. Algunas de las ideas principales son:

– La notificación es de gran relevancia para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses que se quieran hacer valer frente a una actuación administrativa.

– Su función principal es dar a conocer al interesado el acto que incida en su esfera de derechos o intereses , lo que es especialmente relevante para decidir la validez o no de una notificación.

– Las consecuencias finales son dos: que la notificación no será suficiente para su validez si el notificado no tuvo conocimiento real del acto a comunicar y que los incumplimientos de las formalidades normativas no serán un obstáculo para la validez de la notificación se de acredita que el destinatario tuvo conocimiento del acto comunicado.

Tipos de comunicaciones

Sobre esta base, nos podemos encontrar ante tres tipos de comunicaciones:

– Notificaciones que respetan todas las formalidades establecidas y en las que se parte de la presunción de que el acto está en conocimiento del interesado.

– Notificaciones en las que no se han cumplido formalidades de carácter sustancial. En este caso el tribunal incluye las practicadas a través de un tercero en un lugar distinto al domicilio del interesado.

– Notificaciones que quebrantan formalidades secundarias, en las que se parte de la presunción de que el acto ha llegado a conocimiento del interesado.

En esta ocasión, nos centramos en el segundo de los supuestos en el que el Tribunal Supremo interpreta que, “para las notificaciones practicadas a una tercera persona en un lugar distinto al señalado por el obligado tributario o por su representante, y que tampoco sea el domicilio fiscal de uno u otro”, se han de tener en cuenta las siguientes cuestiones:

– Presumirse que e l acto no llegó a conocimiento del interesado y le causó indefensión.

– Que esta presunción admite prueba en contrario cuya carga recae sobre la Administración.

– Que la prueba habrá de considerarse cumplida cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento del interesado.

Por tanto, inicialmente, entregar una notificación a un tercero fuera del domicilio no es válido. En los procesos de inspección tributaria, los ayuntamientos que trabajan con CTT reciben el asesoramiento necesario para lograr la máxima eficiencia en todas las fases del procedimiento.

Principio de acuerdo para flexibilizar la regla de gasto

Thu, 25 Jul 2019 23:00:00 GMT

El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han llegado a un principio de acuerdo que podría permitirá flexibilizar la regla de gasto y el destino del superávit de las corporaciones locales.

El acuerdo ha sido adelantado por la FEMP después de una reunión técnica , celebrada el 24 de julio, en la que han participado por representantes de la federación, del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Se trataba de la quinta y última reunión de este grupo que se constituyó el 31 de enero.

Según ha informado la FEMP, las once propuestas aprobadas son las siguientes:

1. Elaboración de un Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su aplicación a las Entidades Locales.

2. Excepcionar de la aprobación de un Plan Económico Financiero a los supuestos de incumplimiento por uso del RTGG positivo.

3. Establecimiento de un criterio claro de exclusión de los gastos atípicos y excepcionales en la regla de gasto.

4. Exclusión de los gastos que tienen una contrapartida en ingreso en contabilidad nacional, siempre que se registre en el mismo ejercicio y por el mismo importe.

5. Exclusión de las transferencias entre Entidades Locales asociadas a su financiación.

6. Inclusión de los gastos plurianuales en Inversiones Financieramente Sostenibles.

7. Ampliación del ámbito objetivo de las Inversiones Financieramente Sostenibles a los gastos de inversión dirigidos a evitar la despoblación, educación, medio ambiente y gasto corriente en fomento de empleo.

8. Ampliación del ámbito objetivo de las Inversiones Financieramente Sostenibles en el caso de Entidades Locales en despoblamiento.

9. Incremento del nivel de gasto computable en la regla de gasto.

10. Inclusión como IFS de las transferencias de capital (siempre que no computen en las dos administraciones públicas implicadas).

11. Incluir como incrementos permanentes de ingresos por cambios normativos, la afloración de nuevas unidades catastrales fruto de un Plan General Urbanístico.

Ahora, estos cuerdos deben ser elevados a los distintos órganos políticos para su estudio y ratificación y, de ser asumidos, su posterior incorporación al marco legal. Esta previsto que esta tarea se realice a partir del próximo mes de septiembre.

De alcanzar el visto bueno definitivo, estas medidas supondrán “una gran mejora en la gestión municipal ”, ya que “los Gobiernos Locales estarán menos limitados para elaborar y ejecutar unos presupuestos eficaces y para prestar mejores servicios a la ciudadanía”, asegura el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Procedimiento para elaborar y aprobar ordenanzas municipales

Fri, 12 Jul 2019 14:16:00 GMT

Dentro de las atribuciones que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local otorga a los ayuntamientos está la potestad reglamentaria (art. 4.1a) dentro de la esfera de sus competencias. Esta capacidad les permite dotarse de disposiciones administrativas de carácter general y supeditadas a la ley que reciben el nombre de ordenanzas municipales.

Entre otras cuestiones, las ordenanzas -denominadas en este caso ordenanzas fiscales – pueden adaptar la normativa de la Ley General Tributaria en cuanto a gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos al régimen de organización y funcionamiento propio del ayuntamiento.

El procedimiento que emana de las distintas normativas que tienen relación con este asunto establece las siguientes fases para elaborar y aprobar ordenanzas municipales.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo que hasta entonces era provisional.

Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes no tienen obligación de contar con comisiones informativas al no ser que así lo haya establecido el pleno, por lo que esta fase no tiene cabida en ellos.

Novedades de la Ley de Procedimiento Administrativo Común

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común incluyó algunas novedades en el procedimiento de elaboración de las ordenanzas. Así, por ejemplo, el artículo 132 establece la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas hagan público un plan normativo con las iniciativas legales o reglamentarias que pretendan aprobar en el ejercicio siguiente.

Igualmente, en su artículo 133, se fija que “con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma”.

Este trámite se podrá obviar en el caso de normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Tampoco será necesario cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.

Por otro lado, se insta a elaborar un informe periódico de las normas vigentes para evaluar el cumplimiento de los objetivos.

En definitiva, lo que se pretende con este proceso para elaborar y aprobar ordenanzas municipales es una mejor planificación de la actividad legislativa, una mayor participación de los ciudadanos en los procesos que les incumben y la evaluación de las iniciativas puestas en marcha.

9 preguntas y sus respuestas sobre la tasa 1,5% de las eléctricas

Fri, 05 Jul 2019 09:40:00 GMT

¿Qué es la tasa 1,5% de las eléctricas?

Se trata de una tasa por ocupación del dominio público por las empresas suministradoras de servicios de interés general, como la electricidad, el agua o el gas). Conducciones bajo el suelo o líneas aéreas discurren por zonas de público que son aprovechadas por estas compañías privadas para su beneficio. Debe estar en vigor la ordenanza municipal que faculta al Ayuntamiento para solicitarla.

¿Quién debe liquidar la tasa del 1,5%?

Las empresas suministradoras de estos servicios son las que deben presentar una autoliquidación anual de esta tasa al ayuntamiento correspondiente.

¿Cuál es la base imponible de la tasa?

Para calcular la base imponible de la tasa se tienen en cuenta los ingresos brutos obtenidos por los servicios y suministros que presta la compañía suministradora dentro del término municipal. Para el cálculo de los ingresos brutos no deben tenerse en consideración los impuestos directos que graven los servicios prestados ni tampoco las cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyen un ingreso propio de la entidad que liquida la tasa.

¿Cuál es la tasa que deben pagar?

La tasa que las compañías suministradoras deben abonar al Ayuntamiento corresponde al 1,5% de la base imponible.

¿Cuál es el periodo impositivo?

La ordenanza municipal deberá recoger la información relativa a periodo impositivo y las formas de devengo.

¿Cuál puede ser el problema con esta tasa?

En muchos casos, se ha detectado que la liquidación no se corresponde con la realidad. Principalmente, las anomalías están relacionadas con que las empresas encargadas del suministro y la comercialización de energía -especialmente las compañías eléctricas- no realizan la declaración correspondiente de los ingresos brutos en el término municipal. En otros casos, la declaración es incompleta al no incluirse todos los conceptos facturados que deben computarse (término potencia, término energía, alquiler de contadores, derechos de enganche, etc.). Esto supone una disminución en la recaudación que correspondería liquidar al ayuntamiento.

¿Qué puede hacer un ayuntamiento para recuperar este dinero?

La normativa faculta a los Ayuntamientos para poder comprobar que todas las compañías suministradoras declaran la tasa de forma correcta. Sin embargo, en muchos casos, la escasez de recursos técnicos y humanos con los que cuentan no permiten llevar a cabo una adecuada inspección.

¿Quién puede ayudar a la comprobación de la liquidación de la tasa del 1,5% de las eléctricas?

Como solución al problema de la falta de recursos en los Ayuntamientos, CTT pone a su disposición un equipo técnico que se encargará de todos los trámites técnicos necesarios (recopilación de datos para comprobar la liquidación, contactos con la empresa suministradora, resolución de reclamaciones, etc.) hasta culminar el proceso de comprobación y, en su caso, liquidación.

¿Qué coste tienen los servicios de Munigest Tributos?

El Ayuntamiento no hará ningún desembolso hasta que haya cobrado de las compañías suministradoras lo que le corresponde. En ese momento, abonará un porcentaje de los ingresos efectivos a CTT

El intento de notificación es suficiente para cumplir con los plazos del procedimiento

Fri, 14 Jun 2019 12:29:00 GMT

“El intento de notificación es el determinante para entender cumplida la obligación de resolver en plazo”. Así de tajante es el Tribunal Supremo a la hora de valorar la caducidad de un procedimiento sancionador.

El alto tribunal se ha manifestado de esta forma en una sentencia fechada en febrero de 2019 ( STS 323/2019 ) en la que daba la razón a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en un procedimiento en el que se dilucidaba si dos intentos de notificación infructuosos eran suficientes para entender que la notificación se había realizado dentro del plazo máximo que la ley atribuye a los procedimientos sancionadores, en este caso, seis meses.

Sin entrar en el fondo del asunto de la sanción -una multa de 438€ y la retirada de la licencia de caza por un año por una infracción grave-, la discrepancia se centraba en entender qué se considera un “intento de notificación” a la hora de interpretar el punto 4 del artículo 58 de la Ley 30/1992 que dice textualmente:

«(…) a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado ”.

El Tribunal Supremo considera que la normativa es clara con el inciso final y que, en una interpretación literal, tiene validez para este caso “una notificación no culminada” realizada de forma legal y con la acreditación suficiente , “con independencia de que la resolución correspondiente se notifique o no, con posterioridad, al interesado”.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que “la eficacia del acto notificado se despliega a partir de la notificación, momento en el que empiezan a correr los plazos de impugnación en sede administrativa o en vía judicial”. Por tanto, “el acto de notificación es algo conceptualmente distinto de la resolución que se notifica y del procedimiento que la origina”. En la práctica, hay que distinguir con claridad la notificación fallida a efectos de caducidad del procedimiento y la notificación fehaciente para la plena efectividad de su contenido.

Lo relevante de esta sentencia es la jurisprudencia fijada: un intento de notificación debidamente acreditado será suficiente para entender concluido el procedimiento administrativo a los efectos de verificar si tal finalización se ha producido en el plazo máximo legal.

¿Puede tenerse en cuenta el valor de las instalaciones para el calculo de la tasa por aprovechamiento del dominio público en los suelos rústicos?

Thu, 30 May 2019 12:58:00 GMT

Numerosos ayuntamientos cuentan con una tasa específica por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Esta figura impositiva viene a gravar el uso privativo o el beneficio obtenido de un espacio público del municipio tal de la misma manera que lo hacen tasas de las terrazas de los bares, las de instalación de contenedores de construcción o la de entradas de vehículos a través de las aceras.

En el caso que nos ocupa, las instalaciones de transporte de energía, gas, agua, hidrocarburos y similares, con todos sus elementos (cajas de amarre, torres, transformadores, líneas de amarre, instalaciones de bombeo, tuberías, etc.), que ocupen el dominio público están sujetas al abono de esta tasa.

Para el cálculo de la base imponible, y teniendo en cuenta la señalado en el artículo 24.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , se toma como referencia “el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público” . El resultado de este trabajo técnico-económico se encuentra, habitualmente, como anexo de la ordenanza y en él se especifican el valor del aprovechamiento en función de la zona en base a criterios y parámetros a elección del ayuntamiento, como el valor catastral, el valor de las instalaciones, el coeficiente RM (factor de referencia del mercado) o los metros cuadrados de ocupación.

Hay que tener en cuenta que en el caso de que el aprovechamiento lo realicen empresas explotadoras del servicio de suministro de interés general, el importe de la tasa esta fijado en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente. En este artículo lo explicamos con detalles: Mejora de la recaudación por la tasa del 1,5% .

Volviendo al caso que nos ocupa, ha existido cierta controversia sobre los parámetros a utilizar en el caso de los suelos de naturaleza rústica . ¿Se ajusta a la norma utilizar el valor de la instalación en estos casos? La disparidad de criterios hizo que esta disputa llegase a los tribunales enfrentando a Red Eléctrica y al Ayuntamiento de Talarn (Lérida) . Finalmente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado 6 de marzo en la que declaraba “conforme a derecho” la ordenanza municipal y, por tanto, el uso del valor de la instalación cuando se encuentre en terreno rústico al cumplir las características de los criterios que se deben utilizar: “objetivos, públicos y transparentes, proporcionados, no discriminatorios y adecuados a la finalidad de persiguen” y se pongan de manifiesto en el informe técnico-económico.

Por tanto, la respuesta a la pregunta con la que titulamos esta entrada del blog es sí, se puede tener en cuenta el valor de las instalaciones para el cálculo de la tasa por aprovechamiento del dominio público en los suelos rústicos.

Impugnación de la liquidación del IBI por no estar de acuerdo con el valor catastral

Thu, 16 May 2019 16:41:00 GMT

El pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establecía una serie de criterios a la hora de interpretar la normativa en la que se sustenta la posibilidad de impugnar la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) basándose en el desacuerdo con el valor catastral de la finca.

Según recuerda el dictamen, el Ayuntamiento de Badajoz giró a un ciudadano una liquidación de 2.807,90 euros por el IBI de naturaleza urbana correspondiente al año 2014. En la misma, se hacía referencia a un valor catastral y base liquidable de 338.301,67 euros.

Ante este hecho, el vecino planteó un recurso de reposición reclamando la nulidad de la liquidación por entender que el inmueble era de naturaleza rústica, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 que refrendaba el pronunciamiento de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que se concluía que “solo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada”.

Paralelamente, presentó ante la Gerencia Territorial del Catastro de Extremadura un escrito en el que, en base a las mismas razones, pedía la nulidad de la valoración catastral utilizada y su modificación considerando su propiedad como suelo rústico.

El Ayuntamiento de Badajoz consideró que lo alegado no era motivo suficiente para refutar la liquidación del IBI al considerar que dicha impugnación debería haberse cursado a la administración catastral, responsable de la valoración utilizada para el cálculo de la base imponible, y desestimó el recurso.

Tras el periplo judicial, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz dejó sin efecto la liquidación impugnada y ordenó al Ayuntamiento girar un nuevo recibo del IBI del año 2014 atendiendo a la naturaleza rústica de la finca. Mientras, la Dirección General del Catastro había restituido a rústica la mayor parte de la finca (se dividió en dos parcelas de 3.963 metros cuadrados frente a 284 metros clasificados como urbanos), aunque con efectos de 1 de enero de 2016.

El Ayuntamiento de Badajoz presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que dictó sentencia el pasado mes de marzo desestimando las pretensiones del consistorio. Además, establecía una serie de criterios interpretativos para estos casos:

Ahora bien, el Tribunal Supremo considera que existen casos en los que es posible impugnar el valor catastral a través de la liquidación del IBI. Ese sería el supuesto cuando en la fase de gestión catastral no se haya notificado individualmente el valor catastral.

Claves para una inspección tributaria local eficiente

Thu, 02 May 2019 15:08:00 GMT

En la base del sistema social español se encuentra el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Para ello, se debe establecer un sistema tributario justo e inspirado en la igualdad y la progresividad. La Constitución Española fija esta obligación en su artículo 31.

A las distintas Administraciones, en el ámbito de sus competencias, les corresponde velar por que esto sea así. Para lograr que todos cumplan con la aportación que les corresponde y evitar que unos tengan que pagar lo que otros eluden, surge la inspección tributaria.

En el ámbito de la administración local este instrumento reduce las pérdidas por la recaudación y mejora los ingresos sin recurrir al aumento de los impuestos al ajustar las bases impositivas a la normativa. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para conseguir un sistema fiscal justo y que permita la sostenibilidad financiara del ayuntamiento.

De la experiencia del equipo de CTT en la colaboración con los ayuntamientos para desarrollar de planes de inspección tributaria surgen estas claves para poner en marcha una estrategia que consiga los objetivos planteados:

Con una estrategia bien definida y sumando esfuerzos, el camino para lograr un reparto justo de la carga tributaria y garantizar la correcta aplicación del sistema impositivo local será más sencillo.

Los intereses de demora en los impuestos y tasas municipales

Thu, 11 Apr 2019 12:47:00 GMT

Incumplir los plazos establecidos para el pago de un impuesto o tasa municipal tiene un precio, pues a la deuda adquirida con el ayuntamiento se suma un recargo que varía en función de diversos factores que vamos a tratar de explicar en este artículo.

La Ley General Tributaria (LGT), en su artículo 26, introduce el concepto de interés de demora para hacer referencia a una “prestación accesoria que exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo”. Ocurre lo mismo en los casos en los que no abona “una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar” dentro del periodo establecido.

El interés de demora se calculará en base al importe no ingresado en el plazo habilitado para ello o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente por la Administración. La normativa establece que el porcentaje en el que se ha de incrementar la deuda será el del interés legal del dinero vigente en el período en el que aquel resulte exigible, incrementado en un 25% , salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

Este pago, que se sumará a la cantidad adeudada, se realizará en los siguientes supuestos (artículo 26 de la LGT):

Ahora bien, los intereses de demora no se podrán exigir en el caso de que el ayuntamiento incumpliese alguno de los plazos administrativos a los que está sujeto durante todo el proceso.

Debemos tener en cuenta que nos encontramos ante una indemnización por no pagar a tiempo y no ante una sanción. Por tanto, al margen de este pago accesorio, el incumplir los periodos de pago de los impuestos y tasas puede estar sujeto a otros desembolsos en forma de sanciones y otro tipo de recargos.

Tasa por expedición de documentos

Fri, 29 Mar 2019 18:47:00 GMT

La expedición de documentos a instancias de los ciudadanos supone un coste administrativo a las arcas municipales en material y en tiempo empleado (salarios). Para hacer frente a estos gastos, algunas entidades locales han establecido una tasa por la expedición de documentos.

En 2006, un informe del secretario del Ayuntamiento conquense de Casasimarro (1.100 habitantes) estimó que la expedición de documentos como fotocopias de documentos administrativos, envíos de fax, certificados (catastrales, de convivencia y empadronamiento), licencias de segregación de fincas y los informes de Alcaldía suponía un coste global de 12.900 euros, de los que 6.900 euros correspondían a salarios y los restantes 6.000 a material de oficina.

Sobre esta base, el pleno del Ayuntamiento del 30 de marzo de ese mismo año aprobó una ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos que establecía una cuota fija que debía satisfacer el ciudadano según la naturaleza del documento o expediente a tramitar.

Por ejemplo, se establecía el pago de 3 euros por las certificaciones de bienes inmuebles, de 0,10 euros por las fotocopias de documentos administrativos y de 0,50 euros por otras fotocopias.

El caso de Casasimarro no es especial; son muchas las entidades locales de todos los tamaños que han aprobado ordenanzas similares para hacer frente a los gastos que suponen algunos trámites administrativos. Sin salir de la provincia de Cuenca, también la encontramos en Mota del Cuervo con cuotas que van desde los 0,30 euros por la compulsa de documentos a los 20,50 euros por los certificados de informes de Secretaría solicitados a instancia de parte. Cañaveras , Villagarcía del Llano o Fuente de Pedro Naharro , entre otros, también cuentan con ordenanzas de este tipo.

En todos los casos, el hecho imponible es similar: la actividad municipal derivada de la tramitación, a instancia de parte, de determinados documentos. Como norma general, quedan exentos del pago de la tasa aquellos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, las consultas tributarias, los relacionadas con la devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales y los relacionados con la prestación de servicios o competencias del municipio.

La forma más corriente de cumplir con esta obligación es la autoliquidación de la tasa en el momento de solicitar la tramitación del documento o expediente.

A través de este tipo de tasas, los ayuntamientos tratan de reducir el impacto en las cuentas públicas de determinados servicios que se prestan en beneficio particular y que suponen un importante gasto en material y tiempo de trabajo.

Bonificaciones en el impuesto de circulación de los vehículos históricos

Fri, 15 Mar 2019 14:34:00 GMT

La legislación española permite matricular los vehículos con más de 30 años de antigüedad como históricos, lo que aporta una serie de ventajas entre las que se encuentran las bonificaciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como impuesto de circulación .

Hasta hace un año, podían solicitar la matriculación como vehículos históricos aquellos que tuviesen más de 25 años. Sin embargo, una modificación legislativa que entró en vigor el 20 de mayo de 2018 modificó este límite temporal llevándolo hasta los 30 años. Además, según el Reglamento de Vehículos Históricos , ya no se deben fabricar y su estado debe ser original sin ningún “cambio fundamental en cuanto a sus características técnicas o componentes principales”.

Pues bien, es habitual que los ayuntamientos ofrezcan algún tipo de beneficio fiscal a sus propietarios. En algunos casos, tienen prevista la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); en otros, se reduce el importe de esta figura impositiva en un determinado porcentaje. Vamos a ver algunos ejemplos.

En Cuenca, el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Nº3 establece una bonificación del 100% para los vehículos históricos que deberán solicitar los propietarios y que tendrá efectos en el ejercicio impositivo siguiente al de la solicitud. De forma similar lo reflejan las ordenanzas de otros municipios como Tarancón (Cuenca), Lorca (Murcia), Albacete, Almansa o Madrid. Dependiendo de la entidad local, la bonificación se aplica de oficio o es necesario solicitarla por el interesado.

En el caso de Valencia, la ordenanza reguladora del impuesto establece bonificaciones del 50% de la cuota a “los vehículos que dispongan de matrícula histórica y tengan una antigüedad comprendida entre 30 y 50 años”. Los que superen el medio siglo se podrán beneficiar de una bonificación del 100%.

Solicitud de matrícula histórica

Para poder beneficiarse de estas bonificaciones suele ser preciso contar con la matriculación como vehículo histórico. Este trámite se realiza en las oficinas de la Dirección General de Tráfico.

La solicitud debe realizar en el impreso oficial y abonar una tasa de 97,8€ o de 27,3€ en el caso de lo ciclomotores. Además, es necesario aportar la identificación del interesado, la tarjeta de la inspección que haga constar la matriculación como vehículo histórico, cuatro fotografías a color del vehículo, el permiso de circulación, la tarjeta de la ITV y el justificante del pago o exención del impuesto de circulación del ayuntamiento.

Una vez realizado este trámite, es el momento de informarse en el ayuntamiento de la localidad en la que esté dado de alta el vehículo de las posibles bonificaciones de las que pueda beneficiarse y del procedimiento para conseguirlas.

Tasas por la retirada de vehículos de la vía pública

Thu, 14 Feb 2019 10:19:00 GMT

Es habitual que los grandes municipios y los de tamaño medio que cuenten con un gran parque móvil utilicen el servicio de grúa municipal para retirar aquellos vehículos de la vía pública que infrinjan las normas municipales de circulación y dificulten la movilidad en las calles. A la vista de las facultades que otorga la legislación nacional, especialmente la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , los ayuntamientos pueden establecer una tasa por este servicio.

Esta figura impositiva suele venir regulada en una ordenanza fiscal que fija tanto la tasa por la retirada de vehículos como el coste de su depósito en los lugares establecidos para que los ciudadanos pasen a retirarlos. Corresponde a las personas físicas y jurídicas que figuren como propietarios o titulares de los vehículos hacerse cargo de su abono.

En muchos casos, la normativa hace referencia a que este servicio público pueda ser prestado tanto por una grúa propiedad del ayuntamiento o mediante la concesión a un tercero .

Además, la ordenanza suele establecer el precio que se debe pagar por la retirada del vehículo y si hay alguna reducción para el caso de que se hayan iniciado las operaciones de carga, pero aún no se esté transportando. También pueden incluir una cuota tributaria diferente en función del tipo del que se trate: turismo, autobús, camión, carros, furgonetas, ciclomotores, motocicletas, etc.

Por otro lado, se fijará el precio del depósito del vehículo por cada periodo de tiempo que, normalmente, suele establecerse por horas (como en el caso de Toledo o Valladolid ) o de días (como en Cuenca , Ciudad Real o Móstoles ).

Es potestad de cada uno de los ayuntamientos fijar el importe de la tasa, lo que puede dar lugar a diferencias de hasta un 300% en los precios de la grúa municipal, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) . Este trabajo indica que el precio medio del servicio de grúa más una hora de depósito se sitúa alrededor de los 98 euros.

En algunas ordenanzas municipales aparece como exención de esta tarifa los vehículos que se acredite que han sido robados mediante la denuncia correspondiente y aquellos que deban ser retirados por fuerza de causa mayor.

En el caso de Barcelona aparece una bonificación del 15% para el “buen conductor” . Para beneficiar se ella se debe ser residente empadronado en la ciudad de Barcelona y no haber sido sancionado por ninguna infracción de tráfico durante el año anterior.

Por último, las normas municipales incluyen también los requisitos que se han de cumplir para la retirada de los vehículos de los depósitos. Lo normal es que sea preciso abonar las tasas y la multa con antelación.

Exenciones en los impuestos municipales para entidades no lucrativas

Thu, 31 Jan 2019 10:23:00 GMT

Las entidades sin fines lucrativos gozan de un régimen fiscal especial que les permite beneficiarse de una serie de exenciones que, en algunos casos, afectas a impuestos locales, como es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Antes de entrar en el detalle de esta exención, es preciso aclarar qué se entiende por entidades sin ánimo de lucro. La Ley 49/2002 establece que se consideran entidades sin fines lucrativos, entre otras, las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las federaciones deportivas y las asociaciones sin fines de lucro.

Entre los requisitos que han de cumplir se encuentran que persigan fines de interés general, que destinen a estos objetivos al menos un 70% de sus ingresos, que la actividad que realicen no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objetivo, que sus fundadores, asociados, patronos o familiares directos no sean los destinatarios principales de las actividades que realicen; que sus cargos sean gratuitos y que, en caso de disolución, su patrimonio se destine a entidades beneficiarias del mecenazgo o de interés social. Además, deben estar inscritas en el registro correspondiente.

Pues bien, este tipo de entidades estarán exentas del Impuestos sobre Bienes Inmuebles en los Bienes de los que sean titulares, “excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”, según recoge el artículo 15.1 de la Ley 49/2002 .

Por otro lado, también disfrutarán de la exención en el IAE por las explotaciones económicas a las que hace referencia el artículo 7 de la citada norma. Entre estas labores encontramos la protección de la infancia y de la juventud y la asistencia a la tercera edad, a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos, ciudadanos con discapacidad, minorías étnicas, refugiados, asilados, emigrantes, inmigrantes y transeúntes, etc. También se incluye la prestación de servicios hospitalarios, la investigación y la gestión de espacio naturales protegidos, entre otras muchas.

La exención alcanza también al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la obligación del pago de esta figura impositiva recaiga sobre la entidad sin fines lucrativos. En este caso, la legislación establece que “en el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Para la aplicación de estas exenciones en los tributos locales será necesario que las propias entidades sin ánimo de lucro comuniquen al ayuntamiento afectado que eligen la opción de tributación en el régimen especial .

De cumplirse todos los requisitos, las entidades sin ánimo de lucro podrán beneficiarse de las exenciones en el IBI, el IVA y las plusvalías, sin perjuicio de las exenciones previstas en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales .

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

Mon, 24 Sep 2018 18:20:00 GMT

La legislación que regula el funcionamiento de la administración local en España crea diversas figuras impositivas obligatorias que ayudan a sufragar los gastos municipales. Además, ofrece la posibilidad a los ayuntamientos de establecer otros impuestos que contribuyan a su sustento. En este último grupo se encuentra el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) .

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge el funcionamiento del ICIO entre los artículos 100 y 103. Allí se indica que se trata de un tributo directo que tiene como hecho imponible “cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición”.

Este impuesto ha sido una de las principales fuentes de ingresos de las administraciones locales -especialmente en ayuntamientos de tamaño medio y grande- durante los años del boom inmobiliario. Sin embargo, no solo las grandes obras están sujetas a este impuesto.

Las obras menores, aquellas de escasa entidad y de sencillez técnica que no afectan cambios estructurales, también deben pagar este tributo. Es el caso de las pequeñas reformas, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de nuevos servicios de calefacción, por ejemplo.

Ahora bien, hay d eterminadas obras están exentas de este impuesto. En este grupo se encuentran aquellas de las que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales y que vayan a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales.

En el resto de los casos, las personas físicas o jurídicas dueñas de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla, tendrán la consideración de sujetos pasivos de este impuesto. Si los trabajos no son realizados por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán serán responsables de la liquidación quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. Posteriormente, el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Base imponible y cuota tributaria

Para calcular la base imponible del impuesto se tiene en cuenta el coste de ejecución material de la actuación que se va la llevar a cabo. La normativa establece que deben quedar al margen “el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material”.

Para calcular la cuota tributaria se aplicará a la base imponible el tipo de gravamen, que vendrá determinado por cada ayuntamiento y que nunca podrá suponer más de un 4%.

Además, los consistorios suelen conceder determinadas bonificaciones para obras de especial interés por los bienes a los que afecten, por su ubicación o por que generen otros beneficios económicos y sociales.

Es preciso señalar que la obligación tributaria se genera en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

La gestión del impuesto se puede llevar a cabo de dos formas: mediante una liquidación practicada por la Administración o a través de la presentación de una autoliquidación por parte del sujeto pasivo.

Por regla general, se realizará una primera liquidación provisional cuando se conceda la licencia o se inicien las obras. En ella se tendrán en cuenta los presupuestos de obra o los índices o módulos que establezcan la ordenanza fiscal correspondiente. Por ejemplo, la ordenanza municipal Nº4 del Ayuntamiento de Cuenca incluye un anexo con un cuadro de costes mínimos para determinar la base imponible de la autoliquidación provisional.

Una vez concluidos los trabajos, el Ayuntamiento podrá comprobar el coste real y efectivo de las actuaciones y, en su caso, realizar una liquidación definitiva del impuesto. Esto supone una intensa labor de inspección por parte de los ayuntamientos, que no siempre pueden acometer por la escasez de recursos. Hace un tiempo, os hablábamos en este blog sobre cómo puede CTT colaborar con las administraciones locales para mejorar la recaudación por el ICIO .

En resumen, el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es una figura que afecta a una amplia variedad de supuestos y cuya correcta gestión e inspección puede producir importantes ingresos para las arcas municipales.

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de los apartamentos turísticos

Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT

La proliferación de apartamentos turísticos por toda la geografía española está haciendo necesaria una adaptación de la normativa vigente para dar cabida a este fenómeno en auge con plenas garantías para todos los actores implicados.

Más allá de la ordenación del sector, han surgido algunas dudas sobre la tributación. En este caso, nos vamos a centrar en abordar la situación de los alquileres turísticos en relación con un impuesto que afecta directamente a los ayuntamientos: el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Antes de nada, debemos aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a la actividad de alquiler de apartamentos turísticos . La Agencia Tributaria nos remite al artículo 5 de la Ley 29/1994, de Arrendamiento Urbanos para determinar que se considera alquiler turístico “la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa”.

Dando por hecho que el alquiler turístico es una actividad que supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y/o recursos humanos con la finalidad de intervenir en la distribución de servicios, es el momento de clasificar el uso del alojamiento privado para el turismo en su epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Para ello, la Agencia Tributaria analiza tres supuestos . En primer lugar, estudia el caso de una persona o entidad que cede, a cambio de un precio, apartamentos por un periodo de tiempo determinado prestando servicios de hospedaje (limpieza, cambio de ropa, puesta a disposición de los huéspedes de vajillas o equipamiento de cocina, etc.). Estaríamos, por tanto, en la Agrupación 68 de la sección primera: Servicio de Hospedaje. Dentro de ella, la actividad se encuadra en el Grupo 685, Alojamientos turísticos extrahosteleros, donde se deben incluir los servicios de hospedaje en fincas rústicas, casas rurales y hospederías en el medio rural, albergues juveniles, pisos y otros establecimientos que no se consideren hoteles, moteles, hostales, pensiones, fondas, etc.

Para este caso, Hacienda recuerda que la cuota será del 70% si permanecen abiertos menos de ocho meses al año.

Ahora bien, podría darse la circunstancia de que una persona o entidad arriende el apartamento turístico a una personal física o jurídica para que lo explote como un establecimiento extrahotelero. En este caso, el propietario del inmueble debería inscribirse en el epígrafe 861.2: Alquiler de locales industriales y otros alquileres.

Por último, puede ocurrir que la actividad que se realice consista, únicamente, en arrendar el inmueble o parte de él por periodos de tiempo, pero sin prestar ningún servicio de hospedaje. Es decir, se pondrían a disposición del arrendador solamente las instalaciones. Aquí, nos encontraríamos ante una actividad del epígrafe 861.1: Alquiler de Viviendas. Si la cuota por esta actividad es inferior a 601,01 euros, el sujeto pasivo no tendrá que satisfacer ninguna cuota por el IAE.

Además, y para todos los casos, no hay que olvidar que están exentas del IAE las personas físicas residentes en España y los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, las sociedades civiles y las entidades incluidas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 (comunidades de bienes, herencias yacentes y otras entidades sin personalidad jurídica constituidas como unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición) que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros. Estos sujetos no tienen obligación de darse de alta en la matrícula del IAE ni de tributar por el mismo.

Los ayuntamientos pueden liquidar la plusvalía municipal en los casos en los que no se acredite la pérdida de valor

Thu, 12 Jul 2018 15:35:00 GMT

El Tribunal Supremo ha zanjado la polémica al determinar que las liquidaciones de la plusvalía municipal solo podrán anularse en el caso de que el contribuyente pruebe que el inmueble se ha vendido sin ganar dinero.

A través de una sentencia fechada el pasado 9 de julio, el Supremo aclara la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional que estimó que eran nulos algunos artículos que regulaban el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. La sentencia del Alto Tribunal consideró inconstitucionales los preceptos que posibilitan que se deba satisfacer este impuesto en los casos en los que la venta de un inmueble no proporcionase ganancias.

Desde entonces, se han producido diversas interpretaciones que han traído consigo discrepancias a la hora de aplicar el impuesto, especialmente sobre la posibilidad de invalidar las liquidaciones entendiendo que al ser nulos distintos aspectos de la ley no se debería cobrar hasta que exista una modificación normativa.

Ahora, la Sala Tercera del Tribunal Supremo disipa las dudas sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y establece que “son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE».

Por tanto , los ayuntamientos pueden liquidar el impuesto en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por otro lado, el Supremo entiende que «el artículo 110.4 del TRLHL , sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”. Esta nulidad posibilita que los obligados tributarios puedan probar la inexistencia de un aumento del valor del terreno.

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real , el sujeto pasivo podrá ofrecer “cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla» (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas). Deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar la plusvalía.

La sentencia del Tribunal Supremo pone fin a un periodo de incertidumbre que aclara la forma de proceder en la liquidación de un impuesto que generó más de 2.000 millones para las arcas municipales en 2016.

Mejora de la recaudación por la tasa del 1,5%

Mon, 11 Jun 2018 09:04:00 GMT

Hace unos meses, hablábamos en este blog de la tasa del 1,5% que deben satisfacer a los ayuntamientos las empresas suministradores por el aprovechamiento del dominio público. Hoy, abordamos nuevamente este asunto para informar de una campaña especial que hemos impulsado desde Munigest Tributos para que las administraciones locales optimicen la recaudación por este concepto y obtengan nuevos ingresos sostenibles.

Como os contamos en una sección especial que hemos habilitado en nuestra web , las empresas suministradoras de electricidad, agua, gas, etc. hacen uso de espacios públicos para llevar a cabo el suministro a sus clientes. Conducciones subterráneas o líneas aéreas ocupan zonas de dominio público que son aprovechadas por estas compañías privadas.

La ley establece que, por este aprovechamiento, las empresas deben abonar una tasa del 1,5% de su facturación bruta al ayuntamiento propietario del terreno. Sin embargo, en muchos casos, no realizan las declaraciones correspondientes o no lo hacen correctamente, con el consiguiente perjuicio para los ayuntamientos que dejan de ingresar un dinero que les corresponde.

Los Ayuntamientos tienen competencias suficientes para realizar inspecciones de cara a comprobar que las compañías suministradoras declaran la tasa y que lo hacen de forma correcta. Sin embargo, la escasez de recursos técnicos y humanos que sufren algunos municipios no permiten efectuar una adecuada comprobación.

Más ingresos sostenibles para el ayuntamiento

Para ayudarles en este cometido, CTT pone a su disposición un experimentado equipo técnico que se encarga de comprobar las declaraciones que realizan las empresas y de asistir al ayuntamiento en la emisión de las liquidaciones complementarias de los años no prescritos.

CTT se encarga de todos los trámites técnicos necesarios (recopilación de datos para comprobar la liquidación, contactos con la empresa suministradora, resolución de reclamaciones, etc.) hasta culminar el proceso de comprobación y, en su caso, liquidación. Solo cuando el Ayuntamiento haya cobrado, abonará un porcentaje de los ingresos efectivos a CTT . Así de sencillo y así de transparente.

Si está interesado en que su ayuntamiento mejore la recaudación por la tasa del 1,5%, puede empezar por visitar esta página: Campaña Especial Inspección Tasa 1,5%.

Los plazos de prescripción en las deudas tributarias

Tue, 08 May 2018 16:46:00 GMT

Una de las tareas que compete a la Administración es la inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias para que ciudadanos y entidades con personal jurídica propia contribuyan como les corresponde al mantenimiento de los gastos comunes.

Los poderes públicos -entre los que se incluyen los ayuntamientos – disponen de herramientas para, garantizando la seguridad jurídica de los obligados tributarios, conseguir una distribución justa de la carga fiscal. El Plan de Inspección Tributaria es la más eficaz.

Sin embargo, las labores de comprobación e inspección están limitadas en el tiempo. Según establece el artículo 66 de la Ley General Tributaria , trascurridos cuatro años la administración pierde los siguientes derechos:

Además, para las partes prescriben los derechos a obtener o solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

¿Cuándo comienza a contar el plazo para la prescripción?

El inicio del cómputo de los cuatro años para la prescripción dependerá del caso del que se trate.

En el supuesto de determinar la deuda mediante una liquidación , el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En los tributos de cobro periódico por recibo sin necesidad de declaración o autoliquidación, el plazo se iniciará el día de devengo del tributo.

Para las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas , el computo arrancará al día siguiente a aquel que finalice el plazo de pago en periodo voluntario.

En los supuestos en los que prescriba el derecho a obtener o solicitar devoluciones , se tendrá en cuenta el periodo desde el día siguiente en que finalice el plazo para solicitarlo o para efectuar la devolución.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen situaciones en las que se interrumpen los plazos de prescripción. Esto ocurre, por ejemplo, ante cualquier acción de la administración tributaria realizada con conocimiento formal del obligado tributario que tenga como fin reconocer, regular, comprobar, inspeccionar, asegurar o liquidar la obligación fiscal. Lo mismo acontece en el caso de la interposición de reclamaciones o recursos.

Una vez que se produzca la interrupción, se iniciará de nuevo el plazo de prescripción , por lo que la Administración dispondrá de otros cuatro años para las tareas vinculadas a la inspección de tributos.

En el caso de obligados tributarios solidarios , la interrupción del plazo -y también la prescripción ganada- para uno de ellos se extiende a todos los demás. Sin embargo, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de ellos, el plazo no se interrumpe para los demás.

Una vez cumplidos los plazos, la prescripción se aplicará de oficio, extinguiéndose con ella la deuda tributaria.

En resumen, la Administración dispone de cuatro años para realizar las comprobaciones que estime oportunas y reclamar , en su caso, lo que considere adecuado. Sin embargo, cualquier acción encaminada a este fin y que sea comunicada formalmente hará que el plazo sea superior.

Claves para entender el impuesto de actividades económicas (IAE)

Fri, 27 Apr 2018 11:58:00 GMT

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es una de las figuras impositivas de la que obtienen ingresos los ayuntamientos en base al artículo 59 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que vino a sustituir a las antiguas licencias fiscales.

Se trata de un tributo directo, cuyo hecho imponible lo constituye el mero ejercicio de actividades empresariales (ganaderas, mineras, industriales, comerciales y de servicios), profesionales o artísticas .

Para que una actividad sea considerada como económica, y por tanto deba ser gravada con este impuesto, debe suponer una “ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.

Sin embargo, no tienen la consideración de actividades económicas los siguientes supuestos:

Además, hay una serie de sujetos que, por ley, están exentos del pago del impuesto :

Cuota tributaria

La cuota tributaria que corresponde a cada sujeto pasivo se determina en función de diversos parámetros. El primero de ellos es su clasificación en una de las actividades económicas incluidas en tres secciones: empresariales (sección 1ª), profesionales (sección 2ª) o artísticas (sección 3ª). A cada uno de estos epígrafes del IAE le corresponde una cuota.

Esta cuota será ponderada mediante unos coeficientes que tienen en cuenta el importe de la cifra de negocios y la situación física del negocio.

Además, en el caso de actividades que sobrepasen el ámbito municipal, como puede ser el transporte de mercancías, se incorpora una cuota provincial o nacional según el alcance.

La liquidación del impuesto se realiza a partir de la matrícula de cada municipio en base a los datos de la Agencia Tributaria o la entidad que haya asumido la delegación de la gestión censal del tributo, normalmente ayuntamientos que sean capital de provincia o mayores de 50.000 habitantes o diputaciones provinciales. Por tanto, a la hora de acometer la inspección tributaria las labores de los técnicos se centran en comprobar esta matrícula del IAE para asegurar que la actividad está inscrita convenientemente, pues corresponde a los propios sujetos pasivos comunicar el alta y las posibles variaciones.

El IAE también cuenta con una serie de bonificaciones que pueden clasificarse en dos grupos: obligatorias (que se aplican en todo el territorio bajo el control de la agencia tributaria del Estado) y potestativas de cada uno de los municipios, que se aplican de forma voluntaria por los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal.

Por último, nos queda reseñar que el periodo impositivo del AIE se corresponde con un año natural. En los casos en los que la actividad no esté iniciada al comienzo del año, se tomará como referencia el momento del comienzo de la misma. Las cuotas a pagar son prorrateables por trimestres.

4 razones por las que un ayuntamiento debe contar con un plan de inspección tributaria

Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT

Los ayuntamientos disponen de una serie de figuras impositivas bajo su competencia, siendo los encargados de su gestión, liquidación, inspección y recaudación. Las administraciones locales con más recursos suelen ser autosuficientes a la hora de realizar estas labores que les encomienda la Ley Reguladora de Haciendas Locales , pero los recursos técnicos y humanos son limitados en los de pequeño y mediano tamaño y, en muchos casos, tan solo pueden centrarse en los trabajos de gestión y recaudación sin poder controlar la adecuada liquidación de los impuestos.

Esta imposibilidad de llevar a cabo un plan de inspección tributaria hace que se creen bolsas de fraude que menoscaban la economía municipal, dificultan la adecuada gestión del municipio y ponen en riesgo la prestación de servicio.

Como solución a este problema, las administraciones locales pueden contar con la asistencia externa de profesionales cualificados para elaborar y desarrollar un plan de inspección tributaria. Empresas como COLABORACIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL se encargan de esta función sin que suponga un desembolso para el ayuntamiento, pues únicamente facturan un porcentaje de los ingresos efectivos como resultado de su labor.

¿Qué razones pueden llevar a un municipio a impulsar un plan de inspección tributaria en el ámbito de sus competencias? Al menos podemos encontrar cuatro:

Por la igualdad de todos los ciudadanos

Si una persona no contribuye al sustento del gasto público con arreglo a sus obligaciones, alguien debe asumirlo. Por tanto, como se dice en términos coloquiales, “pagarán justos por pecadores”.

La Constitución Española afirma en su artículo 31 que “todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”. Para que esto sea posible, en preciso que la administración disponga de una herramienta que le permita comprobar la correcta distribución de la carga fiscal . Esta herramienta es el plan de inspección tributaria.

Exigencia legal

El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 26 de noviembre de 1984 , declaró la “necesidad de una actividad inspectora especialmente vinculante y eficaz aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta” por parte de las administraciones para evitar una “una distribución injusta de la carga fiscal”.

Unos años después, en sentencia fechada el 26 de abril de 1990 , utilizaba los mismos argumentos y añadía que “una eficaz actividad de inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias no es, pues, una opción que quede a la libre disponibilidad del legislador y de la Administración, sino que, por el contrario, es una exigencia inherente a «un sistema tributario justo» como el que la Constitución propugna en el art. 31.1: en una palabra, la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos , singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria”.

Sostenibilidad del municipio

Los ayuntamientos españoles vienen clamando desde hace años por un sistema de financiación que les permita asumir la carga competencial que sustentan como la administración pública más cercana a los ciudadanos.

Los elevados gastos asumidos en periodos pasados de bonanza económica son difícilmente asumibles en unos tiempos en los que la merma de la actividad económica , especialmente la vinculada al sector de la construcción, ha reducido los ingresos de las arcas públicas.

En este contexto, cualquier incremento de los ingresos es un balón de oxígeno para las administraciones locales que les facilitará mantener los servicios básicos que prestan a sus ciudadanos.

Incrementar la recaudación tras un proceso de inspección tributaria es una fórmula al alcance de los ayuntamientos para alcanzar la deseada sostenibilidad.

Buen gobierno de los bienes públicos

Las tres razones anteriores (igualdad de todos los ciudadanos, exigencia legal y sostenibilidad del municipio) pueden agruparse bajo esta última: el buen gobierno de los bienes públicos.

Gestionar adecuadamente un municipio supone, entre otras cuestiones, respetar los principios constitucionales, comenzando por la igualdad de todos los ciudadanos y la mencionada obligación de contribuir al sustento de los bienes y servicios colectivos. El plan de inspección tributaria es un excelente instrumento para conseguirlo.

El incremento de los recursos como resultado de las labores de inspección redundará en una mejora en las prestaciones que el ayuntamiento puede ofrecer a los habitantes de su territorio.

Por tanto, la puesta en marcha de un plan de inspección municipal puede considerarse como una tarea de buen gobierno .

Los ayuntamientos deben informar de sus impuestos antes del 30 de abril

Fri, 23 Mar 2018 12:34:00 GMT

La gestión transparente de las administraciones públicas tiene una incidencia directa en la calidad democrática. No basta con que los gobiernos faciliten información a requerimiento de los ciudadanos, sino que es preciso que tomen la iniciativa para simplificar el acceso a la información y facilitar la comprensión de los datos de interés público.

En este contexto, las administraciones locales están obligadas a facilitar información periódica a las instituciones estatales encargadas, entre otras cosas, de la gestión económica o la estadística. Entre estos datos, se encuentra la información impositiva local: tipos de gravamen, índices y coeficientes.

El Plan Estadístico Nacional 2017-2020 , aprobado por el Real Decreto 410/2016 , es el instrumento de ordenador de la actividad estadística del Estado. En él se incluye un apartado dedicado a la imposición local que tiene como fin la obtención de información censal de los principales parámetros que determinan la presión fiscal municipal y provincial.

El artículo 3 del mencionado decreto recuerda la obligación que tienen las administraciones de facilitar los datos solicitados. En el caso de la información impositiva, esta aportación se realiza a través de la aplicación para la captura de tipos impositivos de 2018 que permanece abierta en la oficina virtual para la coordinación financiera de las entidades locales hasta el próximo 30 de abril.

Los principales datos que deben aportar los ayuntamientos son los siguientes:

Acceso a la información

Al margen del uso estadístico de esta información, la web de la Secretaria General de Financiación y Autonomía Local ofrece los datos en abierto de todos los municipios de España.

Un sencillo buscador permite seleccionar un año , una provincia y un municipio dentro de ella. Tras la elección, la aplicación muestra la información sobre el IBI (año de entrada en vigor de los valores catastrales y tipos de gravamen), el IAE (coeficientes máximo y mínimo), incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (porcentaje sobre el valor del terreno en función de su antigüedad y porcentaje de reducción aplicado), ICIO (gravamen) e impuesto de vehículos de tracción mecánica (tarifas por tipo de vehículo).

Además, es posible descargar datos agregados de todos los municipios por ejercicio.

Para que esta información este accesible para el ciudadano, tal y como hemos comentado, los ayuntamientos deben facilitarla de forma telemática al Ministerio de Hacienda y Función Pública antes del próximo 30 de abril.

Novedades tributarias de la nueva normativa de contratos del sector público

Tue, 19 Dec 2017 17:30:00 GMT

El próximo 9 de marzo entrará en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de noviembre.

Al margen de todas las novedades que incluye en aras de una mayor transparencia y para lograr una mejor relación calidad-precio en los contratos, el texto también introduce diversas modificaciones en los tributos que la Agencia Tributaria ha resumido en un documento . Algunas de ellas, están relacionadas directamente con los impuestos y tasas municipales .

Hacienda recuerda que la disposición décima de la Ley de Contratos introduce variaciones en la Ley 37/1992 , del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así, se aclara que no están sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente y sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria por los entes públicos que tengan la condición de medio propio personificado del poder adjudicador o los que dependan íntegramente de una administración pública.

A este respecto, la Agencia Tributaria pone el siguiente ejemplo:

Un ayuntamiento constituye una sociedad mercantil participada al 100 por cien que, actuando en nombre y por cuenta propia, presta el servicio de recogida de basuras. El servicio se financia mediante:

Tampoco están sujetos al IVA los servicios prestados por los entes públicos antes mencionados cuando se lleven a cabo a favor de otros entes de carácter público que dependan íntegramente de la misma administración.

Este sería el caso de una empresa mercantil participada en un 100% por una comunidad autónoma que presta servicios a un organismo autónoma y a otra mercantil, ambas dependientes de la misma comunidad autónoma.

Por otro lado, la actividad de radiotelevisión realizada por el sector público solo quedará sujeta al IVA y generará derecho a la deducción cuando tenga carácter comercial.

Estas modificaciones entraron en vigor el 10 de noviembre.

Modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

La Disposición Final Duodécima de la nueva Ley de Contratos también modifica el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales añadiéndole un nuevo apartado a su artículo 20 con el fin de aclarar la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la explotación de obras o la prestación de servicios como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Estas contraprestaciones económicas realizadas en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado, se regularán mediante ordenanza.

El nuevo redactado insta a que, durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza, las entidades locales soliciten un informe preceptivo a las administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuya alguna facultad de intervención sobre la materia.

Cómo mejorar la recaudación de la tasa de ocupación del subsuelo por las empresas suministradoras

Thu, 16 Nov 2017 09:04:00 GMT

Entre las tasas que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite gestionar a los Ayuntamientos se encuentra la vinculada al uso privativo o el aprovechamiento del dominio público. Uno de los supuestos más habituales que está sujeto a esta tasa y que la mayoría conocemos es la ocupación de la vía pública con sillas o mesas por parte de bares y restaurantes o con materiales relacionados con la construcción. Sin embargo, hay otros muchos hechos imponibles vinculados a esta figura impositiva.

En artículos anteriores hablamos, por ejemplo, de las tasas por paso de carruajes y vado y de la relacionada con la instalación de cajeros automáticos . Aquí también se realiza un aprovechamiento de un espacio común que, como en los servicios de terraza, es evidente. Sin embargo, hay ocasiones en los que la utilización no es tan manifiesta. Esto ocurre con la ocupación del subsuelo por parte de las empresas suministradoras de servicios.

El artículo 24 de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales , en su apartado c, establece que las empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones…) que hagan un aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas están obligadas a abonar una tasa por ello.

El importe que deberán abonar será del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan en el término municipal a lo largo del año. En este régimen especial de cuantificación de la tasa no se incluyen los servicios de telefonía móvil.

Para el caculo de los ingresos brutos de cada compañía no han de tener en cuenta los ingresos directos que graven los servicios prestados ni tampoco las cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyen un ingreso propio de la entidad a la que se le aplique la tasa. También quedarán al margen los ingresos obtenidos por los servicios de suministro utilizados en las instalaciones inscritas en la sección 1ª o 2ª de Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía cuando sean necesarios para la generación de energía susceptible de tributación en el régimen del 1,5%.

Por otro lado, aquellas empresas que utilicen para el suministro redes que no sean propias, podrán deducirse de los ingresos brutos las cantidades abonadas por ese concepto.

Por último, la normativa establece que el importe derivado de esta tasa no podrá repercutirse en los usuarios de los servicios de suministro.

Optimizar la recaudación

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el ayuntamiento debe velar por la correcta aplicación de la tasa para garantizar un sistema tributario equilibrado, justo y solidario . Para ello, cuenta con la inspección de tributos .

En el caso concreto de la tasa del 1,5%, los trabajos se han de centrar, por un lado, en determinar los equipamientos afectados en base a la legislación vigente y, por otro, en comprobar la veracidad y la exactitud de los ingresos declarados por las compañías.

Para llevar a cabo esta compleja labor, los ayuntamientos pueden contar con la colaboración de empresas externas, como CTT, que están especializadas en la asistencia técnica en la inspección tributaria. Su experiencia y conocimiento técnico pueden ser de gran utilidad para conseguir ingresos extraordinarios para el ayuntamiento y un sistema tributario más justo.

Así optimizamos en CTT la recaudación por el ICIO

Mon, 25 Sep 2017 12:15:00 GMT

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es uno de los tributos que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite gestionar a los ayuntamientos, convirtiéndose así en una de las vías de financiación de las arcas municipales. Por tanto, controlar la correcta liquidación de esta figura impositiva es fundamental para el sostenimiento de los gastos públicos y para asegurar una distribución justa de la carga fiscal.

Antes de entrar en el procedimiento que empleamos en CTT para optimizar la recaudación por el ICIO , vamos a detenernos en conocer cómo funciona este tributo.

Nos encontramos ante un impuesto indirecto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra dentro del ámbito municipal para la que se exija licencia de obras o urbanística. Quedan al margen de la obligación del pago del impuesto las actuaciones de las que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales cuando sean destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas o saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales.

Deberán abonar el impuesto los dueños de la obra –quienes soportan los gastos-, con independencia de que sean o no los propietarios del inmueble. En caso de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, deberá hacerse cargo de la liquidación aquel que solicite la correspondiente licencia, aunque posteriormente repercuta el coste al contribuyente. Este sería el caso, por ejemplo, del propietario de un terreno que encargara la construcción de una nave a un contratista. Este deberá hacerse cargo inicialmente del impuesto al solicitar la licencia de obra, aunque, posteriormente, lo repercuta en su cliente.

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la actuación que se prevé acometer, sin tener en cuenta el IVA y otros impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, instalación u obra. Tampoco se computarán los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Para el cálculo de la cuota tributaria se aplicará a la base imponible el tipo de gravamen que fije cada ayuntamiento, siempre por debajo del 4% que establece la legislación como tope. Corresponde a cada municipio determinar las bonificaciones aplicables entre las que refleja el artículo 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

Optimización de la recaudación

Ya hemos hablado en artículos anteriores de la utilidad del plan municipal de inspección de tributos como herramienta de lucha contra el fraude y vía para optimizar la recaudación a través de los impuestos. En esta labor, los ayuntamientos pueden contar con el asesoramiento de profesionales cualificados. En el caso del ICIO está colaboración se hace especialmente útil para municipios con escasos recursos humanos, pues nos encontramos ante un impuesto alrededor del cual se ha generado numerosa jurisprudencia y que precisa de una laboriosa e intensa labor de inspección.

El método que empleamos en CTT en aquellos ayuntamientos que han confiado en nosotros comienza con un estudio pormenorizado por parte de los técnicos de las liquidaciones del impuesto en busca de posibles bolsas de fraude . La irregularidad que se detecta con más asiduidad en esta fase es que el coste de ejecución real de las obras pudiese ser superior al declarado, lo que supone que se minusvalore la base imponible con la consiguiente pérdida económica para el municipio.

Tras este primer paso, se prepara la correspondiente inspección y se atiende a los contribuyentes requeridos en las dependencias municipales. Una vez estudiada con detenimiento la documentación que aporten se prepara, en su caso, la propuesta de regulación .

Nuestra labor como asesores del personal municipal también incluye el auxilio en la tramitación de las actas de conformidad o disconformidad y en la resolución de los recursos de reposición hasta la total liquidación del expediente.

Tasas por paso de carruajes y vado permanente

Mon, 04 Sep 2017 16:26:00 GMT

Entre las distintas tasas que las entidades locales utilizan para sufragar los gastos necesarios para la correcta administración del municipio se encuentran las relacionadas con el conocido popularmente como paso de carruajes y los vados permanentes .

Aunque en ambos casos están vinculadas con el acceso a los inmuebles desde la vía pública, se trata de figuras impositivas diferentes y que otorgan derechos bien distintos. A pesar de ello, es corriente encontrarnos con situaciones en los que el ciudadano tiene dudas sobre el alcance de cada una de ellas. Vamos a tratar de explicar sus diferencias.

El artículo 20 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales otorga a los ayuntamientos la capacidad de establecer tributos por la utilización de espacios públicos con fines privativos. En este marco se encuadra la tasa por paso de vehículos al gravar la utilización por parte de particulares o empresas de un espacio común, en este caso el tramo de acera hasta la entrada de un garaje, local u otro tipo de inmueble.

En algunos casos, como en la ordenanza de Madrid , se hace una relación detallada de los inmuebles que deben contar con esta autorización: los destinados a estacionamiento de vehículos, los que precisen de la estancia de vehículos en su interior para el desarrollo de su actividad, fincas que tengan en su interior aparcamiento para vehículos, en los que se realicen actividades de carga y descarga y gasolineras y estaciones de servicio.

Un ejemplo más: la ordenanza Nº 13 del Ayuntamiento de Cuenca establece que la tasa se debe abonar “por la entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías públicas” a garajes, almacenes, locales comerciales de los inmuebles, aparcamientos de superficie, solares destinados temporalmente aparcamiento y accesos a las estaciones de servicio.

La tasa correspondiente por esta concesión se devenga anualmente y suele estar relacionada, entre otros parámetros, con el valor del terreno , el espacio ocupado , el aprovechamiento (es común relacionarlo con el número de plazas) y con la zona en la que se ubica el acceso atendiendo al callejero fiscal .

Vado permanente

Ahora bien, contar con la autorización para el paso de vehículos por la acera no siempre supone una reserva del espacio o una prohibición de aparcamiento a otros usuarios de la vía para facilitar el acceso. Es decir, podemos tener el derecho a pasar un vehículo a un inmueble de nuestra propiedad, pero ello no tiene porqué suponer que esté prohibido aparcar en la puerta de nuestro garaje . Para aunar ambos derechos es preciso contar tanto con la autorización para el paso de vehículos como con la concesión de un vado.

Existen municipios donde ambas autorizaciones se expiden de forma conjunta . En ellos, todos los pasos de vehículos cuentan con su correspondiente vado. Sin embargo, también hay ayuntamientos que diferencian entre ambas concesiones y en los que es posible disfrutar del espacio público para entrar al inmueble pero sin la reserva que supone contar con un vado.

En cualquier caso, corresponde igualmente a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones de vado y devengar la correspondiente tasa por cada una de las entradas para las que se solicite la reserva del espacio público. Además, suele ser habitual que los municipios repercutan en los beneficiarios de los vados el coste de las señales correspondientes.

El callejero fiscal como herramienta de distribución de cargas impositivas

Wed, 16 Aug 2017 09:46:00 GMT

Los principios de igualdad y progresividad son los que deben guiar el desarrollo de un sistema tributario justo . Tal y como recoge el artículo 31 de la Constitución Española , la puesta en práctica de estos fundamentos debe suponer un reparto equitativo de las aportaciones de los ciudadanos al sustento de los gastos públicos en función de su capacidad económica.

Teniendo esto en cuenta, y dentro del desarrollo de las competencias que les otorga la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local , las administraciones locales gestionan, inspeccionan y recaudan determinados tributos con el fin de contribuir a su sostenimiento económico. En este contexto, una de las herramientas utilizadas por los ayuntamientos para velar por el reparto justo de las cargas es el callejero fiscal.

Este útil instrumento se conforma como un marco de referencia para cuantificar la base imponible de diversos impuestos y tasas en función de la ubicación del hecho imponible . Para su elaboración, se crean distintas categorías a las que, posteriormente, se van adscribiendo las calles de la localidad.

Los factores que se tienen en cuenta para la catalogación fiscal de la calle son muy diversos y se adaptan a las características propias de cada municipio. Entre ellos, se emplean la valoración catastral , la concentración de actividades económicas , el acceso a servicios públicos , la disponibilidad de prestaciones ofrecidas por el municipio, el equipamiento urbano o las zonas verdes y de esparcimiento de las que pueden disfrutar los vecinos de la zona.

La categoría de cada una de las vías fijará directamente el importe de determinadas tasas o un coeficiente corrector que se aplicará a la hora del cálculo de la figura impositiva, como, por ejemplo, el Impuesto de Actividades Económicas o las tasas que se derivan del uso del aprovechamiento del espacio público.

Lo vemos con un ejemplo. El Ayuntamiento de Cuenca tiene catalogadas las calles de la ciudad en cinco categorías. Para calcular la Tasa por la Entrada de Vehículos por la Vía Pública, que viene regulada por la Ordenanza Fiscal Nº 13 , tiene en cuenta, entre otros parámetros, un factor de corrección por categoría de la vía pública que va desde el 3 para las calles de 1ª categoría hasta el 1,8 de aquellas incluidas en la 5ª categoría.

Lo mismo ocurre en la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa ( Ordenanza Fiscal Nº19 ) o la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con la Instalación de Cajeros y Ventanas de Despacho Directo en Fachadas ( Ordenanza Fiscal Nº 33 ).

Sin embargo, en otras ocasiones, el callejo fiscal determina directamente el importe a pagar por la tasa. Es el caso, por ejemplo, de la Ordenanza Fiscal Nº 20 al referirse a la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras Instalaciones análogas. Aquí, la norma establece una cuantía fija para las calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª (19,55 € por metro cuadrado y fracción y mes o fracción) y otra para las de 4ª y 5ª (2,82 € por metro cuadrado y fracción y mes o fracción).

Por tanto, el callejero fiscal es un efectivo instrumento de distribución de las cargas impositivas al contribuir a que se pague más en aquellas zonas de mayor valor urbanístico y con mayor potencial económico.

Ahora bien, para que cumpla con este cometido es necesaria una actualización periódica del mismo en la que se tenga en cuenta el desarrollo del municipio. De esta forma, el disponer de un callejero fiscal adaptado a la realidad puede constituir, además, a generar nuevas fuentes de recursos sostenibles para las arcas municipales.

Sabedores de su utilidad y de las posibilidades que ofrece contar con un callejero fiscal , cada vez son más los ayuntamientos que se plantean iniciar los trabajos para su desarrollo o actualización buscando la justa distribución de la carga fiscal y la optimización de los ingresos. En esta tarea, CTT cuenta con una dilatada experiencia y puede ayudarles.

Las propuestas de los municipios para modificar el impuesto de plusvalías

Wed, 26 Jul 2017 07:45:00 GMT

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que tiene conocimiento de que Hacienda ya dispone de una propuesta de modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana basada en las alternativas remitidas por la Federación a comienzos del mes de junio.

Por este motivo, la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada el pasado día 18 de julio ha instado al Ejecutivo a que la tramite con la máxima celeridad para “despejar la inseguridad jurídica y adecuar con rapidez la nueva normativa a la sentencia del Tribunal Constitucional ”.

Las propuestas de la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias remitió el pasado mes al Gobierno su propuesta de modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana después de que el Tribunal Constitucional anulase algunos preceptos de la vigente normativa e instase al legislador a llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto”.

En concreto, la FEMP hizo llegar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un documento con dos alternativas . La primera de ellas, se centra en establecer criterios objetivos para calcular la base liquidable que estén vinculados a la evolución real del mercado inmobiliario . En la práctica, sería el Catastro quien elaboraría un índice anual que reflejase la evolución del valor de los sueles de naturaleza urbana y que se emplearía como coeficiente para determinar la base imponible.

Además, abogaban por que no queden exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores a un año.

La otra alternativa propuesta se apoya en sustituir la actual base objetiva por nuevos criterios que tengan en cuenta la capacidad económica real del sujeto pasivo. Con este nuevo sistema, en el cálculo se tendría en cuenta el incremento real del valor del inmueble mediante la diferencia ente el “valor de transmisión” menos el “valor de adquisición”. En la operación se incluiría tanto el valor de la construcción como el del suelo, y se extendería también a los inmuebles rústicos.

En esta segunda proposición también se pide el cobro de las plusvalías que se generasen dentro de un año y la deducción en los impuestos estales de la cuota abonada para evitar una doble imposición.

Otras demandas

Además de las dos propuestas, la FEMP hizo llegar al ministerio que dirige Cristobal Montoro tres demandas:

Así funciona el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Fri, 07 Jul 2017 09:13:00 GMT

Uno de los impuestos que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales encomienda a los ayuntamientos es el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como impuesto de circulación . A los municipios les corresponde, por tanto, su gestión, liquidación, inspección y recaudación.

¿Quién debe pagar el IVTM?

El IVTM es un tributo directo que grava la titularidad de vehículos de tracción mecánica que estén en disposición de circular por las vías públicas. A los efectos de este impuesto se consideran que son aptos para la circulación aquellos vehículos que dispongan de una matrícula, aunque sea de carácter temporal o turística .

La normativa establece que no están sujetos a este impuesto los vehículos que, estando de baja por su antigüedad, se autoricen para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o pruebas deportivas. Tampoco lo están los remolques o semirremolques cuya carga útil no exceda de los 750 kilogramos.

Además, la ley fija una serie de excepciones en las que se incluyen, entre otros, los vehículos oficiales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana; los destinados a la asistencia sanitaria; los vinculados a representaciones diplomáticas; los matriculados a nombre de personas con una minusvalía reconocida superior al 33% y destinados para su uso exclusivo; aquellos con más de nueve plazas empleados para el transporte público y los tractores y la maquinaria que dispongan de la Cartilla de Inspección Agrícola.

¿Cuánto se paga?

El artículo 95 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija las cuotas que debe pagar cada vehículo. Para ello, se han configurado siete grupos que, a su vez, se subdividen en función de factores como la clase, el número de plazas, la potencia, la carga útil o la cilindrada. La clasificación queda de la siguiente forma:

Los importes de las cuotas fijados por en la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, que van desde los 4,42 euros para un ciclomotor o motocicleta de menos de 125 cc. hasta los 148,30 euros de los autobuses de más de 50 plazas y los camiones de más de 9.999 kilos de carga útil, pueden ser modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También los ayuntamientos tienen la potestad de incrementarlos mediante la aplicación de un coeficiente para cada una de las clases y tramos en los que se dividen que no podrá ser superior a 2. Como ejemplo, la Ordenanza Fiscal Nº 3 del Ayuntamiento de Cuenca establece este coeficiente en un 1,75, mientras que la Ordenanza Nº 17 de Tarancón lo fija para este municipio en un 1,9. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública referidos a 2016, la media del conjunto de los municipios de la provincia de Cuenca se sitúa entre el 1,08 y el 1,09 para turismos, autobuses, camiones, tractores y remolques y entre el 1,10 y el 1,25 para ciclomotores y motocicletas

Por otro lado, la normativa estatal permite que las ordenanzas municipales regulen diversas bonificaciones en función del tipo de carburante que consuma el vehículo (hasta un 75% de bonificación), las características de los motores y su incidencia sobre el medio ambiente (hasta un 75%) o la antigüedad (hasta un 100%).

El periodo impositivo de este impuesto coincide con un año natural, salvo en la primera adquisición del vehículo. En estos casos, comenzará el día en el que se adquiera y se prorrateará por trimestres naturales. En la práctica, los ayuntamientos se encargan de comunicar la liquidación del impuesto y de establecer los procedimientos para su pago.

Nuevos ingresos para los ayuntamientos: tasa por los cajeros automáticos

Tue, 09 May 2017 15:40:00 GMT

La Ley Reguladora de las Hacienda Locales permite a los ayuntamientos establecer tasas por la utilización con fines privados o el aprovechamiento especial del espacio público. El artículo 20 de la citada normativa hace un exhaustivo recorrido por diversos supuestos de utilización privativa del dominio público, con especial referencia a la apertura de zanjas, la ocupación con mercancías o materiales de construcción, la entrada de vehículos, las marquesinas, las sillas y mesas con finalidad lucrativa, las vitrinas, los anuncios… y un largo etcétera. Entre estos elementos susceptibles de ser gravados por una tasa se encuentran los cajeros automáticos de las entidades financieras.

La implantación de este tipo de gravamen alcanzó una especial relevancia mediática cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció su aprobación y entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

La ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid establece como hecho imponible “el aprovechamiento especial del dominio público por la realización de operaciones bancarias en los cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras, que se encuentran situados en línea de fachada de los inmuebles respectivos y a los que únicamente se tiene acceso desde la vía pública”. No pagan, por tanto, aquellos cajeros localizados en los espacios abiertos a modo de soportales dentro de los inmuebles al entender que los usuarios no necesitan ocupar la vía pública para su uso. En otras ordenanzas, como es el caso de la de Barcelona, se fija incluso la distancia que debe existir entre la línea de fachada y el cajero para que surja la obligación de pago de la tasa. En la ciudad condal, se sitúa en 80 cm.

La normativa madrileña considera que esta tasa debe ser satisfecha por las entidades financieras donde se encuentran instalados los cajeros automáticos y para calcular la cuantía se tiene en cuenta los nueve tipos de categorías en los que se dividen las calles de la capital de España. Así, la cantidad fija anual que deben satisfacer por cajero automático va desde los 742,22 euros si se ubican en una calle de 1ª categoría a los 26,21€ para los situados en calles de 9ª categoría.

Según los datos que avanzó durante la presentación el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el consistorio madrileño prevé recaudar 745.000 euros en 2017 con este impuesto que afecta a 2.084 cajeros.

Sin embargo, Madrid no ha sido la primera ciudad española en implantar esta tasa. Al menos una veintena de localidades cuentan con esta figura impositiva, según una información publicada por ABC . Barcelona, Las Palmas, Ciudad Real, Jaén, Cartagena, Teruel, Illescas, Arrecife, Alcalá de Henares, Bilbao, Málaga, Murcia, Zaragoza, Valencia, Torrelodones, Sevilla, Las Rozas, Oviedo o Boadilla son algunas de ellas.

La ordenanza que sustenta esta figura impositiva es similar en la mayor parte de los casos. Entre las similitudes encontramos que la variable que suele tenerse en cuenta a la hora de calcular el importe que deben pagar las entidades financieras es la categoría de la calle en la que se ubica el cajero. Teniendo esto en cuenta, en la siguiente tabla se reflejan los precios en algunas ciudades españolas :

Sin embargo, existen localidades en las que la cuota es fija , independientemente de la ubicación del cajero. Ese es el caso de Málaga (600 euros al año), Torrelodones (635 €), Zaragoza (2.235€) o Finestrat (480,65 euros).

Como es lógico, la tasa sobre los cajeros automáticos es una vía para la obtención de ingresos para las arcas municipales . Con la modificación del sistema tributario municipal mediante la incorporación o modificación de tasas, los ayuntamientos buscan, además, establecer un sistema de fiscalidad eficaz, más equitativo y solidario que contribuya al sostenimiento del gasto público que exige el artículo 31 de la Constitución Española .

La financiación de los ayuntamientos a través de los impuestos estatales

Wed, 19 Apr 2017 09:42:00 GMT

Una de las vías de financiación con la que cuentan los ayuntamientos en España es la participación en un porcentaje de lo que recauda el Estado central por determinados impuestos. Además, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales les permite obtener recursos a través de los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos propios, las subvenciones, los precios públicos, el resultado de las operaciones de crédito, las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y por otras prestaciones de derecho público.

El origen de la participación de los entes locales en los impuestos de carácter estatal tiene su origen en el artículo 142 de la Constitución Española que dice textualmente: “Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Nuevamente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es la que define la forma en la que los municipios participan de esta recaudación. Para ello, hace dos grupos : aquellos que son capital de provincia o de comunidad autónoma o que tengan una población superior a los 75.000 habitantes y el resto. Los primeros reciben ingresos a través de un modelo de cesión, mientras que los segundos lo hacen mediante un sistema de variables.

Modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales

Los municipios afectos a este modelo tienen dos vías de financiación:

Modelo de reparto por variables

El sistema de reparto por variables es el que afecta a todos aquellos municipios que no están incluidos en el modelo de cesión, es decir, los que ni son capital de provincia a comunidad ni tienen menos de 75.000 habitantes.

En este caso, el importe de la participación anual en los tributos del Estado también se determina multiplicando la participación en el año anterior por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado. Esta aportación se hará igualmente en 12 entregas mensuales a cuenta que se liquidarán en 2019.

El montante total que se obtiene de la multiplicación anterior se distribuye entre los municipios siguiendo estos criterios:

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017

El pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 . Comienza ahora un periodo de debate que debería concluir con la aprobación definitiva de las cuentas públicas.

El Gobierno asegura haber sido prudente en las previsiones que han servido de base para elaborar el presupuesto al estimar que el PIB crecerá un 2,5% este año y que la tasa de paso descienda hasta el 17,5% . También ha remarcado que el conjunto de las Administraciones Públicas deben cumplir con el objetivo de definir del 3,1% del PIB (los datos de cierre de 2016 sitúan el déficit en el 4,3%).

Las grandes cifras de los Presupuestos reflejan unos ingresos no financieros , después de la cesión a los entes territoriales, de 133.055 millones de euros. Por su parte, los ingresos tributarios antes de la cesión alcanzarán los 200.963 millones, un 7,9% más respecto a lo recaudado en 2016.

Por otro lado, los gastos no financieros ascienden a 54.674 millones de euros, 3.490 millones menos que en el ejercicio anterior.

Las cuentas del Estado incluyen dos tipos de transferencias de gastos a los entes territoriales. Por una lado, las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes y, por otro, las que se derivan de convenios y acuerdos para participar en la financiación de bienes o servicios públicos prestados por las administraciones más cercanas.

En concreto, los presupuestos de 2017 contemplan unas transferencias corrientes y de capital de 40.861 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,8%. De este montante total, el 59,1% corresponde a transferencias a las comunidades autónomas (24.149,42 millones), mientras que el resto está destinado a las entidades locales (16.711,29 millones).

El plan de inspección de tributos municipal como herramienta de lucha contra el fraude

Thu, 23 Mar 2017 12:11:00 GMT

El artículo 31 de la Constitución Española establece que todos los españoles “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”. Para ello, han ido surgiendo distintas figuras impositivas (IRPF, IVA, IBI, tasas…) que cada una de las administraciones establece dentro del marco de sus competencias.

Sobre esta base, el Tribunal Constitucional ha reseñado que es “imprescindible la actividad inspectora y comprobatoria de la Administración tributaria” para asegurar que cada persona física o jurídica pague lo que le corresponde y evitar una “distribución injusta de la carga fiscal, pues lo que uno no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o cono menos posibilidades de defraudar”.

Esta argumentación sirve para que el alto tribunal considere que la actividad de inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias “no es una opción” para la Administración, sino que constituye “una exigencia inherente a un sistema tributario justo”. Así pues, “la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos”.

En el caso de las tasas e impuestos que son competencia de los ayuntamientos (ICIO, tasas por ocupación de los espacios públicos, tasa 1,5%…) la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 12 que las labores de gestión, liquidación, inspección y recaudación se realizará de acuerdo a la Ley General Tributaria y demás leyes estatales reguladoras de la materia. En la primera de estas normas, en concreto en su artículo 116, se insta a las administraciones con competencia en la gestión de tributos a elaborar anualmente un plan de control tributario como herramienta para luchar contra el fraude.

Los procedimientos y actuaciones para llevar a cabo esta inspección vienen, a su vez, regulados en el Título V del Real Decreto 1065/2007 . Entre los asuntos que aborda se encuentra el de los citados planes de inspección. Así, se insta a que en estos documentos se reflejen las estrategias y objetivos que se persiguen con las actuaciones de inspección y las acciones concretas sobre sectores económicos, áreas de actividad, operaciones, supuestos de hecho, relaciones jurídico-tributarias, etc., siempre garantizando la seguridad jurídica de los obligados tributarios, la objetividad en la actuación de la Administración y la mayor eficacia y eficiencia posible . Además, el plan podrá incluir los instrumentos y vías de colaboración con otras instituciones en aras de mejorar la eficacia en la gestión de los tributos.

Atendiendo a la lectura literal de la normativa vigente, los ayuntamientos tienen la obligación de velar por la existencia de un sistema tributario justo, lo que supone la vigilancia y control del fraude. Ahora bien, tanto la elaboración como el desarrollo de los planes de inspección requieren de recursos materiales y humanos suficientes y adecuados para este fin, algo que no está al alcance de todos los municipios españoles.

Sin embargo, y pese a que la legislación en la materia deja claro que las actuaciones inspectoras las realizarán “los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria”, las entidades locales tienen la posibilidad de contar con la asistencia externa de profesionales cualificados en la elaboración y seguimiento del plan de inspección tributaria. Su experiencia en la gestión tributaria puede ser determinante para detectar bolsas de fraude y liquidar adecuadamente los elementos tributarios aflorados , en ambos casos contribuyendo a potenciar la recaudación municipal.

Esta colaboración público-privada puede ayudar a muchos ayuntamientos a mejorar sus ingresos de forma sostenible en el tiempo y a implantar un sistema tributario más justo en el que cada persona pague lo que realmente le corresponde. En este camino, el plan de inspección tributaria municipal es una herramienta fundamental.

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En 6 meses habrá una propuesta para reformar los modelos de financiación local y autonómica

Thu, 09 Mar 2017 07:10:00 GMT

El Gobierno de España ha dado un nuevo impulso a la tan demandada reforma de los actuales modelos de financiación local y autonómica con la creación de dos comisiones de expertos que deberán emitir un informe en el plazo de seis meses.

La puesta en marcha de este grupo de análisis tiene como primer objetivo revisar y analizar los actuales sistemas de reparto para, posteriormente, proponer nuevos modelos que respeten, según ha informado el Ejecutivo, los principios de “solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos”.

Las citadas comisiones fueron autorizadas por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 10 de febrero y están compuestas por profesionales de reconocido prestigio elegidos por las propias comunidades autónomas, el Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Al frente del grupo de expertos en financiación autonómica está el catedrático de Derecho Tributario Manuel González Sánchez , ejerciendo las funciones de presidente. En el caso del grupo encargado de abordar la financiación local, es Ana Muñoz Merino , catedrática de Derecho Financiero y Tributario, quien ejerce como presidenta.

Según los acuerdos aprobados por el Gobierno, serán los presidentes los encargados de fijar el calendario de reuniones y establecer el orden del día. Las conclusiones de los trabajos llevados a cabo por ambas comisiones se concretarán en un informe final que deberá estar listo en seis meses.

Tras esta primera fase, la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica se elevará al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera , mientras que el informe relativo a las administraciones locales se remitirá a la Comisión Nacional de Administración Local. Estos organismos serán los encargados de continuar con los trabajos necesarios para desarrollar el nuevo modelo.

La reforma de los sistemas de financiación es de gran importancia por cuanto deberá determinar tanto el reparto de los fondos estatales entre las distintas administraciones locales y autonómicas como su capacidad para modificar los actuales sistema tributarios de su competencia.

Grupo de expertos

Las personas que conforman las dos comisiones de expertos son las siguientes:

Financiación Autonómica

Financiación Local

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El TC considera inconstitucional el impuesto de plusvalía cuando hay pérdidas

Thu, 23 Feb 2017 08:00:00 GMT

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente el impuesto municipal que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como el impuesto de plusvalía . En concreto, la sentencia hecha pública el pasado 17 de febrero considera inconstitucionales y nulos los preceptos que posibilitan que se deba satisfacer este impuesto en los casos en los que la venta de un inmueble no proporcione ganancias.

En esta sentencia, el alto tribunal ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad que se le había planteado en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa . Sin embargo, y pese a que la resolución no afecta directamente al resto de territorio español, al ser el contenido de la legislación en la materia similar a la normativa común del Estado, parece lógico pensar que su alcance pueda extenderse a todo el territorio.

Entrando en el contenido de la sentencia, el pleno del Constitucional considera, por unanimidad, que el impuesto es contrario al principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución Española , que establece que “todos los contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Para el tribunal, “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. Y este es precisamente el caso que se produce en el supuesto de la venta de una propiedad urbana que no proporcione ganancias: no tiene sentido hablar de un impuesto que grave el aumento del valor si este no ha existido.

La regulación del impuesto de plusvalías fija que el calculo del impuesto se realice de forma objetiva teniendo en cuenta el valor catastral y los años que ha sido propiedad de la parte vendedora, lo que presupone en todos los casos un incremento del valor del suelo. Sin embargo, se dan casos en los que no hay una ganancia patrimonial , pese a lo cual se impone a “los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo”.

Sobre estas consideración, el Tribunal Constitucional declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos a los que hacíamos referencia al inicio, pero “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Por tanto, no se debería pagar este tributo en el caso de que se venda por un precio inferior al que se pagó en el momento de la adquisición.

Antes de llegar al fallo, la sentencia señala que corresponde al legislador señalar la forma en la que “determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación”, para lo que será necesario modificar o adaptar el régimen legal del impuesto.

Por tanto, habrá que esperar para determinar el alcance real de esta sentencia en todo el territorio español y la forma en la que, en un futuro, habrá que demostrar la inexistencia de ganancias en la venta de un terreno urbano.

Podéis consultar el texto íntegro de la sentencia en la web del Tribunal Constitucional: texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalias (pdf).

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